El comisario de Navarra critica que los policías tengan más vacaciones por luchar contra ETA
El mando de la Policía Nacional censura que se dé un mes de vacaciones extra a los agentes tras la disolución de la banda
El jefe de Policía de Navarra con la exalcaldesa de Pamplona. | Ayuntamiento
«Extemporáneos». Es como ha calificado el jefe de la Policía Nacional en Navarra, el comisario principal Jose María Borja Moreno, algunos de los privilegios que los agentes destinados en la comunidad foral poseen en concepto de peligrosidad por la lucha contra la banda terrorista ETA. Uno de ellos es tener un mes de vacaciones extra respecto al resto de agentes en otras comunidades autónomas, exceptuando País Vasco, que también goza de esta medida. El mando ha respondido así a la Confederación Española de Policías (CEP) en un escrito interno en el que el sindicato le reclamaba no detraer efectivos de unidades de investigación para realizar labores de prevención de la delincuencia durante las fiestas navideñas.
De este modo, el comisario jefe ha justificado que la «limitada disponibilidad de recursos humanos» en la plantilla de la Jefatura de Policía de Navarra «deriva gravosamente del mantenimiento del denominado mes de especial descanso establecido con motivo del terrorismo de ETA y que constituye, desde 2010 —cuando la banda terrorista anunció el fin de la violencia armada—, un agravio comparativo con el resto de compañeros que realizan su trabajo fuera de Navarra y País Vasco».
En el oficio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Jose María Borja critica que el hecho de que estos agentes disfruten de esa libranza «detrae prácticamente un tercio de la plantilla durante todo el año», lo que implica que deban realizarse ajustes en la misma. Por lo que el mando insta al CEP así como al resto de sindicatos a que «asuman este hecho, abandonen la defensa de un privilegio extemporáneo» y «soliciten el cese de dicho agravio comparativo», que «redundaría en un aumento de dichos RRHH».
«Un ataque» del comisario
Desde el sindicato policial, sin embargo, consideran un «ataque extremadamente grave» las palabras del jefe superior de Navarra a «un derecho profesional de los compañeros». Más aún cuando ahora «se ha producido la llegada a la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona de EH Bildu». Una formación, señalan, en la que todavía hay sectores «que se niegan a condenar la actividad terrorista de ETA» y que integra perfiles «que en su momento fueron cercanos al entorno político de la banda».
El CEP, por otro lado, también muestra sorpresa ante las apreciaciones del mando habida cuenta de que la inspección rutinaria que llevó a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad a la plantilla de Policía en Navarra concluyó en un informe de 2022 que «la disolución de ETA no podía suponer desdeñar situaciones de presión social, especialmente en algunos territorios de la provincia, debidas en gran medida a la animadversión que produce la presencia de las fuerzas de seguridad del estado en algunos sectores sociales no desvinculados de las reivindicaciones abanderadas en su momento desde entornos terroristas».
A lo que suma, prosiguen, investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por los homenajes a terroristas de ETA excarcelados y, con ellos, la posible comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas; así como la actividad de colectivos, plataformas y grupos «que conforman el entramado del independentismo radical vasco, siendo especialmente activos aquellos vinculados a los colectivos juveniles», según plasmó la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su memoria de 2022.
Desde 1980
Doce años después del fin de la violencia de ETA, más de 5.300 guardias civiles y policías nacionales destinados en el País Vasco y Navarra siguen cobrando un complemento salarial de peligrosidad de 681,98 euros brutos mensuales. Este incentivo, conocido también como ‘plus anti ETA’, fue instaurado en 1980 por el Gobierno de Adolfo Suárez para incentivar a los agentes desplegados en sendas comunidades autónomas ante la amenaza terrorista y el rechazo de una parte de la sociedad vasca y navarra.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, 3.508 guardias civiles y 1.839 policías nacionales se benefician de este complemento, único e igual para todos los agentes independientemente de su puesto y rango. Supone un gasto mensual de 3,6 millones de euros y de 43,7 millones al año para el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Además de los complementos salariales —consolidados a través de un decreto ley por el Gobierno de Felipe González en 1984—, los agentes establecidos en estas comunidades también gozan de otras ventajas. Los guardias civiles disponen de hasta 14 días más de vacaciones y permisos por asuntos propios. En el caso de los policías, esta cifra se eleva hasta los 30, que a nivel retributivo puede suponer un gasto de hasta 3.000 euros más en caso de que su plaza se cubra en ese tiempo, según señalan fuentes del Cuerpo a THE OBJECTIVE.
Estos pluses antiterroristas son duramente criticados por distintos sectores policiales porque, según señalan a este periódico, «discriminan a otros agentes» y «no tienen sentido», una vez la banda terrorista anunció el fin de su actividad en 2011 y se disolvió definitivamente en 2018.
