La Iglesia no permitirá casarse a nadie que haya cambiado su sexo registral con la 'ley trans'
Los obispos adelantan a THE OBJECTIVE que no casarán a ninguna persona que haya ‘transicionado’ con la nueva norma: «El sexo no se elige, nos viene dado»
El cardenal-arzobispo de Barcelona Juan José Omella. | Kike Rincón (Europa Press)
La entrada en vigor de la ley trans plantea escenarios hasta ahora inéditos, y algunos de ellos conciernen a la Iglesia católica. ¿Cómo afecta la norma al matrimonio? ¿Podría un hombre biológico, pero con sexo registral femenino, casarse con una mujer? ¿Podría hacerlo una pareja homosexual si uno de los dos acude al Registro Civil? ¿Y una pareja heterosexual pero con los dos miembros trans (esto es, formada por un hombre que se siente mujer y por una mujer que se siente hombre, y así se reconoce legalmente)? Son tan sólo algunas preguntas que ha planteado THE OBJECTIVE a la Conferencia Episcopal, que ha respondido de manera rotunda: nadie que haya cambiado su sexo registral podrá tener una boda religiosa.
«Desde el punto de vista de la fe cristiana, la Iglesia define el sacramento del matrimonio como la alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole», explican fuentes episcopales remitiéndose al punto 1.601 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Los obispos, con arreglo a esta definición, concretan que para que se dé el sacramento se requiere de un varón y una mujer nacidos así biológicamente: «La unión entre un varón y una mujer brota de la antropología bíblica que establece que Dios creó al ser humano en unidad de cuerpo y alma, de tal manera, que el ser sexuado, en su diferenciación masculino o femenino, no es algo accesorio en la definición del ser humano, ni añadido con posterioridad al sujeto, ni determinado por su voluntad, por su libertad o por su sentimiento, sino que define su mismo ser».
Independientemente de lo que dicte la ley trans, que permite el cambio de sexo registral sin necesidad de aportar informes médicos ni psicológicos, los obispos recuerdan que «la Iglesia tiene su propio ordenamiento jurídico sacramental, independiente del derecho de los países en los que realiza su misión». Y el Código Civil de Derecho Canónico establece que «solo es matrimonio canónico el contraído entre un varón y una mujer entendiendo como estos varón (masculinidad) y mujer (feminidad) creado por Dios como atestigua el Génesis».
En este sentido, para la Iglesia es relativamente sencillo comprobar cuál es el sexo biológico de una persona, pues entre los documentos que se exigen para iniciar los trámites del matrimonio se encuentra la partida literal de nacimiento, en donde se especifican los datos personales del recién nacido, incluido su género.
La Conferencia Episcopal pone fin así a las especulaciones sobre las distintas situaciones inéditas que derivarse de la ley trans. Como, por ejemplo, que una pareja homosexual de hombres cristianos pudiera casarse con la Iglesia Católica si uno de los dos es reconocido legalmente como mujer. Los obispos tampoco reconocerán a una pareja heterosexual donde los dos miembros tienen invertidos los roles. Y es que, tal y como zanjan, «el sexo no se elige, sino que nos viene dado y configura toda nuestra existencia, puesto que en el ser humano se da unidad de cuerpo y alma».
La Iglesia y la ‘ley trans’
La postura de la Conferencia Episcopal con respecto a la norma preconizada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, siempre ha sido crítica. El pasado mes de octubre, cuando esta estaba siendo tramitada, los obispos emitieron un comunicado denunciando que se trata de «un atentado contra la dignidad humana».
«La despatologización de la transexualidad se identifica con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios subjetivos del paciente», denuncian en la misiva los obispos, que también condenan que se obligue a los sanitarios a «obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona», en un ejercicio de «irracional dogmatismo ideológico».
Más adelante, en el mes de noviembre, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, volvió a la carga -esta vez dando la cara- contra una ley que, a su juicio, «no tiene fundamento médico ni científico, y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes en proceso de madurez».
‘Ley trans’ y gestación subrogada
Así las cosas, la ley trans no tendrá efecto en la Iglesia Católica, que no la reconoce y tiene su propio ordenamiento jurídico. Donde la norma impulsada por Irene Montero sí está teniendo efectos -algunos indeseados- es en la actual legislación española, por ejemplo, habiendo legalizado la gestación subrogada por la puerta de atrás, abriéndola a los hombres trans por no haber modificado el artículo 10 de la ley que regula la reproducción asistida, y que sólo hace referencia a las mujeres gestantes.
Sobre esta práctica, en el epicentro del debate por el caso Ana Obregón, el Gobierno de España y los obispos sí tienen una consideración similar. Los miembros del Ejecutivo la rechazan porque es «una forma de violencia contra las mujeres», y los miembros de la Conferencia Episcopal porque estas «no son incubadoras». Ambos están de acuerdo, además, en que «ser madre no es un derecho» sino, acaso, un deseo.
