Diez escándalos de corrupción con epicentro en Ábalos amenazan el Gobierno de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra estos días completamente acorralado por los escándalos de corrupción que se han venido conociendo en los últimos meses gracias a la prensa y de los que se ocupan ya varios juzgados y tribunales. La mayoría tienen su origen en 2020 en el Ministerio de Transportes que pilotaba entonces José Luis Ábalos, mano derecha durante años del presidente del Gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Partido Socialista. Pese a las informaciones periodísticas que ya señalaban serios indicios de corrupción al inicio de 2020, Sánchez prefirió mantener en su puesto a Ábalos hasta el verano de 2021 y, aunque lo destituyó, permitió que con posterioridad siguiera aforado en el Congreso de los Diputados y al frente de la no menos importante comisión de Interior.

Los escándalos salpican de lleno a Ábalos y dejan muy tocado a Sánchez por la implicación también de su propia mujer, Begoña Gómez. Pero además se ven afectados de una u otra forma el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la próxima vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

En total, si sumamos todas las partidas de dinero afectadas de alguna forma por los diez escándalos, estamos hablando de un importe mínimo de 1.640 millones de euros.

1.- Delcygate

El ‘caso Delcy’ tiene que ver con el viaje que el 20 de enero de 2020 realizó a Madrid la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tenía vetado su acceso a la Unión Europea por pertenecer a la cúpula chavista sancionada internacionalmente. En este asunto siempre ha habido muchas incógnitas por aclarar, pues lo único que supimos entonces fue que el ministro Ábalos se reunió con ella, primero dentro del avión y luego fuera, y que se le permitió deambular por el aeropuerto de Barajas hasta que tomó otro vuelo con destino a Doha. Supimos también que la embajada de Venezuela en Madrid había descargado de la aeronave unas 40 maletas y que se las había llevado desde la pista sin pasar controles de seguridad.

Gracias a las detenciones de febrero de 2024 relacionadas con el caso de las mascarillas conocimos que uno de los cabecillas de esa trama, Víctor de Aldama, había sido contratado en 2020 por Globalia para, entre otras tareas, intentar recuperar 200 millones de dólares que Air Europa, la aerolínea de ese grupo turístico, tenía retenidos en Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro no se los permitía repatriar. Y Aldama también acudió ese día al aeropuerto a recibir a Delcy. ¿El contenido de las maletas pudo tener algo que ver con Globalia? De momento no hay ninguna certeza al respecto, pero lo que sí está demostrado es que en las cuentas de Air Europa de ese año la aerolínea se apuntó repentinamente el cobro de una deuda de 175 millones de euros (lo equivalente a 200 millones de dólares en esa época) sin que haya sido aclarado el motivo.

Más recientemente, y gracias a las averiguaciones de la Guardia Civil, hemos sabido que ninguna de las diez versiones diferentes que sobre el ‘Delcygate’ ofreció en su momento Ábalos era verdadera. La realidad es que el ministro envió una carta a Delcy Rodríguez el 10 de diciembre de 2019 invitándola a visitar España y que el propio Aldama se encargó de preparar la agenda en Madrid de la vicepresidenta venezolana durante sus tres días de estancia. De su llegada fueron avisados con anterioridad, que se sepa de momento, el presidente del Gobierno (cuatro días antes mediante un mensaje de whatsapp de Ábalos) y el jefe de gabinete de Marlaska, Rafael Pérez Ruiz, el día de antes.

Durante su visita, Delcy tenía previsto cenar con varios ministros españoles el mismo día 20, entre ellos Ábalos y el titular de Sanidad, Salvador Illa, que aparece mencionado en la agenda oficial de Aldama. El martes 21 había prevista otra «sorpresa» como cena, y fuentes cercanas al comisionista de la trama apuntan a un encuentro con Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que no está claro es si en ese vuelo pudieron llegar también los 104 lingotes de oro (63 millones de euros) supuestamente comprados por Aldama a Delcy y que según la UCO aterrizaron en Caracas el 3 de enero de 2020 procedentes de Moscú. No obstante, como ha desvelado en varias ocasiones THE OBJECTIVE, el Gobierno venezolano ha hecho un uso abusivo de la valija diplomática durante todos estos años, enviando a España numerosas maletas y contenedores que no han podido ser escaneados por las fuerzas de seguridad, por lo que el oro ha podido llegar con posterioridad al ‘Delcygate’.

El ministro Marlaska siempre intentó zafarse de aquel asunto, pero lo cierto es que participó activamente en premiar a todos los mandos policiales que estuvieron aquella noche en Barajas y que fueron testigos de lo ocurrido. En este sentido, también hemos sabido que Ábalos intentó por todos los medios destruir las grabaciones de AENA de aquella noche, llegando incluso a discutir con el presidente de esa empresa pública, Maurici Lucena.

2.- Caso Globalia

El 27 de febrero de 2024, una semana después de las detenciones sobre el caso de las mascarillas, THE OBJECTIVE desveló en exclusiva que la denominada ‘trama Koldo’ también había estado trabajando para conseguir beneficios para la compañía Globalia y para su aerolínea Air Europa, que justo había sido rescatada con dinero público en 2020. Los días siguientes, tanto ‘El Confidencial’ como THE OBJECTIVE establecieron vínculos entre ambas empresas y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, mientras se negociaban los términos de ese rescate.

Entre avales, subvenciones, ayudas y el rescate de varias de sus filiales, Globalia obtuvo del Gobierno un total de 1.100 millones de euros entre los años 2020 y 2021. La partida más cuantiosa tiene que ver con la salvación de Air Europa, un dinero que nadie cuestionó en su momento porque era obvio que se trataba de una empresa estratégica para España y que estaba sufriendo dificultades como consecuencia de la pandemia. El problema es que, con el paso de los años, y a raíz de sus vínculos con Gómez, se han detectado hasta diez anomalías en la aprobación y tramitación del rescate: desde el tiempo récord en que se autorizó (70 días) hasta que aún hoy sean secretos los informes con los que se justificó la decisión.

El rescate de Air Europa fue aprobado por el conjunto del Consejo de Ministros, pero para su autorización por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue clave el informe presentado por el Ministerio de Transportes, cuyo titular (Ábalos) siempre fue especialmente partidario de la operación. También informaron a favor los ministerios dirigidos por Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda), Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

En un gesto absolutamente inédito, el Gobierno aprobó el 3 de noviembre de 2020 rescatar con 475 millones de euros a Globalia, 75 más de los que la propia compañía había pedido en su solicitud del mes de septiembre. ¿El motivo oficial? Que la situación de la empresa había empeorado en esas pocas semanas. Cinco meses después, otra filial de Globalia, Ávoris, fue rescatada con 320 millones de euros.

Según hemos conocido ahora, Aldama, que trabajaba para Globalia, presionó especialmente a Ábalos para que se aprobase el rescate de Air Europa. Pero también hemos sabido que Begoña Gómez mantenía una relación estrecha con el que fuera consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, sobre todo desde que este decidió crear una sociedad llamada Wakalua para aproximarse a la esposa del presidente del Gobierno. De hecho, esa empresa acabó patrocinando el IE Africa Center que Gómez dirigió hasta que fichó por la Universidad Complutense. Y hay constancia de que Gómez coincidió con Hidalgo y Aldama en diversas reuniones mientras el Gobierno preparaba el rescate de Air Europa.

Hablando de rescates, tampoco convendría olvidar los dos que generaron más polémica en su momento y que, aunque aún no forman parte de ninguna investigación judicial, sí tienen alguna conexión con las tramas. El primero es el de Duro Felguera, que supuso el desembolso de 120 millones de euros a una empresa que no estaba en pérdidas por culpa de la pandemia, como exigía la normativa, sino que ya venía atravesando graves problemas con anterioridad. De hecho, resulta curioso que Ábalos se refiera a esta empresa en el mensaje que le manda a Sánchez para hablarle de la visita de Delcy Rodríguez.

Y el segundo rescate polémico y que aún está pendiente de esclarecer es el de la aerolínea Plus Ultra (53 millones de euros), que ni era estratégica para España, como exigía la normativa, ni tenía prácticamente vuelos, aviones o empleados en aquel momento, por no hablar de su capital, constituido mayoritariamente por ciudadanos de origen venezolano.

3.- Caso Complutense (Begoña Gómez)

La esposa del presidente del Gobierno convocó un día en La Moncloa al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, para que le montase una cátedra de Transformación Social Competitiva. Dicho y hecho. A los 15 días, y pese a ser pleno verano, la Complutense ya tenía la página web y el claustro de posibles profesores. Gracias a ello, ha estado impartiendo durante cuatro años dos másteres.

En este asunto, que es uno de los que investiga el juez Juan Carlos Peinado, se han detectado algunas irregularidades. Para empezar, que la Complutense aceptase en su momento que Begoña Gómez dirigiera una cátedra pese a ni siquiera ser licenciada universitaria. Y, sobre todo, se trata de saber si ella ha podido incurrir en un delito de apropiación indebida al registrar con su nombre un ‘software’ teóricamente cedido a la Complutense por los patrocinadores de la cátedra y que ella está usando en una empresa que creó en noviembre de 2023 para ofrecérselo a pymes que le contratan.

Todas las actividades profesionales de Gómez han tenido siempre una fuerte dependencia de los organismos públicos. Así, se ha detectado la participación de hasta 11 ministerios diferentes a la hora de patrocinar o apoyar las diferentes iniciativas de la esposa del presidente del Gobierno. Además, empresas públicas como Correos han contratado plazas para enviar alumnos a sus másteres.

4.- Caso Barrabés (Begoña Gómez)

Este caso es uno de los que investiga el juez Peinado y tiene que ver con los favores recibidos por las sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés por parte del Gobierno una vez que comienza su relación con la esposa del presidente, con la que monta uno de los másteres de la Complutense. Gómez llegó a firmar en 2020 dos cartas de recomendación para que una empresa de Barrabés, Innova Next, ganase un concurso público por importe de 7,7 millones de euros e incluso medió para que Sánchez se viera en diversas ocasiones con él en La Moncloa para hablar de fondos europeos.

Barrabés, que es un empresario exitoso que nunca había necesitado el favor de las administraciones públicas para impulsar sus negocios, de repente empezó a recibir contratos del Gobierno tras firmar Gómez esas dos cartas. En concreto, sus empresas han obtenido 18,2 millones de euros gracias a 53 contratos de ocho ministerios diferentes, la inmensa mayoría desde el año 2020. En concreto, están afectados los departamentos de Trabajo, Economía, Transportes, Cultura y Deporte, Seguridad Social, Transformación Digital, Defensa e Industria, si bien la más salpicada es Nadia Calviño porque el departamento que ella dirigía es el responsable de Red.es, la entidad pública gracias a la cual Barrabés se llevó 9,2 millones a través de dos concursos.

Al menos seis de los contratos adjudicados por el Gobierno a las empresas de Barrabés contienen irrregularidades: 1) los contratos de Red.es se le dieron sin que su empresa tuviera un plan de igualdad, como es requisito para recibir un contrato del Gobierno; 2) tanto en Red.es como en el Ministerio de Trabajo ganó las adjudicaciones gracias a arrasar en los criterios subjetivos tras haber perdido en la valoración objetiva; 3) en el Consejo Superior de Deportes se acortaron los plazos para favorecerle; 4) Economía prorrogó dos contratos con su empresa evitando volver a licitarlos como era preceptivo… Y hasta la Universidad Rey Juan Carlos le fabricó un concurso a su medida para que se llevara 4 millones de fondos europeos.

Gómez está imputada actualmente por los casos Complutense y Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

5.- Caso mascarillas

Este asunto es el que se suele llamar ‘caso Koldo’, si bien hasta febrero de 2024 fue el ‘caso Soluciones de Gestión’, desvelado a partir de una investigación periodística el 14 de abril de 2020. Durante casi dos años permaneció en el olvido, pero el Partido Popular de Madrid lo llevó a la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2022 como reacción ante las críticas a Isabel Díaz Ayuso por los negocios de su hermano durante la pandemia. Fruto de la investigación iniciada entonces, se detuvo a 14 personas a comienzos de este año, entre ellas Koldo García.

Soluciones de Gestión era una empresa fantasma radicada en Zaragoza que, sorprendentemente, obtuvo tres grandes contratos del Gobierno para abastecerle de mascarillas, cuando esta sociedad no tenía ninguna experiencia importando material sanitario ni moviendo mercancías desde China. Tampoco tenía actividad conocida el año anterior y resultó adjudicataria pese a ofrecer un precio mayor que otras ofertas que se recibieron.

Del Gobierno central obtuvo 40,5 millones de euros a través de tres contratos: uno de Puertos del Estado (24,2), uno de ADIF (12,5) y otro del Ministerio del Interior (3,48). Los tres por intermediación de Ábalos. Con posterioridad, recibió contratos por otros 16 millones de euros con dos administraciones regionales gobernadas por el PSOE, Canarias y Baleares, por indicación del asesor del ministro, Koldo García.

La auditoría realizada por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha determinado que solo se tiene constancia de que se repartieran 5 millones de mascarillas de los 13 que teóricamente fueron comprados a Soluciones de Gestión. Se desconoce el paradero del resto, pero no se descarta que fueran revendidas en el mercado negro o que nunca llegaran a entregarse. En el caso de Canarias y Baleares, con sus entonces dos presidentes autonómicos implicados, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, se da la circunstancia de que las mascarillas que llegaron no eran las contratadas o tenían desperfectos.

Gracias a la ‘operación Delorme’ desatada por la Policía en febrero, se ha sabido que el supuesto cabecilla de la trama era Víctor de Aldama, quien contaba con la complicidad en el Ministerio de Transportes del asesor Koldo García y de varios miembros de la Guardia Civil que se encargaban de proteger a la banda. De hecho, algunos de ellos fueron avisados de que estaban siendo investigados y el propio Koldo se llegó a reunir con el número dos de la Guardia Civil 40 días antes de su detención. El caso se instruye actualmente en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, y, a la luz del informe presentado por la UCO hace unos días que apunta directamente a Ábalos, lo más probable es que este acabe imputado en el Supremo ya que, por su condición de diputado, solo puede ser juzgado por ese tribunal.

Los escándalos del Gobierno relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia no se limitan a Soluciones de Gestión. De hecho, el asunto de mayor magnitud aún sigue instruyéndose en un juzgado de Madrid y responde al nombre de ‘caso Travis’: 196 millones de euros entregados a una desconocida empresa de Hong Kong que tampoco cumplió con lo pactado. Hay tres altos cargos del ministerio de Salvador Illa imputados en una causa que inició una denuncia de Vox.

6.- Caso hidrocarburos

Este asunto fue destapado el pasado 7 de octubre, cuando la Policía detuvo por segunda vez este año a Víctor de Aldama en el marco de una operación contra el fraude en el sector de los hidrocarburos. Según la investigación, que ha recaído en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, una trama organizada consiguió del Gobierno una licencia como operador de hidrocarburos y, a partir de ahí, se ha defraudado a Hacienda 180 millones de euros relacionados con el cobro del IVA.

¿Cómo lo consiguieron? Sobre todo gracias a las gestiones de Ábalos, quien recibió presuntamente a cambio un chalé en Cádiz, prebendas para su amante y dinero en efectivo. El problema es que la concesión de una licencia de ese tipo no depende del Ministerio de Transportes, sino de los departamentos de Transición Ecológica e Industria, y aquí es donde quedan señaladas tanto Teresa Ribera como Reyes Maroto.

7.- Caso Jésica

Como ha destapado THE OBJECTIVE durante los últimos meses, el ministro tenía una relación extramatrimonial con una estudiante de Odontología llamada Jésica Rodríguez. La historia no tendría mayor relevancia pública si no fuera porque Ábalos se la llevaba como acompañante a buena parte de sus viajes oficiales, sobre todo fuera de España, y además la tenía enchufada en dos empresas públicas dependientes de su ministerio. Según los mensajes publicados en exclusiva por este periódico, Jésica reclamaba una dieta de unos 1.500 euros por cada día de acompañamiento al ministro.

Gracias al informe presentado estos días por la UCO al juez hemos sabido también que la trama de los hidrocarburos le pagó a Jésica el alquiler de su piso de lujo en Madrid durante tres años y medio: 88.000 euros en total.

Entre el sueldo que recibía en las empresas públicas, las dietas y el alquiler, Jésica llegó a obtener 6.000 euros al mes durante el tiempo que mantuvo su «relación particular» (UCO dixit) con el ministro.

8.- Caso PSOE

En paralelo al ‘caso hidrocarburos’, THE OBJECTIVE ha publicado el testimonio exclusivo de dos empresarios que fueron socios de Víctor de Aldama en esa trama que perseguía obtener una licencia por parte del Gobierno. Ambos han solicitado mantener el anonimato, pero este periódico ha verificado su identidad y ha comprobado que trabajaron con Aldama. Los dos mantienen el mismo relato, y uno de ellos incluso lo ha expuesto delante de las cámaras, si bien a condición de que se distorsione tanto su imagen como su voz.

Lo que cuenta ese empresario es muy claro. Aldama pagó supuestamente 600.000 euros por obtener esa licencia de hidrocarburos, y lo hizo mediante entregas en metálico y transferencias. Y en dos ocasiones el cabecilla le pidió a este empresario que llevara directamente una bolsa con billetes a la sede de la calle Ferraz. Fueron 45.000 euros en cada entrega en octubre de 2020.

No está claro si ese dinero era para el PSOE o para Ábalos, que por entonces era el secretario de Organización del partido. Si embargo, el Partido Popular ha presentado una querella contra el PSOE ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional por un presunto delito de financiación ilegal.

Este pago de dinero en efectivo en la sede del PSOE en 2020 se suma a las noticias que ya en el año 2021 publicó THE OBJECTIVE en relación al descontrol de los gastos de Ábalos y a la forma peculiar en que su asesor Koldo García iba pagándolo todo: con billetes de 500 euros metidos en sobres.

9.- Caso constructoras

El pasado mes de septiembre, THE OBJECTIVE reveló que la Guardia Civil está investigando también el supuesto pago de comisiones ilegales al exministro Ábalos por parte de varias constructoras de mediano tamaño y con sede en la Comunidad Valenciana. El caso ha surgido a raíz de los correos electrónicos intervenidos a Koldo García y podría afectar al menos a las empresas Grupo Torrescámara y Levantina, Ingeniería y Construcción, que se vieron beneficiadas con contratos del ministerio pese a haber mejores ofertas sobre la mesa.

10.- Caso ADIF

Aunque no tiene relación directa con Ábalos, al menos que se sepa, este caso merece destacarse porque también tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes, concretamente en la empresa pública ADIF, que es la encargada de gestionar las vías ferroviarias.

Según publicó THE OBJECTIVE en mayo pasado, el presidente de ADIF habría estado involucrado en el amaño de al menos dos contratos: uno de 20,4 millones de euros en 2022 y otro de 28 en el año 2023. La noticia se publicó incluso con audios en los que se escucha perfectamente que es necesario alterar las puntuaciones de las empresas que se han presentado al concurso «por orden de arriba».

Como consecuencia de este escándalo, el presidente de ADIF, Ángel Contreras, que había sido confirmado en el cargo al llegar Óscar Puente a Transportes, tuvo que ser destituido el pasado 13 de septiembre.

PD: En este artículo no se mencionan los casos del hermano de Pedro Sánchez ni del fiscal general del Estado, ambos imputados ante los tribunales, al considerar que no han surgido estrictamente dentro del Gobierno.