Los presos puestos en libertad en Venezuela guardan silencio por decisión personal

Los seis presos españoles que estaban en prisiones de Venezuela y han sido puestos en libertad en los últimos días guardan silencio desde entonces por decisión personal y con el fin de no complicar las excarcelaciones de compañeros que aún se encuentran encarcelados, según explican fuentes diplomáticas españolas a THE OBJECTIVE.

El régimen chavista liberó primero el pasado viernes a José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, que fueron encarcelados por el Gobierno chavista de Nicolás Maduro por diversos motivos. Este lunes se produjeron otras 24 excarcelaciones de presos políticos, entre los que se encontraba el hispano-venezolano Alejandro González de Canales, coronel retirado y posteriormente vinculado a la industria petrolera Chevron, detenido el 9 de febrero de 2024 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo la acusación de revelar secretos de seguridad nacional y obstrucción de la justicia. Salió de la cárcel El Rodeo I.

El apresamiento de este último se produjo un mes después del de su exmujer, Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos y que tuvo que pasar varios meses encarcelada con una fractura tardíamente atendida de la que fue operada en dos ocasiones. Las autoridades chavistas la acusaron de delitos como traición y vinculación a complots, acusaciones que el Gobierno español y diversas organizaciones de derechos humanos consideraron infundadas y arbitrarias. Fue encarcelada en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide, unos de los centros de detención y torturas del chavismo más conocidos y temidos.

La familia de San Miguel publicó el pasado sábado un comunicado en el que agradeció al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sus «gestiones» para que se produjera la excarcelación de diferentes activistas en Venezuela. «Esta situación no constituye un destierro, ni una renuncia a sus derechos, sino parte de los acuerdos humanitarios y diplomáticos alcanzados para viavilizar su excarcelación», apuntó el hermano de la directora de la organización Control Ciudadano.

Eso sí, puntualizó que la venezolana no goza de «libertad plena», sino de una medida cautelar «sustitutiva de la privación de libertad» que ha sido otorgada en el marco de su proceso judicial. Por ello, San Miguel tiene vetado hacer declaraciones «públicamente», por lo que ninguna persona está autorizada «desde el momento de su excarcelación» a emitir declaraciones en su nombre. «Rocío San Miguel mantiene la esperanza firme de que todas las personas que se encuentran privadas por razones políticas en Venezuela puedan recuperar su libertad, y que estos pasos formen parte de un proceso amplio de reconciliación nacional», concluyó el comunicado emitido por la familia.

Las fuentes diplomáticas subrayan que todos ellos son «ciudadanos libres» en España y que tienen todos sus derechos «intactos» tras su paso por los penales venezolanos, por lo que podrían realizar declaraciones en público sin ninguna restricción. «Sin embargo, no quieren», apostillan antes de recordar el precedente de Leopoldo López, quien llegó al aeropuerto de Madrid en octubre de 2020 de forma discreta y con la colaboración del Gobierno español para evitar a los medios de comunicación.

Pasada una semana, dio su primera rueda de prensa en la capital española para declarar que su intención nunca fue salir de Venezuela, pero las circunstancias le obligaron a hacerlo. Además, reafirmó su compromiso de regresar al país para «liberarlo». En la actualidad, cuenta únicamente con la nacionalidad venezolana, aunque salió de su país sin pasaporte, ya que se lo retiraron al ingresar en prisión. A finales de octubre del pasado año, Maduro amenazó a López con retirársela, pero el político opositor acusó al entonces presidente chavista de «profunda arbitrariedad» y de no tener «ningún sustento» en la Constitución bolivariana, en cuyo artículo 35 se subraya que los venezolanos y las venezolanas por nacimiento «no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad».

Los casos de San Miguel y González de Canales son distintos de los otros cuatro excarcelados, ya que Basoa, Martínez Adasme, Moreno Dapena y Gorbe Cardona solo cuentan con nacionalidad española y, por tanto, no tienen raíces en el país sudamericano ni previsto regresar en el corto y medio plazo tras su paso por las prisiones venezolanas, por lo que tendrían más libertad para hablar en público.

Las fuentes diplomáticas inciden en que existe «un sentimiento de solidaridad» de los liberados con los presos políticos que siguen en prisión que les hace guardar silencio por decisión propia. «Lo estamos viendo en anteriores liberaciones, en las que han sido bastante comedidos. Está claro que quieren ayudar a los otros compañeros» que permanecen entre rejas.