Lluís Puig pide al Supremo que le retire la malversación tras la reforma penal del Gobierno
El exconseller de Cultura rompe con la estrategia judicial de Puigdemont y se acerca al Alto Tribunal para tener garantías de volver a España sin ser encarcelado
Lluís Puig y Carles Puigdemont. | Europa Press
La estrategia «en el exilio» de los líderes independentistas fugados de la justicia española se ha roto definitivamente. El exconseller de Cultura y dirigente de Junts per Catalunya, Lluís Puig, ha querido aprovechar la modificación del Código Penal realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez para que el Tribunal Supremo le retire el procesamiento por el delito de malversación. De esta forma, Puig también se desmarca de la línea de los dirigentes de su partido condenados por el procés, que a diferencia de los dirigentes condenados de ERC, declinaron pedir la absolución tras la derogación de la sedición.
En el recurso presentado por su nuevo equipo de abogados, que capitanean Miquel Sàmper y Jaume Alonso-Cuevillas, destaca que no se producen ninguna de las dos condiciones necesarias que se detallan en la nueva redacción del delito de malversación para tipificar este delito: que exista ánimo de lucro o dinero desviado para usos particulares y ajenos a la función pública.
En la misma línea, también considera que quedó demostrado en la sentencia sobre el procés del Alto Tribunal que no hubo transacción económica en la contratación de Unipost para poder celebrar la votación del 1-O. «Todos los hechos que lleven causa de la contratación de Unipost por parte de la Generalitat tienen que ser eliminados del mencionado auto de procesamiento», afirman en su escrito.
La presunta malversación hace referencia a los gastos en papeletas, el censo electoral y las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizadas por la empresa Unipost S.A.
Volver a España sin pisar la cárcel
El ahora fugado a Bélgica decidió prescindir de los servicios de quien hasta ahora era su abogado, Gonzalo Boye, para centrar su estrategia ante los tribunales españoles. A diferencia de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, Puig no es eurodiputado y no está a la espera de que la justicia europea dirima sobre si dispone de inmunidad parlamentaria para volver a España sin ser detenido. Por esta razón, ha vuelto a establecer contacto con la justicia española con el fin de que le retiren la malversación, delito que comporta privación de libertad.
Cabe recordar que tanto el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, como la Fiscalía del Tribunal Supremo consideran que, tras la derogación de la sedición, ni Marta Rovira ni Lluís Puig deben ser procesados por desórdenes públicos agravados. En consecuencia, Puig busca que decaiga su procesamiento de malversación con el fin de volver a España sin riesgo de pisar la cárcel. Su temor es que aunque finalmente fuera absuelto por la justicia, muy probablemente no podría librarse de la prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Y esta situación podría alargarse hasta dos años.
Su defensa, además, cita dos certificados -de Intervención General de la Generalitat y de la secretaría general de la Consejería de Cultura- para demostrar que el departamento que lideraba Puig durante los años del procés no gastó fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. «No hubo ningún encargo, ni ningún expediente de gasto o de pago, ni presupuestario ni extrapresupuestario, relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017», remachan.
Este es el paso previo para ir al Tribunal Constitucional y agotar la vía judicial española antes de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El propio Puig lo explicaba así en un entrevista en Vilaweb: «Si quiero llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración de derechos, debo conseguir tener de nuevo una relación con el Supremo e ir al Tribunal Constitucional, y con una pieza separada de la del resto de compañeros, porque mi situación es diferente a la de todos».
Miedo a «quedarse en el limbo»
En esa entrevista, Puig también expresa su temor a quedarse «en el limbo hasta que muera» si no se producen más peticiones de entrega: «Si ahora Luxemburgo dice que no hay más extradiciones, me quedo colgado en el limbo para la eternidad. No tendré nunca la inmunidad del president [Puigdemont] ni de Comín para entrar en el Estado español».
En el caso de Puig, la justicia belga rechazó en dos ocasiones la entrega que reclamaba España por la organización del referéndum del 1-O de 2017. El Tribunal de Apelación de Bruselas confirmó en enero de 2021 la sentencia del juez de primera instancia, que rechazaba la tercera euroorden que emitió Llarena contra Puig, en esa ocasión por malversación de caudales públicos.
La vuelta a España de Meritxell Serret (ERC) y de Anna Gabriel (CUP) para entregarse ante el Tribunal Supremo ya resquebrajó la unidad del independentismo en su estrategia «en el exilio», pero el hecho de que Puig, dirigente de Junts y del «núcleo» de Puigdemont, también se haya dirigido al Alto Tribunal, ha roto definitivamente el frente exterior en la recta final da la batalla judicial en Europa.
Si Serret y Gabriel recurrieron al abogado vasco Íñigo Iruín, próximo a EH Bildu, para negociar con garantías sus respectivos regresos a España, la nueva defensa de Puig también busca un acercamiento con el Supremo para que caiga la malversación y puede volver con las mismas garantías de no pisar la cárcel.
