Cs pregunta al Govern si la demora para pagar a proveedores se debe al «pago millonario a TV3»
Los liberales denuncian que el Ejecutivo prioriza mantener «estructuras propagandísiticas» a pagar a proveedores
Carlos Carrizosa, presidente de Ciudadanos en Cataluña | Europa Press
Ciudadanos ha tomado cartas en el asunto sobre la falta de liquidez de la Tesorería de la Generalitat para poder pagar a plazo a proveedores y empresas beneficiarias de subvenciones. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el partido naranja ha presentado una batería de preguntas al Parlament para que el Gobierno de Pere Aragonès especifique qué entidades, consorcios, sociedades mercantiles, etc. son los que se ven afectados por estas tensiones en el flujo monetario que el ente público, vinculado a la Consejería de Economía, reconoce en una carta remitida a todas las entidades del sector público.
Los liberales catalanes consideran que es grave que este asunto no se haya abordado en el Parlament. A su juicio, «el dinero recaudado con los impuestos que todos los catalanes pagan de su bolsillo se destina a mantener estructuras propagandísiticas y no a pagar a proveedores». En las preguntas registradas, piden saber a cuánto asciende el «importe de la deuda total a los proveedores a causa de estos problemas de liquidez».
El presidente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, también ha valorado las informaciones sobre el asunto. Denuncia que «el Govern demuestra, una vez más, su incapacidad para gobernar en Cataluña», porque «tienen unas prioridades que no responden a las necesidades de los catalanes». Como ejemplo de estas otras prioridades señala «el gasto en embajadas ficticias en el exterior, que ya duplica las que tenían en 2017, el riego dinerario a entidades afines al régimen, como Plataforma per la Llengua, o el pago millonario a TV3».
«La noticia publicada por THE OBJECTIVE sobre la falta de liquidez de la Generalitat es muy grave. La Generalitat reconoce que es morosa y que no está al corriente de pago con los proveedores», concluye Carrizosa.
Empleados de TV3
El Ejecutivo catalán ha priorizado el pago por «conceptos críticos», como son la deuda pública -un pasivo exigible al corto plazo-, los salarios de los funcionarios (Capítulo 1) y los proveedores «con un fuerte componente nómina», como reza la misiva de Tesorería.
Los 2.356 empleados de la cadena pública autonómica son trabajadores públicos a quienes el Ejecutivo catalán debe pagar sus nóminas, sin contar el resto de trabajadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que engloba también Catalunya Ràdio. Los medios públicos catalanes también cuentan con una gran partida presupuestaria en las cuentas públicas autonómicas, de alrededor de 300 millones anuales.
Preguntas registradas
En las preguntas registradas al Parlament se hacen eco de las palabras de Tesorería de que «están trabajando para revertir la medida», y solicitan conocer cuáles serán estas medidas, «cómo se compensará a los proveedores» afectados en los retrasos en los pagos y cuáles son los sectores y ámbitos más perjudicados. También explicitan saber «las causas subyacentes que han llevado a la Generalitat a afrontar estos problemas de liquidez».
Según ha podido saber este periódico, el Ejecutivo catalán prevé anticipos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para poder hacer las transferencias pendientes antes del 31 de marzo. La Consejería de Economía ha sostenido que estos problemas de liquidez se deben a la «prórroga de los Presupuestos Generales del Estado».
La Generalitat tiene 282 empresas públicas
De acuerdo con el inventario de empresas del sector público de la Intervención General del Estado, Cataluña cuenta con 282 empresas y organismos que dependen de la administración autonómica. Sin tener en cuenta los entes públicos municipales o estatales que se encuentran en la región. Estos datos reflejan que la autonomía catalana suma más del doble de las que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid (106 empresas públicas).
Cataluña tiene tres tipos de entidades públicas, los consorcios (que pueden estar participados por diferentes administraciones y por privados); las fundaciones; las sociedades mercantiles (que deben tener un mínimo del 50% de capital público) o los entes públicos (como pueden ser las universidades).
