Vox llevará la amnistía ante la Justicia europea y se saltará al TC porque no se fía de Pumpido
La cúpula del partido de Abascal traza un plan jurídico para intentar frenar la amnistía y el regreso de Puigdemont
El líder de Vox, Santiago Abascal, y otros dirigentes de su partido a las puertas del Tribunal Supremo. | Europa Press
Vox se saltará al Tribunal Constitucional (TC) y acudirá directamente a la Justicia europea para intentar paralizar la aplicación de la amnistía a los condenados por el procés e impedir el regreso de Carles Puigdemont a España. Llegado el caso, y si las Cortes aprueban la proposición de ley, la formación liderada por Santiago Abascal, al haber ejercido como acusación popular en el Tribunal Supremo durante el juicio a los líderes separatistas, solicitará al Alto Tribunal que plantee directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para provocar así una suspensión inmediata de la aplicación de la amnistía a Oriol Junqueras y el resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O, según informan fuentes de Vox a THE OBJECTIVE.
La cúpula de Vox descarta ya la posibilidad de plantear elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC una vez que la ley de amnistía sea aprobada en el Congreso. Lo harán así, según añaden desde el partido de Abascal, porque no confían en la independencia del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido. En su lugar, interesarán a la Sala Segunda del Supremo que plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE para lograr así que se paralice de inmediato la amnistía en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Y solicitarán lo mismo a todos los jueces que han llevado causas relacionadas con el procés en las que Vox está personado. Lo harán también en el caso Tsunami Democràtic, donde el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó recientemente citar a declarar en calidad de investigados, por presuntos delitos de terrorismo, a una docena de empresarios y políticos independentistas. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira.
Vox buscará un ‘conflicto institucional’
La cúpula de Vox ha trazado un plan político y jurídico para intentar frenar en el Senado, en primera instancia, la tramitación y aprobación de la amnistía. Sin embargo, con tan solo tres senadores actualmente, ese plan pasa por convencer al PP para que la Mesa del Senado se niegue a tramitar la proposición de ley de amnistía cuando sea remitida desde el Congreso tras la introducción de enmiendas. Esto, según las fuentes consultadas, crearía un «conflicto institucional» entre el Congreso y el Senado que permitiría paralizar la tramitación de la amnistía hasta que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de una eventual inadmisión a trámite en la Cámara Alta del texto que se apruebe en la Cámara Baja.
Aunque no existen antecedentes de ello, en el partido de Abascal creen que la inadmisión de la propuesta de ley en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, sería la primera vía para intentar evitar que se apruebe la amnistía. Creen que no admitir a trámite la ley estaría justificado, al amparo del artículo 36.1 del reglamento del Senado, si se alega que el texto propuesto por el PSOE y sus socios es inconstitucional por suponer un ataque a la separación de poderes y, por tanto, «un golpe al Estado de Derecho». Para sostener esta tesis, añaden desde Vox, basta con recordar que el partido de Pedro Sánchez rechazó en 2021 tramitar en el Congreso una propuesta de amnistía presentada por ERC y Junts al considerarla inconstitucional.
La negativa de la Mesa del Senado a tramitar la propuesta de ley de amnistía provocaría un conflicto institucional entre la Cámara Alta y el Congreso que, según el artículo 2.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tendría que ser resuelto por la corte que preside Conde-Pumpido. Esa controversia aplazaría al menos durante unos meses la aprobación de la amnistía hasta que el TC resuelva el conflicto institucional, sin entrar aún en el fondo de la ley. «Así retrasamos el regreso de Puigdemont hasta que el TC dilucide si el Senado puede inadmitir o no la tramitación de la propuesta de ley de amnistía», añaden fuentes del partido de Abascal.
Paralizar el regreso de Puigdemont
Para lograr este objetivo, desde Vox han emprendido varias acciones para presionar al PP y convencerle de «aprovechar esta vía» contemplada por el reglamento del Senado y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La primera acción en ese sentido, que aún no ha sido tramitada por el PP la Mesa de la Cámara Alta, ha sido solicitar un informe al letrado mayor del Senado para que se pronuncie sobre la ley de amnistía.
La segunda iniciativa en relación al plan de Vox en el Senado se registró este mismo lunes. El partido de Abascal ha solicitado a las mesas del Senado y del Congreso de los Diputados que reclamen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informes sobre la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE. Aunque la tramitación de una iniciativa legislativa no obliga a ello, Vox cree que la reciente sentencia 128/2023 del propio TC estableció como jurisprudencia que el Congreso de los Diputados puede solicitar informes al CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal sobre cualquier proyecto de ley presentado por los grupos parlamentarios.
Y creen que lo mismo aplicaría para el Senado, ya que el artículo 66 de la Constitución española establece que la soberanía popular reside en las Cortes. «Es decir, en el Congreso y en el Senado. Tanto tiene que decir una cámara como la otra. Si aceptamos lo que venga del Congreso, pese a considerarlo inconstitucional e ilegal, se avalaría de nuevo al Gobierno en su objetivo de cambiar la Constitución por la puerta de atrás», añaden las mismas fuentes.
Conversaciones con el PP
«La Mesa del Senado puede hacer algo para parar la amnistía, hay preceptos legales que lo permiten y que pueden estar pensados para una situación como esta», añaden desde Vox. Las mismas fuentes agregan que los canales de comunicación con Génova están abiertos, pero por el momento el PP no habría dado una respuesta clara sobre si estaría dispuestos o no a jugar la baza del conflicto institucional desde el Senado.
En el partido de Alberto Núñez-Feijóo existen dudas sobre la legalidad de esa propuesta. Creen que una negativa a tramitar la proposición de ley de amnistía en el Senado podría provocar que el texto aprobado en el Congreso de los Diputados sea publicado en automáticamente en el BOE y entre en vigor veinte días después de su remisión a la Cámara Alta.
En lo que sí parece haber consenso entre PP y Vox, según el partido de Abascal, es en que todas las comunidades autónomas donde ambos partidos gobiernan en coalición plantearán recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía. Esas impugnaciones no servirían para suspender la aplicación de la ley una vez que sea aprobada en el Parlamento. Llegado ese punto, sería cuando Vox solicitaría a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al juez García Castellón y al resto de jueces que han instruido o juzgado procedimientos afectados por la amnistía que eleven cuestiones prejudiciales al TJUE.
Esto último suspendería la posibilidad de que los líderes del procés condenados por el Supremo, además del propio Puigdemont y otros independentistas encausados o condenados, puedan beneficiarse de la amnistía hasta que el TJUE aborde cada caso. «No vamos a ir al TC con recursos de inconstitucionalidad porque no confiamos en Conde-Pumpido. Iríamos directos al TJUE mediante la cuestión prejudicial», añaden desde Vox.
Además, la propia proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso, de aprobarse tal y como está redactada actualmente, impediría que una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC tenga efectos suspensivos sobre la medida de la que se beneficiarán los independentistas condenados gracias al pacto de investidura entre Sánchez y sus socios independentistas.
