Extremadura y Galicia concentran el 40% de las casas cuartel cerradas desde 2016

Extremadura y Galicia concentran el 40% de los cuarteles de la Guardia Civil —instalaciones oficiales donde este cuerpo de seguridad desarrolla sus funciones operativas y administrativas— cerrados sin reemplazo en la última década, con una cantidad de cinco en cada territorio, es decir, un total de diez. Así se desprende de la información aportada por el Ministerio del Interior, departamento del que depende este cuerpo de seguridad del Estado, a través de una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Por provincias, el número de acuartelamientos desafectados ha sido de dos en Cáceres (uno en 2017 y otro en 2022) y La Coruña (en 2016 y 2020) y tres en Lugo (dos en 2023 y uno en 2024) y Badajoz (uno en 2023 y dos en 2025). De esta manera, estas dos comunidades autónomas son las que más han visto cerrar estaciones de la Guardia Civil en los últimos diez años, cuando se han registrado en España un total de 25 bases de este tipo. Tras ellas se sitúan Cataluña y Castilla-La Mancha, con la clausura de cuatro estaciones en cada una de ellas. El reparto provincial en estos casos es de uno en Gerona (2023), Barcelona (2024), Guadalajara (2023) y Toledo (2023) y de dos en Ciudad Real (en 2019 y 2022).

Un cuartel es una sede local donde la Guardia Civil desarrolla su actividad en una zona determinada, especialmente en áreas rurales o municipios pequeños donde la Benemérita tiene presencia principal. Las funciones principales que se llevan a cabo en estos edificios incluyen la seguridad y vigilancia del territorio, la atención al ciudadano mediante la recepción de denuncias y orientación, la realización de operaciones policiales como investigaciones o control de tráfico y el soporte interno, que abarca la administración y coordinación de los agentes.

Los acuartelamientos de la Guardia Civil suelen contar con oficinas administrativas y de atención al público, dependencias para los agentes, garajes para los vehículos oficiales y, en algunos casos, viviendas para los guardias civiles y sus familias. El personal es un elemento imprescindible para el funcionamiento del cuartel, y cuando no hay agentes destinados allí o se realiza una reorganización territorial, estas instalaciones pierden su uso original. En esos casos, los inmuebles pueden cederse para fines públicos, venderse o alquilarse a particulares o empresas, mantenerse en reserva o incluso rehabilitarse como patrimonio histórico si poseen valor arquitectónico o cultural.

El cierre de estos recintos, aunque no es un fenómeno muy común, no es algo excepcional, especialmente en zonas donde se reorganizan los recursos, aunque los servicios continúan prestándose desde otras dependencias cercanas. Al mismo tiempo, mientras algunos cuarteles dejan de operar, otros se incorporan para mantener la cobertura territorial. En los últimos diez años, se han incorporado, según los datos de la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska, un total de 13 nuevos en todo el territorio nacional, situados uno en cada una de las siguientes provincias: Albacete, Asturias, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Salamanca, Sevilla, Soria, Teruel, Zamora y Zaragoza.

En el año 2018, el Gobierno de España, en respuesta a unos diputados socialistas —Miguel Ángel Heredia, Ana María Botella y David Serrada— que se interesaron por la situación de estas instalaciones del instituto armado, cifró en 2.370 los cuarteles de la Guardia Civil, entre ellos los de la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose) en Madrid. Así lo recogió EFE. Además, según detallaban, la antigüedad media de estos era de 40,7 años. Por número, la provincia que más concentraba entonces era Madrid, con 122. Por detrás se situaban Badajoz (con 94), Granada (86), Valencia (81), Toledo (77) y Cáceres, Málaga y Sevilla (con 75 cada provincia).