Vox Castilla y León exige la retirada urgente de la Ley de Bienestar Animal
VOX cree que la Ley señala a los propietarios como potenciales agresores, maltratadores y explotadores de animales.
Procuradores de VOX presentando la PNL en la sede de las Cortes | VOX
El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León ha estudiado el Proyecto aprobado por el Gobierno de España y se ha visto obligado a presentar una PNL en la que exige al Gobierno de Sánchez la inmediata retirada del Proyecto de Ley de protección, derechos, y bienestar de los animales, por ser totalmente contraria a los intereses del mundo rural.
El Proyecto de Ley del Gobierno de Pedro Sánchez señala a los propietarios como potenciales agresores, maltratadores o explotadores de animales, pretendiendo subvertir la propia naturaleza de la relación ente los animales y sus dueños según entienden en Vox.
Según los responsables de Vox en Castilla y León, nos encontramos ante un texto profundamente restrictivo, arbitrario y plagado de ambigüedades, que aboga por el fin de la tauromaquia y de los festejos populares relacionados con la misma o la prohibición de la caza y pesca deportivas.
Protección del lobo ibérico
Una de las situaciones más complicadas y polémicas de dicha Ley es la protección integral al lobo. Es un problema cada vez más recurrente que afecta a los ganaderos en estos momentos, pero dada la cercanía y del desparpajo que están demostrando algunas manadas que se acercan a los pueblos cada vez con menos reparos, no es de extrañar que en cualquier momento podamos encontrarnos con algún ataque del que nos tengamos que arrepentir.
En este contexto, desde Vox buscan que se lleve a cabo un control de población racional de este depredador para que los problemas no vayan a más, puesto que en estos momentos las consecuencias son demoledoras para la ganadería y para el mundo rural.
PNL exigiendo la retirada de la Ley
La PNL solicita al Gobierno de España «la retirada inmediata del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, por ser contrario a los intereses de los españoles y, en particular, del mundo rural».
Igualmente instan a la Junta de Castilla y León a «tomar todas las medidas, dentro del marco de sus competencias, encaminadas a proteger al mundo rural de Castilla y León, especialmente a los sectores agrícola, ganadero y cinegético frente a las imposiciones de carácter restrictivo, emanadas del Gobierno de España, que supongan un perjuicio para el desarrollo de su actividad».
