Cataluña prevé un anticipo del Estado para pagar a sus proveedores antes de abril

La Generalitat de Cataluña intentará afrontar sus compromisos de pago con sus proveedores y empresas beneficiarias de subvenciones antes de que acabe el primer trimestre del año. Tesorería remitió un correo, desvelado en exclusiva por THE OBJECTIVE, a todas las entidades dependientes del sector público para informarles de que se demoraba el pago de las transferencias comprometidas, a la espera de que la situación se pueda solventar antes del 31 de marzo. La tensión provocada por la falta de liquidez ha obligado al ente público a priorizar otros pagos por «conceptos críticos» como son la deuda, el salario de los funcionarios y los proveedores con mayor «componente de nómina».

Fuentes de la Consejería de Economía explican que la situación de demora se debe «a que los Presupuestos Generales del Estado han sido prorrogados» y, en consecuencia, no ha habido una actualización de las transferencias. Aseguran que no es una situación nueva, que ya se ha producido en otras ocasiones y que, como exponen en el correo, «se está trabajando para revertir la situación». También afirman que ningún proveedor lleva dos meses sin cobrar, frente a lo que denunciaron algunos gerentes en la información publicada por este medio. Estos gerentes y su entorno, no obstante, lo niegan y afirman que el «año pasado también estaban prorrogados los presupuestos y, sin embargo, pagaron el 17 de enero».

En la misiva enviada por Tesorería dejan constancia que comunicarán «cualquier modificación de los escenarios que pueda permitir atender más compromisos antes de la fecha mencionada del 31 de marzo». Una de las opciones posibles sería disponer de «anticipos», que es el dinero que concede el Gobierno central a cuenta futura, creando una suerte de deuda que se salda cuando se aprueban los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Presupuestos prorrogados

Otras fuentes económicas consultadas explican que estos anticipos se efectúan por orden ministerial o por un acuerdo del Consejo de Ministros. Y afirman que la situación que atraviesa la Generalitat se debe a una mala planificación de la gestión de Tesorería, ya que también «podrían haber planificado una prórroga de los presupuestos» para no encontrarse en la situación actual. El conjunto de entidades del sector público transmitió al Departamento de Economía y Hacienda la consolidación de las previsiones de ingresos y pagos de 2024, que son las obligaciones que las entidades ya tienen aprobadas, y la Generalitat no ha podido aún cumplir con sus compromisos dentro de plazo en relación a sus proveedores y empresas subvencionadas.

El debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de los días 26 y 27 de septiembre certificó la necesidad de prorrogar las cuentas públicas para este 2024, ya que el proyecto de ley debe presentarse en las Cortes antes de que finalice septiembre, para su tramitación parlamentaria y entrada en vigor el 1 de enero.

En su artículo 134, la Constitución establece que los presupuestos deben presentarse en el Congreso «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», pero con la fecha del debate de investidura de Feijóo, impidió ajustarse en tiempo y forma a la previsión constitucional.

Pago de la deuda

La Generalitat debe priorizar el pago de los pasivos exigibles a corto plazo, como es la deuda, el salario de los funcionarios (Capítulo 1) y los proveedores que más trabajadores tienen contratados. Esto implica que las pequeñas empresas, los autónomos y/o entidades  subvencionadas (Capítulo 4) sean los últimos a quienes lleguen las transferencias públicas.

No se trataría de un problema de solvencia si no de liquidez, es decir, de la gestión del dinero que la administración recibe a través de los impuestos. La Generalitat debe hacer frente a las transferencias corrientes (que no están vinculadas a la inversión) y a las transferencias de capital (vinculadas a la inversión)