Andalucía, a Bruselas: «La ley sobre Doñana es del Parlamento y no afecta al acuífero»
La Junta ha trasladado a la Comisión Europea que la proposición de Ley de PP y Vox «no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia»
Marisma de Doñana seca. | Europa Press
La Junta de Andalucía ha trasladado a la Comisión Europea que la proposición de Ley de PP y Vox que tramita el Parlamento autonómico para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, en la comarca del Condado de Huelva, «no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia» del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que exige la protección del humedal «ni para la conservación del espacio natural de Doñana» porque el texto «deja claro que el acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta».
Así lo defiende el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, en un informe remitido al embajador representante permanente de España para la Unión Europea en respuesta al escrito de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que alertaba sobre la posible afección de la proposición de Ley al cumplimiento de la sentencia del TJUE.
En la misiva, consultada por Europa Press, la Junta alega que la proposición de Ley, que persigue «dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva» desde la aprobación del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en 2014, «no es una iniciativa del Gobierno Andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático».
En este sentido, añade que la proposición de Ley «continúa ahora su tramitación parlamentaria correspondiente, sometiéndose a un proceso de ponencia en el que los distintos grupos con representación en la Cámara autonómica podrán presentar enmiendas, que habrán de ser votadas y aprobadas, previa audiencia a los agentes sociales a los que afecta la propuesta, teniendo que someterse posteriormente a una votación final en el seno del Pleno del Parlamento andaluz».
«Se desconoce el resultado final del texto»
«Por lo tanto, la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta
ninguna afección al cumplimento de la sentencia, puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto que será aprobado finalmente en sede parlamentaria, tras todas las enmiendas que presenten los diferentes grupos parlamentarios para enriquecer el texto de la Ley», subraya el Gobierno andaluz.
Junto a ello, la Junta explica que el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte de Doñana en 2014 es un «plan de ordenación del territorio» y su posible modificación «no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona» y la proposición de Ley «simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro», por lo que «no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos».
«Desde 2019 se han multiplicado por cuatro los números de expedientes sancionadores en materia forestal en cumplimiento del Plan, por lo que la aprobación de esta proposición de ley no supone la amnistía de ningún infractor», recalca el Ejecutivo de Juanma Moreno, que recuerda que «el régimen sancionador español es extremadamente garantista, y en ocasiones, la resolución de estos expedientes no concluye con la agilidad que sería deseable por parte de las Administraciones, como ocurre con la clausura de pozos ilegales o la retirada de cultivos en terrenos sin clasificación de suelo agrícola».
Por último, la carta remitida a la Comisión Europea señala que la Junta ha propuesto «en reiteradas ocasiones al Gobierno de España la constitución de comisiones técnicas bilaterales para trabajar conjuntamente para acabar con las amenazas actuales de Doñana y garantizar sus valores ecológicos para las próximas generaciones, compatibilizando el desarrollo sostenible del entorno del Espacio Natural de Doñana; así como para explicar las medidas de ambas Administraciones para el cumplimiento de la Sentencia».
«Además, se ha ofrecido la posibilidad de acudir conjuntamente a las instituciones europeas para explicar en detalle el objeto de la proposición de Ley, para dejar claro que no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia, ni para la conservación del espacio natural de Doñana», concluye el informe firmado por Borrallo, que adjunta además una carta remitida al respecto por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Moreno propone a Ribera una delegación conjunta ante Bruselas
En esa carta, Moreno propone a Ribera acordar una delegación conjunta para explicar la propuesta que la Junta de Andalucía pretende realizar en Doñana y que «no afecta al acuífero» tras subrayar que «la proposición de Ley no afecta a un solo centímetro cuadrado de todo el Espacio Natural de Doñana, ni Parque Nacional ni Natural, sino que se encuentra al norte de la Corona Forestal».
«Todo lo que rodea a Doñana merece un análisis en detalle y por eso los parlamentarios proponentes han puesto especial cuidado en la redacción del texto, contando no solo con expertos, personal que gestiona el Espacio Natural y funcionarios que realizan el seguimiento del Plan de la Corona Forestal, sino también escuchando a quienes viven en el territorio, que son los interesados en proteger su entorno y medio de vida», señala el presidente de la Junta.
Asimismo, Moreno advierte a la ministra de que «la situación actual debe resolverse de manera urgente dado que el acuífero ya no aguanta más» y reitera que la proposición de Ley «no supone ninguna amenaza» al cumplimiento de la sentencia del TJUE porque «no afecta al acuífero». «Desde aquí propongo que acordemos una delegación conjunta mi Gobierno y tu Ministerio para ir a explicar en detalle el objeto de esta proposición de ley a la Comisión, así como establecer en detalle las medidas que vamos a llevar a cabo ambas administraciones para el cumplimiento de la sentencia», concluye.
