El diputado del PSOE que privatizó 'Las Setas' en Sevilla rechaza el cobro en Plaza de España
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis puso en marcha una concesión administrativa para la constructora Sacyr
Turistas visitan la Plaza de España. | Rocío Ruz (Europa Press)
Desde que se dio a conocer la propuesta de imponer una tasa a los turistas en la Plaza de España de Sevilla, las reacciones se han extendido por todo el panorama político. Especialmente los socialistas se han posicionado firmemente en contra del plan propuesto por el alcalde de la capital andaluza, del PP.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente de la Cámara Baja, ha destacado por liderar la oposición sobre el proyecto que pretende imponer el Ayuntamiento de Sevilla: «Como diputado por Sevilla, impulsaré desde el Congreso una iniciativa para que el Gobierno rechace privatizar la Plaza de España», explicó en redes sociales.
El PSOE entiende que limitar el acceso y establecer una entrada para los turistas supone «privatizar un espacio público». Sin embargo, el ahora diputado en el Congreso ocupó su cargo como ex teniente de alcalde delegado de Presidencia y Urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla. Bajo su mandato se puso en marcha una concesión administrativa que permitió a la constructora de ‘Las Setas‘, Sacyr, cobrar una entrada a los visitantes.
Una de las críticas más recurrentes en la también conocida como Plaza de la Encarnación es el elevado precio de la entrada para acceder al mirador. El ticket general tiene un costo de 15 euros, lo que muchos turistas consideran un «despropósito». El gobierno del que formaba parte Celis tuvo que firmar un acuerdo económico con la empresa privada para que fuese gratis para los sevillanos, aunque la condición solo incluye hasta el día de hoy a los residentes o nacidos en la ciudad, excluyendo a los habitantes de las demás localidades de la provincia.
A pesar del contraste, Gómez de Celis ha reiterado que el acceso a través de los edificios que rodean a la Plaza de España son competencia del Estado y con su iniciativa hacia el Gobierno pretende que la entrada siempre sea libre.
La respuesta del alcalde
José Luis Sanz no ha desaprovechado su oportunidad ante los medios de comunicación para definir las palabras del vicepresidente del Congreso como «demagogia». Sanz hizo memoria para recordar a Gómez de Celis la «privatización» de la Plaza de la Encarnación bajo el gobierno del alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín.
Ante la presión del exconcejal socialista en su papel como diputado en el Congreso, Sanz también sacó a relucir aquellas inversiones pendientes en Sevilla competencia del Ejecutivo central, como la finalización de la SE-40, la red de Cercanías de Renfe o el polémico túnel que cruzará el Guadalquivir.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Sevilla reitera su defensa en cobrar a los turistas el acceso a la Plaza de España. El alcalde popular ha explicado que el cuidado de este espacio tan «emblemático» pasa por establecer una tasa mínima para su preservación. De esta manera se garantiza una vigilancia continua y un plan de restauración que permita un permanente mantenimiento de la obra de Aníbal González diseñada para la Exposición Iberoamericana de 1929.
Sanz ha recalcado durante la última semana que el IBI que pagan los sevillanos no es suficiente para sufragar los gastos que provienen de este monumento. De hecho, ha retado al Gobierno de Sánchez afirmando que si el Estado aporta cinco millones de euros para el cuidado de la Plaza de España no sería necesario el establecimiento de una tasa.
A través de sus redes sociales, José Luis Sanz no ha dudado en compartir algunas de las escenas sobre el estado en el que se encuentra la histórica plaza sevillana: «Quiero que la Plaza de España sea el gran centro de la celebración del 29 y que llegue en perfecto estado», alegando al futuro centenario del monumento.
Reacción transversal
Según ha podido conocer THE OBJECTIVE la polémica generada por la propuesta del alcalde sevillano se ha extendido más allá de las previsiones del grupo municipal. Además, aunque todavía se trabaja para poder presentar un plan firme, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha mostrado reacia a la posible colaboración para llegar a un acuerdo.
La respuesta de la Junta de Andalucía tampoco ha generado buenas sensaciones en el equipo de Sanz. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha matizado que tanto la galería como el edificio anexo a la Plaza de España corresponden a Patrimonio del Estado, por lo que se hace necesario el beneplácito del Gobierno de España.
Fernández no ha contenido sus duras palabras hacia la decisión municipal tildándola de «absolutamente arbitraria» y ha matizado que suponen una «deslealtad absoluta». El equipo de Sanz inicia una larga carrera en la que pretende convencer a la oposición y a la Junta de Andalucía sobre los beneficios que conllevaría esta resolución.
