Junts logra protección para el exconseller Francesc Homs al ampliar la amnistía hasta 2011
El exconsejero de Presidència está imputado por financiar entidades afines a la extinta Convergència y trocear contratos
Francesc Homs, exconseller catalán de Presidència. | Europa Press
Los cambios que ha aceptado Pedro Sánchez en la ley de amnistía para dar «más garantías» a Junts per Catalunya amplían la medida de gracia dos meses. El partido de Puigdemont ha logrado que inicie el 1 de noviembre de 2011 –en lugar de enero de 2012– y culmine el 13 de noviembre de 2023. Estos dos meses más de margen permiten incluir a Francesc Homs como eventual beneficiario, ya que se arriesgaba a quedar fuera del perímetro de la amnistía, explican fuentes de Junts a THE OBJECTIVE. Homs está imputado por supuestas irregularidades en tres contrataciones vinculadas a la proyección internacional de Cataluña que se formalizaron entre los años 2011 y 2012, cuando era secretario general de la Consejería de Presidencia, durante el gobierno de Artur Mas.
La Audiencia de Barcelona ordenó en febrero de 2022 imputar a Homs en relación a tres supuestos gastos que autorizó en su etapa en el Gobierno catalán: una subvención directa de 7.400 euros en 2012 a la fundación CATDem, entidad afín a Convergència; la contratación por valor de 14.520 euros de un despacho de abogados por asesoramiento en un ámbito que su Consejería no tenía competencias; y una fragmentación en dos de un contrato a dedo por valor total de 29.040 euros de un servicio de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos pagos podrían constituir «delitos de prevaricación y malversación». Se trata de una pieza separada al margen de la causa en la que están investigados el exconsejero de Exteriors Raül Romeva y otros cargos de la Generalitat, acusados de malversar casi un millón de euros mediante subvenciones y contrataciones de trabajos académicos supuestamente «arbitrarios» para internacionalizar el procés. El caso de Homs está pendiente de juicio y una eventual condena representaría penas de cárcel, además de una nueva inhabilitación para cargo público como la que ya le fue impuesta en 2017 en relación a la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.
Contratos troceados
Los gastos bajo la lupa judicial son una subvención directa de 7.400 euros que el exconseller otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y que estuvo dirigida por Víctor Tarradellas, exasesor de Puigdemont y quien admitió que Rusia estuvo dispuesta a enviar 10.00o soldados rusos a Cataluña. El pago a esta entidad, que también estuvo involucrada en el desvío de fondos del Palau de la Música y del caso 3%, se hizo para financiar los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y la traducción de material de difusión de sus actividades a diversas lenguas. Un mes antes, en noviembre de 2012, se había dejado sin efecto la convocatoria de subvenciones para la proyección internacional de organizaciones catalanas.
La Fiscalía también sospecha de un encargo de Homs a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y de una fragmentación en dos de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos sin licitación, a dedo. El presunto pago al despacho de abogados se centró en un asesoramiento para un proyecto en una «zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial», pese a que se trata de un asunto ajeno a las competencias de su Consejería. En su momento, la jueza instructora no vio delito en ninguno de los gastos, pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó investigar a Homs.
El Ministerio Público considera que estas subvenciones irregulares forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas, a petición de PSOE, PP y Ciudadanos, sobre los gastos del procés independentista entre los años 2011 y 2017 para externalizar la causa y tejer alianzas internacionales. En cambio, tanto la juez instructora como la Audiencia de Barcelona coincidían en que dichas subvenciones no estarían relacionadas con el procés independentista.
En el caso de la Audiencia, no obstante, también se decantaba por investigarlas, más allá de si tenían o no relación con el proceso separatista: «Se denuncian hechos cometidos por autoridades en el ejercicio de sus cargos que pudieran ser constitutivos de prevaricación, malversación o falsedad, sin distinción sobre que las actuaciones denunciadas tuvieran o no relación con el proceso independentista», exponía en su auto. Al margen de la investigación del ente contable, la Fiscalía también presentó una querella penal en los juzgados de Barcelona.
Hombre de confianza de Mas
Francesc Homs ha sido uno de los hombres de confianza de Mas y quien le instó a avanzar las elecciones en 2012 –a media legislatura– augurando una mayoría absoluta del partido que no se confirmó en las urnas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó en 2017 a Homs por la primera consulta del 9 de noviembre de 2014 y fue inhabilitado para cargo público durante un año y un mes. Posteriormente, el Tribunal Supremo le absolvió de los cargos de prevaricación, pero mantuvo la condena por desobediencia.
Una vez sin cargo público, en 2018, la Generalitat lo nombró miembro de la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo del Gobierno de la Generalitat e integrado por quince juristas catalanes. Homs también asesoró como letrado a los líderes del procés durante el juicio en el Tribunal Supremo que concluyó con una condena por sedición y malversación de caudales públicos. En la actualidad, Carles Puigdemont lo recuperó como consejero legal de las negociaciones sobre la amnistía de la que él mismo podría ahora beneficiarse.
El texto legal que ha aprobado este jueves la Comisión de Justicia del Congreso supone anular la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todos los implicados en delitos relacionados con el procés durante una década que inicia el 1 de noviembre de 2011 y finaliza el 13 de noviembre de 2023. Y abarca también los delitos de terrorismo y alta traición.
