La Fiscalía archiva la denuncia de Cs contra el consejero de Educación catalán por el 25% de castellano
Señala que una cosa es discrepar de la línea que ha trazado la política lingüística en el ámbito educativo en los últimos años «y otra que constituya un plan criminal»
El consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray. | David Zorrakino (EP)
La Fiscalía ha archivado este miércoles una denuncia de Ciudadanos contra el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray y otros responsables de Educación por presunta prevaricación con la sentencia del 25% de castellano, al considerar que no se dan los «caracteres propios de ilícito de naturaleza penal».
En el escrito, recogido por Europa Press, Fiscalía ha señalado que una cosa es discrepar de las líneas directrices que ha trazado la política lingüística en el ámbito educativo en los últimos años, y considerar que «las autoridades educativas han mantenido un deliberado apartamiento de la legalidad, y otra que se sostenga que dicho apartamiento constituye un plan criminal».
También ha afirmado que la denuncia de Cs es de naturaleza más política que jurídica, ya que «más allá de la genérica determinación de una responsabilidad derivada del cargo a los responsables de Educación, se cita a toda una pléyade de autoridades y funcionarios, pero sin que se concrete conducta susceptible de encajar» en la prevaricación.
El Fiscal ha asegurado que en la actualidad «no consta acreditada la existencia de un plan criminal a efectos de orillar» el cumplimiento del 25% de castellano por parte de las autoridades denunciadas por Cs.
Ha recordado que la sentencia del 25% de castellano del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) está en la actualidad en proceso de ejecución, por lo que «resulta prematuro pronunciarse sobre si, a fecha de hoy, ha existido incumplimiento o desatención al mandato» del tribunal por parte del conseller y otras autoridades del departamento.
Por último, ha informado de que la resolución sobre el 25% tiene alcance general, por lo que «cualquier ciudadano con interés legítimo puede solicitar su inmediata ejecución a la Administración sin necesidad de acudir a un nuevo proceso judicial».
