Dos «macroprotestas» contra Sánchez sacarán a miles de policías a la calle antes del 28-M
Los sindicatos mayoritarios convocan manifestaciones en marzo y mayo contra la reforma de la ‘ley mordaza’ y los agravios salariales con las policías autonómicas
Agentes de todos los cuerpos policiales protestan contra la reforma de la 'ley mordaza' | EFE
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, y los agravios salariales con los cuerpos autonómicos volverán a sacar a las calles a decenas de miles de agentes en los próximos meses. Jusapol, la plataforma de la que surgieron Jupol y Jucil, las organizaciones mayoritarias de Policía Nacional y Guardia Civil, ha convocado dos «macroprotestas» para el 4 de marzo y 6 de mayo en Madrid contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, poco antes de los comicios municipales y autonómicos del 28-M.
El objetivo, precisan fuentes sindicales a THE OBJECTIVE, es conformar dos grandes protestas policiales contra el Gobierno como la que en noviembre de 2021 paralizó la capital española por la modificación de la ‘ley mordaza’. Cambios en la norma que, a juicio de policías y guardias civiles «socavan su autoridad como agentes». «Hacemos un llamamiento al ciudadano, y a agentes de todo el país, esto nos afecta a todos, la ley no garantiza la seguridad ciudadana», advierten.
A finales de diciembre,tras casi un año de parón, el PSOE y sus socios parlamentarios retomaron las negociaciones en la Cámara baja para avanzar en el articulado de la nueva norma. Dos meses después han llegado a acuerdos en gran parte de los apartados, aunque persisten discrepancias en algunas cuestiones como la eliminación del uso de pelotas de goma como material antidisturbios. El partido socialista es el único que se resiste a este cambio.
La rapidez con la que han avanzado los grupos en la redacción de la ley, aprobando en la Comisión de Interior del Congreso hasta 29 enmiendas en una sola reunión, ha desatado la alarma entre los sindicatos policiales, quienes ven ya imposible que la norma acoja sus reivindicaciones o no prospere. «No podemos permitirnos el lujo de demorarnos más ni esperar agónicamente a que esta reforma todos los trámites parlamentarios sin que mostremos nuestro rechazo a las condiciones con las que se aborda la ley», señalan.
Jubilación digna
La respuesta de los agentes ha sido el diseño de un calendario de movilizaciones que se iniciará el próximo 4 de marzo, con una protesta por la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y concluirá dos meses después, el 6 de mayo, con otra gran manifestación por la consecución de una jubilación digna equiparada con la de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral.
Mientras todas las policías autonómicas y locales tienen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación porque sus funciones han sido consideradas de naturaleza «penosa, tóxica, peligrosa o insalubre», los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no gozan de esta consideración en el desempeño de su trabajo. Y, de este modo, no tienen la opción de «prejubilarse» percibiendo el 100% de la pensión, como es el caso de los policías en Cataluña, País Vasco o Navarra.
La «discriminación» frente a los cuerpos autonómicos, sin embargo, se vio agravada a finales del pasado año, cuando ERC y EH Bildu cerraron un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos a cambio de que Mossos y Policía Foral pudiesen prejubilarse a los 60 años sin perder ningún margen de su cotización. Así, desde principios de 2022, los agentes catalanes y navarros pueden ir a la reserva percibiendo el total de su pensión, es decir, sin perder margen de su cotización.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización decanas del Cuerpo, ya salieron a la calle para exigir la equiparación en una protesta que reunió a más de 20.000 agentes, en noviembre de 2022.«Estaremos en pie de guerra hasta que el Gobierno de Sánchez atienda esta petición de policías y guardias civiles», aseguraron a este periódico, a las puertas del Congreso de los Diputados. En este caso, no obstante, se abstendrán de acudir a la manifestación convocada por Jusapol. Junto al resto de asociaciones y sindicatos han creado una plataforma para iniciar un diálogo con el Gobierno.
600 euros menos
El Instituto Armado y la Policía Nacional tienen figuras semejantes a la prejubilación, como la Segunda Actividad o la Reserva. No obstante, los agentes no tienen la posibilidad de cobrar la pensión máxima, es decir, el 100% de su cotización en la Seguridad Social. En su caso, si cumplen los requisitos y deciden retirarse antes de los 65 años, los policías y guardias civiles pierden ciertos complementos de su sueldo.
Una pérdida salarial que supone una diferencia de 600 euros entre la pensión de prejubilación de un mosso o un ertzaina y la de un agente de la Policía Nacional. Según se deduce de las tablas salariales de ambos cuerpos, cuando un policía catalán se retira anticipadamente cobra un total de 2.659,41 euros. Si lo hace un policía o un guardia civil, su pensión base es de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros.
En cualquier caso, el traslado de un agente a la Segunda Actividad le supone dejar de cobrar unos 700 euros al mes. Una situación que no se revierte cuando el guardia civil o el policía cumplen los 65 años. Cuando alcanzan la edad suficiente para jubilarse, la pensión de un policía de escala básica asciende hasta los 1.821,29 euros, mientras que la del mosso d’esquadra se mantiene igual. En el caso de los agentes catalanes, según lo pactado con el Gobierno, podrán jubilarse a los 60 años y cobrar el total de su pensión, siempre y cuando acrediten 35 años de actividad efectiva y cotización.
