El guardia civil detenido mantuvo contactos con la 'trama Koldo' hasta septiembre de 2023
El mando, destinado en Transportes, recibió 25.000 euros en transferencias de uno de los empresarios implicados
El asesor del exministro Ábalos, Koldo García. | EP
Hasta prácticamente el último día. Las reuniones entre los distintos miembros que integraban la organización criminal del caso Koldo con el subteniente de la Guardia Civil Jose Luis Rodríguez García, imputado también en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, se extendieron hasta que el mando, destinado en el Ministerio de Transportes, dejase este departamento en septiembre de 2023, cuando pasó a segunda actividad, revelan a THE OBJECTIVE fuentes cercanas a la investigación. La querella de la Fiscalía Anticorrupción revela tres encuentros, todos ellos cercanos a la sede del Ministerio, entre el agente y el asesor de Ábalos, Koldo García, y también con otro de los presuntos cabecillas de la trama, Juan Carlos Cueto. Las fuentes consultadas, no obstante, creen que los ‘cónclaves’ entre los imputados eran frecuentes.
El Ministerio Público, según indica en el escrito, elevó la figura del guardia civil como clave en el caso del presunta corrupción con los contratos de mascarillas después de constatar que el mando figuraba como empleado de la empresa Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, que los investigados habrían utilizado para desviar parte de las comisiones ilegales obtenidas con los contratos adjudicados Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, el proveedor favorito de material sanitario del exministro José Luis Ábalos durante la pandemia.
Los investigadores pudieron acreditar este extremo a partir del vehículo que utilizó el guardia civil en uno de sus encuentros con el hombre de confianza del exministro. Un coche, propiedad de la empresa de pizarras, del Grupo Cueto, y en cuyo seguro se detallaba que Jose Luis García Rodríguez era empleado de la citada sociedad, pese a estar en activo en el Instituto Armado. Y no solo eso, según la Fiscalía, también sería el titular en la sombra de la sociedad Montajes e Instalaciones Grimbo SL, con sede social en Toledo y cuya actividad se remonta al año 2012. De modo que, de confirmarse, el mando habría llevado una vida paralela a la Guardia Civil, con distintos negocios en los que tomaba parte.
Transferencias de 5.000 euros
De hecho, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil también barajan que el subteniente pudo lucrarse de los pelotazos con las mascarillas a través de las compras de unas fincas en Ourense que la trama utilizó para blanquear las comisiones. Estas propiedades, reza la querella, fueron adquiridas por Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL para después ser traspasadas a Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, también integrada en el grupo Cueto. Una operativa en la que además de Juan Carlos Cueto en calidad de líder de la corporación empresarial, intervino Rodríguez García.
Todas las gestiones eran llevadas a cabo por Cueto e Iñigo Rotaeche Lachiondo, imputado en la causa y quien figurara como principal y único accionista del proveedor de Ábalos para las mascarillas en el momento de la adjudicación de los contratos de suministro de material sanitario en 2020. Del análisis preliminar de los movimientos de las cuentas bancarias de este último, la Guardia Civil constató cinco transferencias por un total de 5.000 euros efectuadas al subteniente Rodríguez entre el 4 de marzo y el 3 de agosto de 2021.
Extracción de pizarra
Respecto a la compañía dedicada a la extracción de pizarra para blanquear parte de las presuntas mordidas, el Ministerio Público confirma en la querella que el Grupo Cueto, matriz de Soluciones de Gestión y del presunto entramado empresarial utilizado por los investigados en el caso Koldo para cobrar comisiones ilegales, invirtió una parte del dinero facturado por los contratos de mascarillas para aumentar el capital social de la empresa minera Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL.
Al frente del presunto entramado para desviar el dinero público obtenido por los contratos a Soluciones de Gestión se encontrarían Juan Carlos Cueto y Víctor Gonzalo de Aldama, a quienes la Fiscalía sitúa como principales beneficiarios en la sombra de las presuntas comisiones ilegales vinculadas a los contratos de mascarillas concedidos por parte de los ministerios de Transportes e Interior, así como por los gobiernos autonómicos del PSOE en Canarias y Baleares, gracias a la intermediación del que fuese mano derecha del exministro Ábalos, Koldo García.
12 millones en comisiones
En concreto, la Fiscalía sospecha que Cueto habría conseguido embolsarse 5,1 millones de euros en comisiones, mientras que De Aldama habría percibido otros 6,7 millones de euros. En ambos casos, ocultaban esos beneficios a través de un complejo entramado de empresas en el que Soluciones de Gestión era utilizada como pantalla. La sociedad aragonesa sería apenas la punta del iceberg, mientras que su entonces administrador, Íñigo Rotaeche era quien prestaba su nombre como administrador de Soluciones de Gestión para ocultar a los verdaderos beneficiarios de los contratos de mascarillas.
«Soluciones de Gestión habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común entre Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, quienes a pesar de no figurar documentalmente, habrían sido los responsables de hecho de estos contratos percibiendo sus empresas cuantías económicas que podrían alcanzar las cifras de 6.712.110,66 euros y 5.119.907 euros, respectivamente», indica Anticorrupción en su querella. Por su parte, el Ministerio Público sitúa en unos 1,5 millones de euros las comisiones presuntamente ilegales cobradas por Koldo García, entonces hombre de confianza y mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
