Las empresas dependientes de Ábalos adjudicaron 75 millones a dedo en 2020
Los contratos de Renfe, Adif, Correos y Puertos del Estado tienen numerosas irregularidades
Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre. | Ilustración de Alejandra Svriz.
Las irregularidades en los contratos públicos adjudicados a dedo y de forma urgente durante los peores meses de la pandemia siguen bajo lupa. Material caducado, falta de facturas y documentos, publicaciones de los acuerdos incumpliendo plazos, pagos adelantados y empresas que se llevaron millones sin tener entre su objeto social la compra de mascarillas. Solo en 2020, la Plataforma de Contratación refleja 9.863 contratos de emergencia.
Las mordidas de la trama Koldo, posiblemente, sean solo la punta del iceberg de un fraude mayor y numerosas irregularidades en la contratación pública. En el foco está el Ministerio de Transportes y algunos de sus organismos. El papel de Koldo García y su familia en la trama que lleva su nombre ha sido relevante. Su papel como asesor del entonces ministro José Luis Ábalos le permitió acceder a lo más alto y contactar con empresarios dispuestos a hacer negocio.
Los contratos de Renfe, Adif, Correos y Puertos del Estado durante 2020, que solo representan un pequeño porcentaje del total, fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas antes del inicio de la investigación de la Fiscalía. El órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado y del sector público mostró numerosas irregularidades y dejó ver importantes dudas en los procesos de adjudicación.
Los contratos de Puertos
Los cuatro organismos de Transportes adjudicaron por la vía de emergencia 75 millones de euros a distintas sociedades, según los datos analizados por THE OBJECTIVE a partir de la información del Tribunal de Cuentas. Tras la investigación de la Guardia Civil, Puertos del Estado, aparece en el foco de la trama. Incluso el ministro Óscar Puente se ha visto obligado a cesar al secretario general del organismo público, Álvaro Sánchez Manzanares. El alto cargo aparecía en varias de las grabaciones realizadas dentro de la investigación.
Puertos del Estado fue el primer organismo dependiente de Transportes que contrató con Soluciones de Gestión. Eso fue motivo suficiente para que Adif eligiese al mismo proveedor implicado en la trama Koldo. La entidad estatal formalizó en 2020 un total de cuatro expedientes de emergencia por 21,2 millones. El más importantes fue el de las mascarillas de Soluciones. El Tribunal de Cuentas deja ver ciertas irregularidades en dos expedientes examinados. Todos los organismos fiscalizados han alegado contra algunas de las conclusiones y básicamente han justificado sus decisiones por el caos del momento, los constantes cambios y necesidad de adjudicar en el menor tiempo posible.
Prácticamente la totalidad de los ocho millones de mascarillas que adquirió Puertos fueron distribuidas entre otros organismos. Destaca el organismo fiscalizador que en ninguno de los dos expedientes auditados existe constancia de que se solicitaran ofertas ni de los motivos que llevaron a seleccionar al contratista adjudicatario. Además, apunta que ninguna de las dos empresas adjudicatarias habían celebrado contrato con el sector público. Destaca que en el caso Soluciones de Gestión no hay documentación que acreditada de capacidad y solvencia y que además su objeto social no era el suministro de material sanitario.
Renfe y Adif
Pese a esto, el Tribunal de Cuentas señalaba que Adif, que también acudió a esta empresa. La adjudicación de mascarillas aparece firmada por el presidente de Puertos, pero en el contrato de guantes de vinilo solo aparece una factura sin firmar y una ficha técnica (un catálogo) en chino. Este expediente no fue notificado al Consejo de Ministros.
Por su parte, Renfe tramitó diez contratos de emergencia por un valor de cuatro millones. El Tribunal de Cuentas solo ha examinado, el más importante y que supone 2,2 millones de euros. El objeto era la limpieza de los trenes y el acuerdo se hizo de forma verbal, algo que no es ilegal, pero si evitable. «No existe solicitud de ofertas a distintas empresas para la prestación de estos servicios, concurrencia que no es exigida en la tramitación de emergencia, y la oferta de la empresa adjudicataria, que es
la que venía prestando los servicios de limpieza, no fue presentada formalmente hasta el 10 de agosto de 2020, cuando el contrato llevaba ejecutándose casi dos meses», destaca.
Director financiero de Correos
Es relevante, según el Tribunal, que el importe de las facturas ascendió a 2,2 millones, «pero es cuantía se correspondió con los
servicios de limpieza de los trenes prestados durante los meses de junio a octubre de 2020, dos meses menos que los previstos en el plazo de ejecución contratado». La justificación de Renfe fue que en los meses de julio y agosto se produjo un aumento inesperado de la demanda y la movilidad existentes, «lo que motivó un aumento de gasto en servicios de limpieza que agotó anticipadamente el importe contratado».
Por su parte, Correos, que presenta alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, celebró 31 contratos de emergencia en 2020 por 30,5 millones. El organismo fiscalizador ha puesto su foco en 30 contratos que suma 28,2 millones. Apunta, que «no resulta adecuado que un mismo responsable, el director Financiero, fuera el competente para autorizar el gasto y, a su vez, el pago de estos gastos».
Pagos de contratos por adelantado
Además, todos los pagos fueron hechos por adelantado, sin que constase un justificación previa. Como en otros organismos, las adjudicaciones en tres casos fueron a parar a empresas que no tenían como objeto social la distribución de material sanitario. Mientras, el proveedor mayoritario de mascarillas de Correos, logró el contrato por su compromiso de entrega en 15 días. Esto dejó fuera a sus competidores, pero finalmente no cumplió el plazo.
Adif en el periodo fiscalizado tramitó 27 expedientes de emergencia para la gestión de la crisis ocasionada por la covid-19 por un importe total de adjudicación de 19,5 millones. Entre las incidencias destaca que los retrasos de Adif a la hora de notificar la finalización en su contrato de 580.000 euros para limpieza de trenes. También, la demora de más de diez meses del certificado de conformidad de los servicios de recogida, distribución y entrega de cinco millones de mascarillas por importe de 218.000
euros.
Por último, deja constancia de la elección de Adif de Soluciones de Gestión, una empresa sin experiencia en el sector y que no había trabajado nunca con la Administración. Como señaló este periódico, la entonces presidente de la entidad justificó su decisión en que ya había trabajado con Puertos en el suministro de mascarillas.
