¿Por qué los policías españoles dudan cuando tienen que intervenir ante un agresor violento?

Las escenas se han repetido de manera constante durante los últimos meses. Agentes que ante la agresividad o el peligro que puede suponer el atacante si va armado se ven incapaces de reducirlo, dudan o no pueden hacerlo antes de que haya víctimas. Primero ocurrió en Andújar, Almería. Un agente de Policía falleció por el impacto de una bala que disparó accidentalmente un compañero al intentar reducir al agresor, que portaba un cuchillo de grandes dimensiones. El funcionario, que dudó hasta el último segundo en usar el arma, empleó finalmente la defensa extensible. 

Después, en el barrio madrileño de Usera. Dos policías, que recibieron un aviso por violencia de género, se vieron envueltos en una reyerta en la que varios jóvenes atentaron brutalmente contra ambos. Los dos funcionarios resultaron heridos. También en Cangas de Onís, Asturias, hace una semana. Un guardia civil resultó gravemente herido por un hombre de 40 años que se encontraba bajo los efectos de las drogas. Ante la agresividad que mostraba y pese a que el agresor seguía pateando a la víctima, inconsciente en el suelo, el otro agente intentó reducirlo sin éxito. Otros policías locales estaban presentes. 

Y, por último, en Guardamar, Alicante, este domingo. Dos agentes de Policía Local realizaban una detención cuando familiares y amigos del detenido comenzaron a increparles. La situación llegó a tal extremo que incluso lograron liberar al detenido y acorralar a uno de los agentes, al que empezaron a agredir. Su compañera también acabó en el suelo pese a intentar detenerles. Llegados a este punto la pregunta resulta obvia. ¿Por qué las fuerzas de seguridad no son capaces de reducir rápidamente a los agresores? ¿Tienen miedo? ¿Por qué dudan? ¿Están preparados para hacer su trabajo? ¿Qué está fallando?

El visionado de las citadas intervenciones, que han corrido como la pólvora en las redes sociales, ha creado indignación entre algunos ciudadanos que no entienden cómo quiénes deben protegerles son incapaces de hacerlo en estos sucesos, y en algunos casos con compañeros. «¿Por qué no usan el arma?». «Hay que ir a por ellos. Esta actuación es vergonzosa, hay gente que no vale para estar en la calle». «No puede ser que otros agentes miren mientras agreden a otro…». Han sido solo algunas de las críticas que se han vertido en X, el antiguo Twitter. 

Consecuencias penales

THE OBJECTIVE ha consultado a distintos expertos en intervención operativa policial para despejar todas estas incógnitas y entender por qué, en estos casos, los agentes pueden tener dudas a la hora de intervenir ante un agresor violento. Ivan Miguez, uno de los mayores expertos en este ámbito, además de guardia civil y perito judicial en uso de la fuerza, apunta directamente a las consecuencias penales o administrativas a las que se pueden enfrentar los agentes; y a la falta de normas que acoten como deben actuar los agentes en estas circunstancias. 

Respecto a esto último, Miguez explica que la Ley Orgánica 2/86, que traspone la normativa internacional en esta materia, a la que está sujeta nuestro país, «es muy genérica, imprecisa y deja a la interpretación de los entes judiciales si una intervención cumple con los requisitos o no».  Cláusulas «que ha tenido que ir definiendo la propia jurisprudencia, ya que la propia norma no lo ha hecho». El experto se refiere a los conceptos de oportunidad, congruencia, proporcionalidad y de los requisitos para la eximente de cumplimiento de deber y de legítima defensa. 

De este modo, continúa este perito judicial, cuando un agente se ve obligado a utilizar la fuerza letal o una reducida se expone a distintas consecuencias. «Si el caso tiene relevancia penal, su actuación se verá como buena o mala tras una completo análisis donde intervienen diferentes informes de peritaje formulados, teniendo en cuenta el tiempo, instrumentales y la comodidad de estar o no bajo una agresión que ponga en peligro su vida o integridad física». Estos son informes forenses, peritos en balística, toxicología… 

Si, en cambio, no tiene relevancia penal pero sí administrativa pueden aplicar al agente el Régimen Disciplinario de su cuerpo policial. Esto es, se abre una información reservada —investigación interna— y en caso de haber indicios de infracción un expediente disciplinario, que puede conllevar, en función del grado, su expulsión como agente. «Con esto, lo que se quiere expresar es que un agente cuando debe tomar una decisión en décimas de segundo puede que tenga en cuanta que intervenir le puede acarrear un problema judicial o administrativo. Problemas que pueden dilatarse años, viéndose obligado a recurrir a diferentes instancias, viendo su ascenso profesional paralizado…», señala este experto. 

Limitaciones formativas

Por otro lado, los expertos consultados ponen el foco en las limitaciones inherentes del ser humano. «No somos superhéroes, sudamos, sangramos y sentimos los efectos que conlleva el estar bajo la influencia de la psicología y fisiología del enfrentamiento armado». Por lo que cada agente «puede actuar de una forma diferenciaba ante una agresión o debido a la individualización de la amenaza no sentir ese nivel de alerta y por lo tanto ver como uno de estos parece ser un mero testigo», coinciden. 

En el mismo sentido, señalan, el ser humano de forma genérica tiene una reticencia natural a matar a un igual. «Una reticencia natural que para ser vencida tiene que traducirse en técnicas de entrenamiento, las cuales no se llevan a efecto», critica Miguez. Y es que otro de los inconveniente con el que cuenta el funcionario policial es la limitación formativa, y que, según estos expertos, «influye de manera determinante en la toma de decisiones y en la forma en que se va a enfrentar ante el peligro». 

Un punto que pudo verse reflejado en la intervención de Cangas de Onís. «En el vídeo se ve como en el mismo aviso están presentes dos cuerpos policiales diferenciados. Por un lado, la Guardia Civil; por otro, la Policía local. Ambos son cuerpos de seguridad, sin embargo los planes formativos son diferentes, es decir, una intervención conjunta puede llegar a traducirse en una descoordinación», manifiesta Ivan Miguez. 

Medios de dotación

En cualquier caso, insisten estos especialistas, la formación que se imparte entre las fuerzas de seguridad, como el Plan Anual de Técnicas de Intervención Operativa (Patio) en la Guardia Civil es «semestral y limitada en horas, lo que implica que cuando un agente interviene en una situación de alto estrés, donde su yo racional queda limitado por la amígdala (cerebro reptiliano), sus reacciones van a ser las que tienen inherentes y heredadas de los cavernícolas. Es decir luchar, paralizarse, o huir».

En otras palabras, «en esa lucha el policía o el guardia civil van a aplicar no aquellas técnicas que aplica semestralmente, sino aquellas que, como cualquier individuo, lleva inherentes, excepto si, a nivel particular, entrena técnicas de algún arte marcial». 

Por último, estos especialistas inciden en los medios de dotación con que contaban los agentes, por ejemplo, en el caso de Cangas de Onís: la defensa extensible, semirrígida, spray de defensa y el arma de fuego. Instrumentos que, ante el perfil del agresor, con gran resistencia al dolor y una fuerza sobrehumana por el consumo de drogas, no son eficaces. Lo que implicó que los agentes se viesen obligados «a una lucha cuerpo a cuerpo, a exponerse y por lo tanto poner en riesgo su integridad física».

Un desenlace que, a juicio de los expertos, se podría haber evitado con el uso de un dispositivo electrónico de control, como las conocidas táser, que, entre tanto, van acompañadas de medios de grabación. «Hubiera sido el medio más idóneo y eficaz. Cumplía los requisitos legales para su empleo y habría puesto fin a la intervención en un breve tiempo. Igualmente al ser un medio que interpone una distancia entre el agente y el agresor hubiera evitado el saldo final, de al menos dos agentes heridos», concluye Miguez.