El Ministerio del Interior utiliza una treta para contratar médicos 'ilegales' en las cárceles
Facultativos denuncian que Prisiones emplea a médicos sin titulo de especialista pese a que la ley lo prohíbe
El secretario general de Prisiones firma un documento. A su espalda, el ministro del Interior. | EP
La grave carencia de médicos en las prisiones españolas ha empujado al Ministerio del Interior a utilizar una treta para contratar a facultativos que no cumplen con todos los requisitos legales de cara a poder desarrollar su trabajo para suplir el déficit de personal. Según la denuncia de varios facultativos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) ha contratado como personal interino en el último año a decenas de médicos que no tienen el título de especialista, es decir, que no ha hecho el MIR. Una circunstancia que contraviene la norma que regula las profesiones sanitarias, que establece que para poder ejercer la medicina en España en el marco de las instituciones públicas es necesario estar en posesión de ese credencial.
Para sortear esa obligación legal, Interior disfrazó la última resolución de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, del 29 de enero de 2025, con contratos para supuestos programas especializados «de educación para la salud, de higiene» o «contra la drogadicción» para aquellos que no tuviesen el título de especialista en medicina familiar, interna o psiquiatría. La realidad es que estos interinos trabajan como médicos «no solo pautando medicamentos, sino además, cubriendo guardias», cuando deberían dedicarse exclusivamente a los cometidos fijados en sus contratos, revelan fuentes de diversos centros penitenciarios.
«Las personas aspirantes que no estén en posesión del título de médico especialista (…) realizarán entre otros, programas de prevención de las patologías infectocontagiosas más prevalentes (VIH, TBC, ITS), programas de educación para la salud, programas de protección de la salud, programas de higiene y salud medioambiental, programas de nutrición, programas de prevención y seguimiento de patologías crónicas, programas para evitar el consumo de estupefacientes en prisión, programas de reconocimiento médico el ingreso en prisión, programas de apoyo y promoción de la salud mental, programas de atención a la mujer (…)», reza la convocatoria del departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz.
«No están habilitados»
El día a día de muchos de estos interinos, en cambio, es bien distinto. «Estas personas no están habilitadas ni para diagnosticar ni mucho menos pautar medicamentos en Instituciones Penitenciarias, y aun así lo están haciendo. Esto obviamente supone un menoscabo hacia los médicos que sí cumplen los requisitos legales», critica facultativos penitenciarios, en conversación con THE OBJECTIVE. Esta situación se da en numerosas prisiones: en los centros de Estremera (Madrid); Cuenca; Topas (Salamanca); Tenerife I; Las Palmas I y II; Botafuegos (Algeciras); Morón (Sevilla) y Soto del Real (Madrid), donde permanecen recluidos el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el caso mascarillas.
En este último penal, Madrid V, según denuncian fuentes penitenciarias, la dirección «insiste en la legalidad de que los interinos sin MIR ejerzan como médicos especialistas, a sabiendas del incumplimiento de dicha ley». Lo que, a juicio de estas mismas fuentes, «es un claro caso de prevaricación» habida cuenta de que perciben incluso el mismo sueldo que el resto de médicos que sí cumplen con lo establecido por la ley. «Es un claro insulto a los profesionales y un perjuicio a la calidad asistencial. Incluso pone en riesgo médico-legal a otros miembros del equipo sanitario, incluyendo al equipo de enfermería».
En otras prisiones, como Villena (Alicante) y Valdemoro (Madrid), la situación es mucho más alarmante, porque prácticamente no hay médicos penitenciarios. Este colectivo denuncia la precarización de su profesión, mucho peor pagada que la de cualquier otro médico de su misma especialidad. «Al final nosotros somos muchos menos y nuestras demandas no tienen casi visibilidad, pero los reclusos también tienen derecho a la sanidad, al igual que nosotros a cobrar lo que nos corresponde por la gran responsabilidad que asumimos», reclaman estos profesionales, que apenas cobran 15 euros por hora en las guardias, ya sean entre semana, sábados, domingos o festivos.
15 años sin cambios en las guardias
«En Cataluña, donde la competencia está transferida, parece ser que hay tortas por coger plaza porque están pagando muchos complementos, pero en las prisiones que dependen del Estado la situación es crítica. No se paga bien, no hay formación… Si no tienes vocación por este trabajo, como le ocurre a muchos, lo poco que se cobra te obliga a tener que irte. Y eso es lo que está pasando desde hace años», explican estos profesionales. Actualmente, el Ministerio del Interior solo tiene cubiertas el 30% de plazas de médico en las cerca de 80 prisiones españolas. Esto es, 152 médicos para atender a decenas de miles de internos.
Lo grave ahora es que presuntamente muchos de ellos no contarían con la especialidad para ejercer el trabajo que realmente desarrollan. El Defensor del Pueblo viene alertando de la falta de médicos en las prisiones desde hace años. En su último informe, publicado la semana pasada, la entidad dirigida por Ángel Gabilondo también crítica la distribución de turnos de 24 horas en algunas prisiones, lo que provoca que no haya médicos durante varios días y se deba usar la telemedicina, lo cual deja en evidencia las graves carencias que padece el sistema penitenciario sanitario.
«En algunos centros únicamente se dispone de médicos contratados que trabajan en turnos de 24 horas y descansan dos o tres días, de modo que uno o dos días a la semana y unas tres noches a la semana no hay médico. Entonces, se cubren con telemedicina dos días a la semana. Los centros hacen una previsión mensual y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias indica los días que podrán hacer uso de ese servicio», refiere el Defensor, que alerta también de que cada vez más se carga todo el peso asistencial los enfermeros. En su memoria, la Fiscalía General del Estado también alertó de las deficiencias de la sanidad penitenciaria, sobre todo en las prisiones de Alicante, Valencia, Islas Baleares y Cádiz.