Illa pacta con Pujol que tenga un funeral de Estado pese a los casos de corrupción

Salvador Illa y la familia de Jordi Pujol han llegado a un acuerdo para la celebración de un funeral de Estado para cuando fallezca el expresidente con más influencia política en la Cataluña de las últimas décadas, según fuentes de la Generalitat. El pacto se produce cuando el jerarca de la saga y sus siete hijos se enfrentan en la Audiencia Nacional a graves delitos de organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero. 

El exmolt honorable president Jordi Pujol, al frente de la Generalitat durante 23 años (1980-2003), cumplirá el próximo mes de junio los 96 y se encuentra en un grave estado de salud tras haber sufrido dos ictus y una neumonía. El fundador de Convergencia Democrática de Cataluña y sucesor de Joseph Tarradellas en el palacio de la Plaza de San Jaime no se ha sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional al sufrir, según los forenses, «un deterioro cognitivo moderado» que le impide participar en el juicio con todas las garantías físicas y mentales. 

Esa situación no le exime de las graves acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por las que le pide nueve años de cárcel. Pujol se enfrenta a una larga lista de los delitos: asociación ilícita y organización criminal, blanqueo de capitales, evasión fiscal y falsedad documental.

A pesar de todos esos antecedentes de corrupción política y económica, Jordi Pujol será distinguido por decisión del presidente Illa con un entierro con todos los honores. Desde el PSC uno de sus altos cargos observa que se puede dar la circunstancia de que «el funeral de Estado coincida con la sentencia de un juicio en el que los Pujol se enfrentan a condenas que llegan hasta los 29 años de cárcel». La estampa de los siete hijos del expresidente detrás del féretro envuelto con la señera catalana puede resultar esperpéntica, sobre todo, por la acusación más grave para la opinión pública: «La creación de una organización criminal con el fin de ocultar una fortuna de procedencia ilícita», según la Fiscalía. 

Las mismas fuentes socialistas consultadas adelantan que en las conversaciones con los Pujol el actual presidente catalán solo se opuso a una de las propuestas más extravagantes: que el funeral fuera una copia del ofrecido al presidente Francesc Macià en 1933. Entonces, el féretro descansaba en un carro tirado por cuatro caballos y escoltado por agentes a caballo, entre ellos jinetes de la Guardia Civil con traje de gala. La capilla ardiente del primer presidente catalán tras la proclamación de la República en el Palacio de la Generalitat fue visitada durante dos días por un millón de personas que aguantaron largas colas durante horas. Sus restos fueron trasladados desde la Presidencia hasta el Parlamento catalán y, desde allí, al cementerio de Montjüic.

Un funeral de Estado a un procesado por corrupción

Un sector de los socialistas del PSC ve poco edificante el reconocimiento de los honores de un funeral de Estado a un político investigado por corrupción, a quien le descubrieron movimientos bancarios en Andorra y otros paraísos fiscales. Tal fue la repercusión social que el Ayuntamiento de Barcelona le retiró la Medalla de Oro de la Ciudad y otros municipios catalanes su nombre del callejero urbano. 

Cuando las supuestas prácticas corruptas de Jordi Pujol fueron descubiertas por la Policía, el molt honorable president se defendió en el Parlamento de Cataluña activando el ventilador de las miserias políticas de otros. El histórico dirigente nacionalista hizo un símil con las ramas de los árboles y apeló a la ley de la omertá. Pujol amenazó en catalán: «Si sacsegeu les branques cauran tots els nius» («Si se sacuden las ramas caerán todos los nidos»), en referencia a otras personalidades cuyo dinero también había discurrido por el mismo banco andorrano que utilizó.

La decisión de Illa también suscita un agravio comparativo con otras personalidades como Juan Carlos I que se vio obligado a fijar su residencia en Abu Dabi sin la gravedad de las acusaciones contra Pujol y sus hijos. Lo mismo sucedió con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina a quienes la Casa Real les retiró en 2015 el título de Duques de Palma por la imputación en el caso Nóos. Sus nombres también fueron eliminados de instalaciones deportivas y calles de varias poblaciones españolas. El ayuntamiento de Palma retiró del callejero la denominación Rambla dels Duques de Palma, en referencia al matrimonio. La infanta perdió la Medalla de Oro concedida por el Ayuntamiento de Barcelona en 1997 tras su imputación en el mismo caso por fraude fiscal, a pesar de no ser condenada. 

Lo mismo pasó con políticos como Francisco Camps que, aun siendo absuelto de todos los procedimientos del caso Gürtel, le fueron sustraidos los honores concedidos por varias poblaciones valencianas.

En Cataluña otros políticos nacionalistas de la etapa de Pujol les fueron anulados los méritos obtenidos en su etapa pública. Así les sucedió a Félix Millet (Palau de la Música), Daniel Osácar (extesorero de CDC), Lluís Prenafeta (ex secretario de Presidencia con Pujol, caso Pretoria) y Manuel Bustos (exalcalde de Sabadell, caso Mercurio).    

Jordi Pujol llegó a admitir públicamente que disponía de una fortuna oculta en entidades financieras en el extranjero procedente de una herencia familiar, pero los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) no pudieron confirmar su coartada.  Todo lo contrario, los investigadores calcularon en 290 millones de euros el dinero defraudado por los Pujol mientras el progenitor ostentaba el poder absoluto en Cataluña.

El expresidente catalán hizo popular a la unidad de la policía económica y fiscal en un programa de televisión. «¿Qué coño es la UDEF?», es la célebre frase que Jordi Pujol pronunció durante una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público de Antena 3 para menoscabar las investigaciones policiales que lo señalaban como un defraudador y comisionista.

La Fiscalía en su escrito de acusación hacía hincapié en que los fondos amasados por los Pujol habían sido obtenidos de manera ilícita y que el expresidente catalán y su mujer, Marta Ferrusola, —fallecida en 2024— eran quienes dirigían los movimientos para «ocultar y aflorar el dinero». Ferrusola, que quedó fuera de la causa por demencia senil, se refería a sí misma como «la madre superiora de la congregación». 

Illa busca votos en el caladero de Junts

Illa alcanzó el compromiso con los hijos de Pujol tras una propuesta presentada por él. En su mandato de 18 meses al frente de la Generalitat ha llegado a recibir en su despacho al decano de los presidentes catalanes al menos en dos ocasiones. Según las fuentes consultadas, la estrategia de Illa pasa por agradar a un sector del electorado de Junts per Catalunya —a los nostálgicos de la antigua Convergencia i Unió— para pescar votos en ese caladero nacionalista. Sus planes expansionistas, según las mismas fuentes, explicaría también su acercamiento a Foment del Treball Nacional, el poderoso lobby catalán que representa a los empresarios e industriales de la comunidad autónoma desde 1771. Uno de los primeros pasos de Illa tras convertirse en inquilino del Palacio de San Jaime fue entrevistarse con Josep Sánchez Llibre para pedirle su colaboración e iniciar un diálogo con la patronal catalana.

Illa destacó ante los hijos de Pujol la importancia del molt honorable en el proceso de la Transición, sobre todo por dar estabilidad a la democracia española tras sus acuerdos, primero con Felipe González y, más tarde, con José María Aznar, con quien selló el conocido como «pacto del Majestic». Sin embargo, no entró en valorar los casos de corrupción vinculados al expresidente y a su partido CiU (las comisiones del «3%»), ya que emponzoñarían el funeral de Estado tras su óbito. 

A Junts, los herederos de Convergencia i Unió (CiU) —la coalición creada por Pujol entre los convergentes y Unió Democràtica de Catalunya (UDC)— le preocupa cómo podría repercutir en la ciudadanía catalana el funeral de Estado organizado por Salvador Illa a causa de los escándalos de corrupción que han contaminado a toda la familia Pujol Ferrusola. Además, dirigentes del partido independentista destacan otro hecho controvertido: por la avanzada edad del expresidente y su estado de salud, su fallecimiento podría coincidir con las conclusiones del juicio o con la propia sentencia: «Pujol ha sido un político histórico para Cataluña y para el Estado, pero no es el mejor momento para celebraciones con alharacas y boatos».    

Entre el fallecimiento de Macià, cuyo entierro marcó un hito en Cataluña, y el óbito de Jordi Pujol —cuando se produzca, inevitablemente—, hay que destacar otro funeral de Estado en Barcelona, el 12 de junio de 1988: el sepelio de Josep Tarradellas, el último presidente de la Generalitat en el exilio y el primero de la democracia. La comitiva con el féretro cubierto con la señera salió del Palacio de la Generalitat en la Plaza San Jaime y recorrió las calles de la Ciudad Condal hasta llegar a la explanada de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Allí se celebró una misa ofrecida por el arzobispo de Barcelona ante dos mil invitados. Entre los asistentes estaban el presidente Felipe González, el expresidente Adolfo Suárez y Jordi Pujol, que sustituía a Tarradellas.

Tarradellas contó, al igual que Francesc Macià —un símbolo del catalanismo republicano—, con una capilla ardiente en la sede de la Generalitat, pero no con un carruaje tirado por caballos. 

Otros pactos para funerales de Estado

El funeral de Pujol no es el primero pactado por un dirigente socialista. La Casa Real también llegó a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para celebrar un funeral de Estado cuando fallezca el rey Juan Carlos I que, aunque es más joven que Pujol, acaba de cumplir 88 años. 

Tras la muerte y el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, la Moncloa y la Zarzuela pactaron en mayo de 2022 la organización del funeral de Juan Carlos I para cuando falleciera en su exilio de Abu Dabi. El rey Felipe VI y el presidente Sánchez, en medio del debate sobre la negativa del Gobierno a que el padre del jefe del Estado fijara su residencia en España, abordaron las repercusiones en la opinión pública por si el rey emérito fallecía en Emiratos Árabes.  

El Gobierno ofreció a la Casa Real el traslado de los restos del exmonarca en un avión oficial y su tratamiento de funeral de Estado, como ya se hiciera con don Juan de Borbón, que incluso nunca llegó a reinar. La Zarzuela asumió la propuesta del Gobierno en el sentido de que la muerte de Juan Carlos en el extranjero quedaría superada después de tres días de exequias con los máximos honores en España, con una capilla ardiente y su inhumación en el Panteón de los Reyes de El Escorial con la asistencia de las familias reales europeas. Todo ese protocolo dependerá de quién gobierne en España cuando se produzca el deceso.

Las negociaciones entre la Casa del Rey y los fontaneros monclovitas prosperaron después de que Juan Carlos I se desplazara, en mayo de 2022, de Abu Dabi a Sangenjo (Pontevedra), tras 655 días de exilio, para asistir a unas regatas que llevaban su nombre en contra del criterio gubernamental. La Moncloa tiene un protocolo que resuelve los funerales de Estado, pero en el caso de Juan Carlos I la solución se presentaba como algo muy especial.

El propio monarca emérito también se pronunció sobre su propio entierro. Juan Carlos I se sinceró con su amiga Laurence Debray mientras la escritora lo entrevistaba en Abu Dabi para su libro Mi Rey depuesto. La autora le preguntaba por su funeral y el Emérito le contestaba: «El entierro de mi padre fue muy bonito. Ahora debo pensar en el mío».

Don Juan de Borbón fue enterrado en el Panteón de Reyes de El Escorial en un funeral de Estado al que asistió Juan Carlos I, acompañado por el presidente del Gobierno, Felipe González. Al conde de Barcelona le rindieron honores militares y su féretro fue cubierto con la bandera española.