El juez reclamó a Transportes y a Adif todos los correos de Koldo y Pardo de Vera
Requisó los emails de ambos y de altos cargos de Puertos del Estados y de Interior por los contratos de las mascarillas
El asesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre. | Europa Press
El juez que investiga las presuntas irregularidades en los contratos de la Administración Pública y las instituciones estatales en el marco de la pandemia, conocido como caso Koldo reclamó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, todos los correos corporativos de diferentes altos cargos, con el fin de buscar indicios delictivos. De entre las peticiones se encuentra el contenido al Ministerio de Transportes de los buzones y carpetas del sistema de comunicación online de que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, tanto de su cuenta principal como de cualquier otra que tuviera dispuesta de manera oficial.
De igual manera, también pidió a Adif la entrega de la misma información de la que fuera su presidenta, Isabel Pardo de Vera, durante los peores momentos de la covid y cuando se suscribieron dichas adjudicaciones, principalmente para la compra de mascarillas y material sanitario.
Esta instrucción, que finalmente se realiza con el registro por parte de la UCO, forma parte de las diligencias que figuran el sumario de la causa, a la que que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En la misma se hace con todos los correos de otros máximos responsables tanto de Adif, como de Puertos del Estado y la subdirección general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado del Ministerio de Seguridad del Ministerio del Interior, todos ellos salpicados por la intermediación de Koldo en la licitación de mascarillas. Un caso que está poniendo contra las cuerdas al Ábalos, que ha sido expulsado del PSOE y se ha mantenido como diputado en el Congreso para beneficiarse del aforamiento.
Entre los altos mandos públicos a los que el juez da la orden para obtener todos los emails están el que era y es en la actualidad director de recursos humanos de Adif, Martín José Navarro Vicent, al haber firmado diversos contratos entre la compañía estatal y Soluciones de Gestión, empresa que se llevó licitaciones por valor de 53 millones de euros y que tanto Koldo como algunos de sus colaboradores percibieron comisiones presuntamente irregulares.
También el magistrado se centra en su investigación en los correos electrónicos de Miraux Miranda Paniagua, por su participación en las adjudicaciones al igual que el resto, que era en su momento director general de gestión de personas de Adif, un puesto que aún ocupa. Por último, también se interesa en la firma estatal de infraestructuras ferroviarias, dependiente de Transportes, por los mensajes enviados por el director de prevención de de riesgos laborales, Jesús Ángel Muñoz, que a partir de mediados de junio de 2020 se hace responsable del contrato de la empresa con Soluciones de Gestión. El magistrado, en el sumario, señala que por tanto se hace responsable de la adjudicación que investigada, que en su caso suma un valor de 12,5 millones de euros para el suministro de tapabocas.
En Puertos del Estado los correos requisados corresponden al que fuera presidente Francisco Toledo Lobo, al aparecer en diferentes documentos de relevancia sobre el contrato de la compañía con la firma vinculada a la trama de Koldo; al todavía secretario general de la sociedad estatal de enclaves marítimos, Álvaro Sánchez Manzanares, al haber rubricado la denominada «declaración de usuario final» de la adjudicación; de la jefa de área de contratación, Aránzazu de Miguel Peña, al haber sido la encargada de aprobar la nota justificativa en la relación de modificación de la oferta presentada por Soluciones de Gestión; y dela jefa del departamento jurídico, Belén Caballero Martínez, por el mismo motivo que la anterior. Puertos del Estado entregó a la supuesta trama 24,2 millones por mascarillas profilácticas a efectos de prevención de la covid.
En cuanto al requerimiento y recogida de documentación in situ por parte de la autoridades en el Ministerio del Interior, que capitanea Fernando Grande Marlasca, el magistrado se interesó a petición de la Fiscalía de los correos y buzones del subdirector general de Planificación y Gestión de infraestructuras y medios de la SES, Daneil Belmar Prieto, al haber firmado en su momento todos los contratos. El juez señala en el sumario que cabe señalar que también firmó el requerimiento realizado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria. Interior adquirió material de protección por un importe de 3,4 millones.
