Las Koplowitz, vecinas de Mónica García, ponen en alquiler su chalet «irregular»
El alcalde de Cercedilla señala que las propiedades pertenecen al Ayuntamiento; los vecinos afectados lo niegan
Esther Koplowitz. | Europa Press
La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, está copando titulares en los últimos días no solo por su nuevo cargo y las medidas que ha prometido llevar a cabo a lo largo de su mandato, sino también por su vivienda en la Colonia de Camorritos, en Cercedilla, ubicada en unos terrenos que desde 2019 «forman parte del Ayuntamiento», según defiende el propio consistorio y la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Pero Mónica García no es la única afectada. Según ha informado a THE OBJECTIVE la citada Consejería, en conjunto se trata de 937 vecinos perjudicados, ya que la situación también afecta a terrenos de Navacerrada. Entre ellos, según ha podido saber este medio, se encuentran las hermanas Koplowich, Alicia y Esther, que cuentan con un chalet en la lujosa y protegida zona de 945 metros cuadrados.
Esta vivienda, que en el registro de la propiedad aparece a nombre de las hermanas Koplowitz, aparece en alquiler en una página web de anuncios de alquileres de viviendas por 5.000 euros al mes. El lujoso chalet cuenta con seis habitaciones, cinco baños, dos cocinas y tres plazas de garaje en una parcela junto a un río.
En la descripción de la oferta se especifica que, la villa, que se encuentra «rodeada de una inmensa arboleda y en plena naturaleza», cuenta con tres plantas. En la primera y en la inferior, ambas «con salida directa al jardín y piscina», se ubican varios comedores, chimeneas e incluso un mirador. En la planta superior, se encuentran «tres suites, una de ellas con terraza». Además, según el portal de anuncios, la vivienda dispone de una casa «accesoria» de invitados.
La versión de los vecinos afectados
El pasado 1 de diciembre, en el programa Equipo de Investigación de La Sexta, Jaime Suárez, el abogado contratado por el Ayuntamiento de Cercedilla para el seguimiento de los procedimientos administrativos del caso, aseguraba que «desde el momento en que se produjo la caducidad de estas concesiones, que fue en 2019, las construcciones son propiedad del Ayuntamiento de Cercedilla». Así que «tarde o temprano tendrán que abandonarla e indemnizar al Ayuntamiento de Cercedilla por estas ocupaciones ilegales», insiste el letrado.
Una opinión que contrasta con la de los vecinos de Camorritos, que en conversaciones con THE OBJECTIVE aseguran que no se tratan de concesiones sino de «una compra». «No pueden ser concesiones porque esos terrrenos no eran del Estado, sino del Ayuntamiento», explican.
En este sentido, señalan que el Gobierno de la época (1919) aprobó una concesión administrativa–que es una fórmula jurídica por la cual la administración cede un bien público para explotación privada, con un plazo de vigencia y unas condiciones concretas– a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (Safeg) por 99 años para construir la vía del ferrocarril y ‘sanatorios de altura‘. Dos años después, en 1921, hizo una tercera concesión a la Safeg para que pudiesen –según los vecinos afectados– «vender y no conceder» estos terrenos a terceros para construir sobre ellos edificaciones.
La versión del Ayuntamiento
Estas serían las viviendas de Mónica García, las hermanas Koplowitz y los 937 vecinos de la Colonia de Camorritos y Navacerrada, que insisten en que sus viviendas son «una venta» y no «una concesión». Sin embargo, el consistorio defiende que esos terrenos fueron cedidos «temporalmente».
Al respecto se pronunció por primera vez el pasado jueves el alcalde de Cercedilla, David J. Martín Molpeceres, que en el último pleno del Ayuntamiento, señalaba que la postura que defiende «es la que han manifestado los servicios jurídicos», es decir, la versión que sostuvo en prime time el abogado Jaime Suárez. Hasta el jueves, Molpeceres, que fue investido el pasado junio gracias al apoyo de los dos ediles de Juntos por Cercedilla, los dos de PSOE y la edil de Más Madrid (ocho votos), se había mantenido de perfil sin pronunciarse públicamente al respecto, a pesar de que en su programa electoral prometía «exigir la declaración de caducidad y solventar la situación».
Por su parte, desde la Consejería han explicado a este medio que «ya se ha elaborado un documento para comenzar el procedimiento administrativo de caducidad de la concesión e informarles». «Al terminar la concesión, sin que pueda admitir prórroga legalmente, se debe informar a los propietarios de viviendas de la situación irregular en que se encuentran», concretan.
