De Asturias a Cataluña: estas son las regiones que te obligan a pagar un rescate en la montaña
Algunas comunidades contemplan tasas cuando el deportista o aficionado realiza la actividad de manera negligente
Un helicóptero de rescate de Bomberos de Madrid. | EP
El ingente dispositivo que logró rescatar a los dos espeleólogos, que desaparecieron el pasado sábado en la cueva de Soba (Cantabria) cuando realizaban una actividad de manera autónoma y sin previo aviso, ha vuelto a encender el debate sobre quién debe pagar los rescates en montaña cuando debe auxiliarse a las víctimas tras cometer una presunta conducta negligente. Durante tres días, más de cien efectivos han estado dedicados a la búsqueda de estos dos desaparecidos, entre el GREIM de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes del Medio Rural del Gobierno de Cantabria; además de un helicóptero del Instituto Armado y los drones del Ejecutivo regional.
Un operativo sobre el que por ahora no se ha calculado el coste económico, pero que los expertos consultados cifran en varias decenas de miles de euros. Por regla general, el coste medio de un rescate oscila entre los 5.000 y los 8.000 euros, en función de los medios invertidos. Solo poner el helicóptero en funcionamiento, advierten las mismas fuentes, cuesta unos 2.000, y en el caso de Cantabria, el despliegue ha sido total y durante 72 horas seguidas. Lo que permitió que los dos espeleólogos pudieran salir por su propio paso de la cavidad. Según contaron a la prensa, se desorientaron y al tener víveres suficientes, decidieron esperar a que los profesionales fueran en su rescate.
Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes de la Guardia Civil, en principio, el coste del rescate va a ser asumido íntegramente por el Gobierno de Cantabria, pero el Ejecutivo podría repercutir algún gasto al seguro de los espeleólogos habida cuenta de que ambos estaban federados. De hecho, este miércoles la consejera cántabra de Presidencia, Isabel Urrutia, ha informado de que se ha abierto un expediente informativo para decidir si se cobrará una tasa a la pareja de espeleólogos que se perdieron en la cueva. La clave está en que no llamaron al 112 antes de realizar la actividad, un trámite que suele ser obligatorio en este tipo de expediciones.
Qué ocurre en otras comunidades
Cabe destacar que el Gobierno de Cantabria aprobó en 2021 cobrar una tasa en aquellos rescates en que se diesen circunstancias especiales debido a los costes invertidos. No es la única comunidad autónoma, también la contempla Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Las Administraciones públicas, según reza la normativa vigente, tienen el deber de asistir a todas las personas que se encuentren en una situación de peligro para su vida o integridad física. No obstante, las citadas regiones han creado esta especie de ‘multa’ para los casos en que el ciudadano está realizando voluntariamente una actividad de riesgo y lo hace de manera negligente. Por ejemplo, sin respetar las advertencias meteorológicas o sin el equipo necesario.
De este modo, estas comunidades autónomas definen por ley qué actividades son consideradas como deportes de riesgo y en qué casos el rescate corre a cargo del deportista. Para ello, las autoridades encargadas del servicio de rescate —el GREIM de la Guardia Civil o los propios servicios de la comunidad autónoma, que suele ser Bomberos o Mossos d’Esquadra, en el caso catalán— realizan un informe que detalla los requisitos que el aficionado o el deportista tiene que cumplir para poder practicar cualquier deporte, no solo los de riesgo.
Así, en caso de que haya un accidente en el que sea necesario rescatar a un deportista, si los agentes consideran que la víctima no cumplía con esas condiciones, podrían deducir que habría cometido una conducta negligente y, por tanto, correría con el pago de los gastos. Un extremo que podría evitar si el siniestrado está federado y cuenta con un seguro de rescate o si lo ha contratado específicamente para esta actividad. En cualquier caso, el aficionado o el montañero debería hacer frente a la responsabilidad civil.
Apenas se exigen pagos
Detrás de las tasas que tienen estas comunidades autónomas se esconde, sin embargo, una realidad, y es que apenas se exigen estos pagos. O, mejor dicho, son muy pocos los casos en los que finalmente se tramitan, advierten fuentes especializadas en rescates de alta montaña. Debe ser en situaciones «muy flagrantes». Por ejemplo, en Cantabria, según revelan fuentes policiales, esta tasa se ha aplicado en una ocasión desde que se puso en marcha hace cuatro años y «la orden» es que no se cobre ningún rescate pese a la norma que aprobó el Ejecutivo autonómico.
Similar es el escenario en Asturias, donde únicamente se reclama el pago en casos «muy evidentes» de infracciones «flagrantes». Esto es, cuando se «contravenga expresamente una orden» o la negligencia sea muy clara. Con estos requisitos, la comunidad autónoma solo exigió una treintena de cobros entre 2015 y 2022, según publicó El Periódico de España.
Facturas informativas del rescate
En Cataluña, por otro lado, esta tasa no se ha cobrado desde 2020 y desde su puesta en marcha, en 2009, la Generalitat solo ha tramitado el coste de 14 rescates, según informó el jefe de la División de Grupos Operativos Especiales, Miquel López. En este sentido, explicó que «nunca había habido afán de lucro ni recaudatorio», sino que la voluntad era «hacer pedagogía» para que la población entendiese que debe salir al medio natural «equipado para ello». En esta región, las sanciones se imponen por tres motivos: que el rescate se haya realizado en una zona peligrosa o de acceso prohibido, por falta de equipamiento o por un falso aviso.
Una herramienta que sí utilizó durante los primeros años la Generalitat fue la de enviar una factura informativa con el coste del servicio al domicilio de los rescatados como medida de prevención y sobre todo de concienciación. Esta medida, sin embargo, creo polémica entre los ciudadanos, pues muchos de los que recibieron esta misiva pensaron equivocadamente que era una multa y debían hacer frente al pago del rescate, relatan fuentes del servicio de emergencias a este periódico.
El País Vasco también ha sido especialmente laxo con la tasa de rescates que aprobó el Parlamento en 2011. La Ertzaintza, según los últimos datos facilitados por el Gobierno autonómico, solo ha cobrado por 14 de los 1.800 rescates que hizo entre 2018 y 2022. Frente a lo que ocurre en estas regiones —en las que se incluyen Navarra, Canarias y Castilla y León—, en el resto de comunidades autónomas los rescates son un servicio público, es decir, normalmente gratuito.
En Aragón, por ejemplo, se encarga del servicio de rescate el GREIM de la Guardia Civil. No obstante, esto no evita que algunos rescates deriven en responsabilidades de otro tipo si los agentes especializados advierten negligencias. Puede ser, por ejemplo, según explican distintos guardias civiles, el caso de un guía con unos excursionistas y un posible siniestro o, directamente, un fallecimiento.
