Sánchez regala a Bildu el palacete de La Cumbre pero se olvida de los muertos de ETA

El presidente Pedro Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, llegaron en junio de 2022 a un acuerdo que comprometía al Gobierno a ceder de manera gratuita al Ayuntamiento de San Sebastián el palacete de La Cumbre, donde los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) ocultaron y torturaron 29 años antes a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dos jóvenes vascos que habían cruzado la frontera para ingresar en ETA. Sánchez y Otegi acordaban un acomodo final para esas instalaciones: la creación de un Centro de Memoria Democrática, destinado a la represión franquista, al terrorismo de Estado hasta 1983 y la violencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante la Transición.

Una vez más, Sánchez cedía ante sus socios de coalición admitiendo sin rechistar sus reivindicaciones a cambio de seguir con sus votos en la Moncloa y poder sacar adelante sus decreto leyes presentados en el Congreso. En aquella ocasión la Moncloa negociaba con sus socios abertzales del espectro Frankenstein la aprobación de la Ley de la Memoria Democrática y necesitaba su apoyo para alcanzar una mayoría parlamentaria, como finalmente salvó gracias a los seis votos de Bildu.

Como había verbalizado Otegi en unas declaraciones sobre sus relaciones con Sánchez, el dirigente abertzale estaba dispuesto a votar lo que le presentaran siempre que sus reivindicaciones sirvieran para avanzar en su hoja de ruta. En aquella ocasión el hito estaba fijado en la creación de un Centro de Memoria en San Sebastián. Aunque la titularidad pasaba al Ayuntamiento, gobernado por el PNV, a Otegi no le importaba porque el logro era suyo. Además, el uso que se le iba a dar a las instalaciones nada tenía que ver con el perdón y el arrepentimiento de los terroristas o la búsqueda de una concordia intergeneracional, sino el enaltecimiento de la memoria de ETA.

Llamaba la atención que Otegi asumiera la fecha de 1983 como tope para los objetivos gubernamentales de Transparencia y Memoria Democrática porque, paradójicamente, Lasa y Zabala —a quienes homenajeaban con la adquisición del palacete— habían sido secuestrados en Bayona el 15 de octubre de aquel año. La acción la llevó a cabo un comando formado por agentes corruptos del Servicio de Información de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo, ubicado en el barrio del mismo nombre de San Sebastián. Aquella era la primera escaramuza de un nuevo grupo paramilitar que, en plena democracia, retomaba la guerra sucia contra ETA de los años del posfranquismo. Pero Sánchez y Otegi, con respecto al terrorismo de Estado, preferían permanecer desmemoriados.

Los dos jóvenes secuestrados a punta de pistola, tras ser interrogados y torturados en la casa de campo de La Cumbre, fueron trasladados a un paraje de Busot (Alicante), donde recibieron un tiro en la nuca en la misma fosa en la que fueron enterrados con cal viva. Así lo recogía detalladamente la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a cada uno de los autores materiales del asesinato a 70 años de cárcel. La muerte de los dos jóvenes es uno de los casos más abyectos y deleznables de la reciente historia de España. El escritor Manuel Vázquez Montalbán calificó aquellas acciones como «psicopatología de la razón de Estado».

Uno podría entender que Otegi se esforzara en arrimar las ascuas a su sardina, pero Sánchez no estaba obligado a llegar a un acuerdo por ninguna razón de Estado ni por el error que habían cometido sus predecesores socialistas. Pero subyacía una motivación más imperiosa: la razón de los votos y de la aritmética para lograr la mayoría parlamentaria a toda costa. Desde que Rodríguez Zapatero comenzara en 2005 sus negociaciones con ETA —con el dirigente etarra Josu Ternera—, jamás los ciudadanos han escuchado ni a ZP ni a Sánchez pronunciar una palabra que incomode a la biosfera de los herederos de ETA.

Un acuerdo para la desmemoria

El acuerdo obligaba a la Moncloa a entregar el edificio y los jardines que lo rodean en el plazo de un año y que las instalaciones, situadas en un lugar privilegiado de San Sebastián cerca de la playa de La Concha, solo podían ser destinadas a acoger un Centro de Memoria. Por supuesto, el recuerdo era exclusivo para la militancia etarra y no para sus víctimas. Además del homenaje a Lasa y Zabala, cuyos familiares merecen todo su respeto —también son víctimas—, la coalición abertzale destacaba otro antecedente: el uso de La Cumbre como Ministerio de Jornada de Franco y su Gobierno durante las vacaciones estivales del Caudillo en San Sebastián, que disfrutaba en Ayete.

Pero, como todo lo que negocia Sánchez con sus socios siempre queda a medias o llega tarde, la entrega del palacio al Ayuntamiento de San Sebastián sigue sin consumarse cuatro años después. En parte motivado por culpa del Gobierno municipal en manos del PNV, a pesar de que existe un acuerdo consensuado en la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento y que el propio Gobierno español ha dado el visto bueno a su contenido. Los jardines del recinto también serán abiertos para el recreo de los donostiarras.

El palacete de La Cumbre, construido y reformado a finales del siglo XIX, fue residencia de los duques de Tovar. Después fue cedido al Estado por una deuda con Hacienda y, tras convertirse en lugar de encuentro de Franco y sus visitas cuando se desplazaba a San Sebastián durante las vacaciones veraniegas, pasó a ser propiedad del Ministerio del Interior. Esa titularidad fue la que propició que el gobernador civil de Guipúzcoa permitiera que los agentes corruptos de la Guardia Civil ocultaran a Lasa y Zabala en sus instalaciones tras secuestrarlos en territorio francés.

«La estrategia de EH Bildu, con la excusa del ‘reconocimiento de las víctimas del Estado y la construcción de una memoria histórica compartida’ —así rezan sus postulados—, pasa por convertir un lugar histórico como La Cumbre en un centro de memoria solo aprovechando el tirón y la simbología de ‘Lasa y Zabala’, pero en un centro de desmemoria para las víctimas de ETA. Y lo que más nos duele: el Gobierno y Sánchez lo facilitan», así me resumió un representante de las víctimas de terrorismo las intenciones de Bildu con La Cumbre.

Cuando, en junio de 2022, Mertxe Aizpurúa llegó a un acuerdo con el portavoz socialista Patxi López y con Sánchez sobre la creación del Centro en San Sebastián como condición para votar la Ley de la Memoria Histórica, la portavoz de Bildu en el Congreso declaró: «De un lugar de crueldad pasará a un lugar de memoria, simbolismo y dignidad». No mentía, pero se arrogaba la exclusividad de la memoria para los suyos. En ningún momento pensaba dedicar un resquicio de dignidad para los compañeros socialistas del interlocutor socialista Patxi López, el mismo que grita en el Congreso a los periodistas de manera desaforada que ETA ya fue inhumada. ¿Y las ascuas? ¿Van a dedicarle sus herederos entre esas paredes del siglo XIX un mínimo recuerdo a los socialistas asesinados por la banda: Fernán González, Fernando Múgica, Enrique Casas, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundúa o Isaías Carrasco? ¿También a otras víctimas?

Tampoco le dedicarán ningún recuerdo a Eduardo Madina, entonces un joven militante socialista y dirigente de las Juventudes Socialistas de Euskadi a quien ETA colocó una bomba-lapa debajo de su coche que le provocó la amputación de una pierna. Detrás de la acción estaba Mikel Aspiazu ‘Txeroki’, el mismo al que la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la también socialista María Jesús San José, puso en semilibertad hace unas semanas en contra de todos los procedimientos carcelarios.

El cinismo de los amigos de ETA

Mertxe Aizpurúa justificó en junio de 2022 el acuerdo con el Gobierno de España, según ella, para ampliar el alcance temporal de la Ley de Memoria Democrática. Insistía en que la Transición, que los españoles por consenso nos habíamos labrado a pesar de la violencia de ETA y sus compañeros de viaje, no era «tan modélica» y «no reflejaba lo que una Ley de Memoria Democrática debería reflejar». Una vez más se adentraba por la senda de la posverdad para justificar las acciones de ETA y dejar fuera sus abyectos crímenes: «Así damos pie a que numerosas vulneraciones de Derechos Humanos a partir de 1978 se puedan revisar». Y remataba: «Hemos acordado crear una comisión para clarificar esas conculcaciones de Derechos Humanos que están sin reparar». Por supuesto, sus selectivas y cínicas reparaciones no incluían los 853 crímenes de ETA y, entre ellos, los 300 casos sin resolver.

Sánchez no se conformaba solo con ceder a Bildu el palacio de La Cumbre, sino que también donaba al PNV la sede de Instituto Cervantes de París, que podrá seguir ocupándolo hasta el 31 de diciembre de 2030, previo pago de un millón de euros por el alquiler de un edificio del Estado. El palacete, en la Avenida Marceau de París, tiene un valor de 15 millones de euros. La propiedad había sido reclamada por el PNV ateniéndose a la ley de la Memoria Democrática. Según sus demandas, había sido adquirido por la formación fundada por Sabino Arana por medio de una cuestación popular.

Pero el Tribunal Supremo echó por tierra esa reclamación tras no poder confirmar los peneuvistas documentalmente su propiedad. Tras la sentencia siguió en poder del Estado, pero Sánchez cedió, necesitado de los votos de los nacionalistas vascos tanto para su investidura tras la moción de censura como para su permanencia durante ocho años en la Moncloa. En contra de Bildu, el PNV no piensa destinarlo a memoria histórica, sino que albergará una «embajada» del partido en la capital francesa.

La tercera cesión de Sánchez a los nacionalistas e independentistas vascos ha sido el fuerte de San Cristóbal (Pamplona) al Gobierno de Navarra (PSN-PSOE, el peneuvista Geroa Bai y Contigo Zurekin, una coalición de Podemos Navarra, Izquierda Unida Navarra y los abertzales de Batzarre) para otro centro de Memoria Democrática. Nadie espera tampoco que los socialistas dediquen un mínimo espacio a los miles de atentados o a los 50 años del chantaje de ETA a la democracia española.

La fortificación militar de San Cristóbal, que sirvió de presidio durante la Guerra Civil y durante el franquismo, fue construida a finales del siglo XIX, aunque los socialistas navarros y abertzales lo califican de «penal franquista». La fortaleza también es conocida como «fuerte de Alfonso XII» al ser levantado durante su reinado para la defensa de Pamplona. Era propiedad del Ministerio de Defensa, pero tras el acuerdo con Navarra el Gobierno cedió el uso de sus instalaciones a la comunidad foral.

El fuerte se convirtió en penal militar en 1929 y, en 1934, con la Segunda República, pasó a ser una prisión provincial de uso civil, antes de la Guerra Civil. Tras el control de Navarra por las fuerzas franquistas se convirtió en un centro penitenciario para prisioneros republicanos.

«Como sucede con La Cumbre, lo ocurrido con San Cristóbal es un atropello y una desvirtuación de la historia de España. Diría un uso torticero. Una cosa es que fueran esas instalaciones utilizadas para usos represores en distintos momentos de nuestra historia reciente, pero la realidad es que sus orígenes fueron muy distintos: el origen del palacete fue la residencia de una familia de la nobleza vasca y el fuerte fue levantado como un muro defensivo para proteger a Pamplona. Los ciudadanos no somos culpables de lo que hicieran nuestros gobernantes y mucho menos que pase a manos de quienes interpretan los derechos humanos a su antojo, siempre desvirtuando la realidad», destaca un historiador navarro.

Las promesas de reversión de Feijóo

Si por la violencia policial empleada con Lasa y Zabala el Gobierno tuviera que aplicar la misma generosidad empleada con Bildu a otras formaciones políticas, se vería obligado a proceder a la conversión de las casas cuarteles de la Guardia Civil de Zaragoza, Guernica (Vizcaya), Vic (Barcelona), Legutiano (Álava), Murcia o Santa Pola (Alicante) en Centros de Memoria gestionados por las asociaciones de víctimas. En esas dependencias ETA asesinó a 20 personas, entre ellas a nueve niños. También incluiría el edificio de la Dirección de la Guardia Civil de Madrid donde la banda colocó una bomba con 60 kilos de amonal y 40 de tornillería —buscando una macabra destrucción— provocando la muerte de un niño de dos años y 50 heridos. O el uso de una parte de la cárcel de Alcalá-Meco donde, a escasos metros, los terroristas colocaron una bomba accionada al paso de un autobús en el que viajaban 40 agentes de la Policía. Mataron a uno de ellos y a un funcionario de prisiones.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, prometió en julio de 2025 en un congreso de los populares que las primeras medidas a adoptar a su llegada a La Moncloa serían revertir las barbaridades legales y los despropósitos del Gobierno Frankenstein de Sánchez. Anunció diez compromisos para sus primeros 100 días en el ejecutivo. Feijóo se comprometió a reconducir la vida política española: «No entraré en la Moncloa sin llevar debajo del brazo las propuestas normativas para desarrollar desde el primer día un plan de regeneración democrática», aseguró.

El presidente del PP mantuvo que España necesitaba una «reconstrucción» para terminar con la «pesadilla» del Gobierno de Sánchez después de «tanta oscuridad». Las víctimas del terrorismo esperan con inquietud que esa promesa sirva para recuperar la dignidad de todos los españoles —no solo para los vascos, navarros o catalanes, cuyos votos son imprescindibles para que Sánchez se mantenga en la Moncloa— y rescatar el patrimonio del Estado regalado por un puñado de votos. La última gran boutade ha sido la exigencia del presidente vasco, Imanol Pradales, de que el Guernika de Picasso debe ser trasladado durante unos meses al Museo Guggenheim de Bilbao. Si ya se incumplieron las últimas voluntades del pintor malagueño sacando el cuadro del Museo del Prado, llevarlo a otro destino de España supondría un verdadero desprecio a la memoria de Picasso.

Todas estas cesiones del Gobierno al País Vasco y Navarra plantean el debate de si un futuro ejecutivo de otro signo tendrá capacidad legal para lograr una reversión. ¿Podrá el nuevo inquilino de la Moncloa recuperar los palacetes de París y Donosti? ¿Puede un Gobierno desprenderse de bienes que son patrimonio del Estado? Sánchez, por gobernar, se había atrevido a cederle al Gobierno vasco la Dama de Elche si su origen fuera de Hernani y no de la ciudad alicantina. Incluso sería capaz de trasladarla a Sant Feliu de Guíxols si el gran icono del arte ibérico perteneciera a esa ciudad catalana en lugar de Elche. Si Sánchez necesitara más puñados de votos para mantenerse otros cuatro años en la Moncloa, el Museo Arqueológico Nacional (MAN) o el Museo del Prado correrían peligro de extinción. «Cosas veredes, Sancho, que no crederes», como le decía Don Quijote a su fiel escudero.