Indignación en Cantabria por la falta de avances en el 'caso puticlub' de la Guardia Civil
Vecinos del municipio donde se ubica el club de alterne critican que no se haya sancionado todavía a los guardias civiles
El establecimiento donde tuvieron lugar los hechos. | TO
Nuevo capitulo en el caso del escándalo protagonizado por varios agentes de la Guardia Civil en un prostíbulo de la localidad de Heras, en Santander. Un grupo de vecinos de este término municipal ha enviado una queja a distintas autoridades y asociaciones profesionales del Instituto Armado denunciando la falta de investigación de los hechos y, por tanto, de sanciones contra los guardias implicados. En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, califican de «indignante» que los agentes «abusen de su poder»; y «todavía mas grave» que la Comandancia de Cantabria aún no haya identificado a los autores después de diez meses.
«¿Qué estáis encubriendo. Los vecinos no nos merecemos esta Guardia Civil, más propia de los años ochenta», censura este grupo vecinal. Tal como avanzó este periódico, el Instituto Armado ha propuesto sanciones solo a una parte de los agentes implicados en los capítulos del putiblub Club Borgia, en Heras. Ha abierto un expediente a los agentes que discutieron con el portero del establecimiento, mientras ha eximido de castigo al guardia civil que presuntamente extorsionó a un trabajador del establecimiento, enseñando su placa y exigiendo que se le devolviese el dinero por el servicio íntimo que acababa de recibir.
Un caso sobre el que un Juzgado de Santander ya abierto diligencias después de que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación profesional que representa a todos los mandos, denunciase los hechos. Esta organización pide que se investigue al guardia civil en cuestión por un delito de extorsión y al jefe de la Comandancia por otro de omisión del deber de perseguir de delitos.
«Hechos gravísimos y deleznables»
Una cronología de hechos «gravísimos y deleznables» que los vecinos de Heras, según señalan en la nota, «conocían en muchos casos, pero que sin embargo no se atrevieron a denunciar por miedo a represalias». «El puticlub, situado en la denominada ‘recta de Heras’ ha sido objetivo principal durante muchos años de controles de tráfico que establecen los guardias civiles implicados, razón por la que conocemos personalmente a muchos de ellos», advierten.
«Meses después nos enteramos de que la Guardia Civil y sus mandos son conocedores de los hechos y, sin embargo, siguen sin localizar a los autores. ¿Qué moral tiene la guardia civil para permitir esto? Pensamos que se está tapando a estos agentes y no sabemos el motivo. Mientras tanto, los vecinos que infringimos alguna norma somos sancionados implacablemente por estos agentes», censuran.
El puente de la Constitución
Los hechos que investiga el tribunal cántabro, según la denuncia interpuesta por Unión de Oficiales, se recomiendan al puente de la Constitución de 2022. No obstante, tres meses antes, en octubre, varios guardias civiles se dirigieron primero al Club New Borgia. A la entrada del mismo se produjo una discusión entre uno de ellos y el portero del establecimiento. El primero quería entrar al club de alterne con un disfraz, pero el último se lo prohibió, lo que produjo un enfrentamiento acalorado entre las dos partes. La cuestión quedó ahí.
Tiempo después, un anónimo denunció los hechos ante otra asociación profesional, y esta lo remitió a la Comandancia de Cantabria. Fue cuando el jefe del Instituto Armado, Antonio Orantos, ordenó una investigación de lo ocurrido. En la misma, e personal del establecimiento no quiso denunciar los hechos y, al igual que hicieron los agentes implicados poco después, señalaron que no hubo ningún tipo de incidente.
Giro en la investigación
Aún así, la Jefatura ha elevado parte disciplinario, considerando los hechos como graves, y ha propuesto sanciones para los guardias civiles que discutieron con el portero. Contra un oficial, presente durante la noche en el local de alterne, se proponen dos faltas graves, con sanción de tres meses de suspensión. Una propuesta que la UO considera «absolutamente desproporcionada, máxime cuando ni tan siquiera ha quedado acreditada la participación del oficial en la discusión».
La investigación encargada por el coronel Orantos, no obstante, dio un giro cuando el encargado del establecimiento declaró que meses más tarde, en diciembre, otro grupo de guardias civiles de Tráfico acudió al local. Según rezan las declaraciones que obran en el expediente, uno de ellos subió a la habitación con una mujer y tras no quedar contento con el servicio «acudió a un responsable, mostrando su tarjeta de guardia civil, para que le devolvieran el dinero». Este último, tras advertirlo, procedió a devolvérselo.
Un comportamiento que puede constituir un supuesto delito de extorsión, recogido en el artículo 243 del Código Penal. Pese a conocer estos hechos, sin embargo, la Jefatura de la Guardia Civil en Cantabria no ha promovido ningún parte disciplinario contra el agente que supuestamente extorsionó al empleado en el club de alterne, solo ha sancionado a los gentes que presuntamente discutieron con el portero del local. Por esta razón, la Unión de Oficiales ha llevado el caso a los tribunales para depurar responsabilidades que, advierten, podrían llegar incluso hasta la Delegación del Gobierno.
Malestar los mandos
Este caso, entre tanto, ha enfriado la relación entre los mandos y el jefe de la Comandancia de Cantabria, después de que este último encargase a un mando de confianza las pesquisas. Lo común, en estos casos, es que las pesquisas estén a cargo de los mandos naturales de los implicados, como puede ser el capitán jefe de la Unidad Operativa de Policía Judicial o el teniente coronel del Mando de Operaciones de la Guardia Civil de Cantabria, es decir, el ‘número 2’ de la Comandancia, y no bajo la dirección de un responsable externo, aseguran las mismas fuentes. El coronel, no obstante, se saltó toda la jerarquía y designó a un comandante, destinado en Madrid, como el instructor de la información reservada.
