Vox se suma a PP y Cs y pide explicaciones al Gobierno por el polémico rescate a Vivanta
El partido liderado por Santiago Abascal ha cuestionado el préstamo de casi 40 millones de euros que el Ejecutivo aprobó para la compañía de clínicas dentales
El líder de Vox, Santiago Abascal. | Alberto Ortega (Europa Press)
El conocido como ‘caso Vivanta‘, que persigue al Gobierno por la polémica ayuda realizada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para salvar grupo de clínicas dentales, ha despertado las dudas de todas las grandes formaciones que representan la oposición al Ejecutivo.
Si el Partido Popular y Ciudadanos ya registraron sus preguntas para que el Ejecutivo rompiera su silencio al respecto y diese explicaciones en el Congreso de los Diputados, ahora se ha sumado Vox. Los de Santiago Abascal han trasladado a la Cámara sus dudas acerca de la información desvelada por el diario THE OBJECTIVE y que apunta a las pocas garantías que traslada esta compañía, que ha recibido un préstamo participativo por valor de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones que non ha sido explicado.
En concreto, las preguntas han sido elevadas por los diputados Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Víctor González Coello de Portugal, Inés María González Pacheco, Ruben Silvano Marco y Rodrigo Jiménez Revuelta y se dividen en dos frentes: quién asesoró al Gobierno con esta operación y qué razones han llevado a emprenderla. Las preguntas concretas son:
- ¿Con qué asesores externos ha contado el Consejo Gestor del Fondo para el análisis de la situación económica y jurídica de la compañía y cuál ha sido el importe económico desembolsado por el servicio?
- Tiene conocimiento el Gobierno de si la compañía se encontraba en dificultades financieras en el año 2019? En caso afirmativo, ¿en qué situación financiera y corriente se encontraba a fin de ese ejercicio? ¿Qué ingresos, EBITDA, beneficio neto y deuda financiera neta ha tenido la compañía en los ejercicios 2020 y 2021?
- ¿Tiene conocimiento el Gobierno de cuántos franquiciados mantienen litigios con el grupo?
Es decir, Vox quiere saber por qué el Gobierno dio luz verde a la concesión de una ayuda pública de 40 millones tras considerar Vivanta como una empresa «estratégica», a pesar de que cuenta con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España.
El escándalo de Vivanta despierta las dudas de los expertos
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros organismos públicos y partidos políticos, han recibido en los últimos días un dossier que ha puesto en el ojo del huracán el rescate de 40 millones de euros concedido ‘in extremis’ por el Gobierno al Grupo Vivanta a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
Los exsocios de la compañía que han elaborado el dossier dicen haber entregado el expediente, entre otras razones, debido a la ira desatada en el Consejo General de Dentistas, órgano de representación de los odontólogos, que también ha recibido el documento sobre las presuntas irregularidades en esa compañía. Su presidente, Óscar Castro, ha mostrado su «total rechazo» a ese rescate: «El Gobierno va a destinar 44 millones de euros para el Plan de Salud Bucodental Estatal de todos los ciudadanos y 40 millones en rescatar a una única empresa privada que tiene 200 clínicas por todo el país. No es un reparto equitativo en absoluto».
En esa documentación, los exsocios de la compañía detallan presuntas actividades ilícitas en el seno de la firma, entre ellas «doble contabilidad» y «ocultación de facturación», que habría cometido esta empresa creada por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España.
Grupo Vivanta registró pérdidas de 45 millones de euros en el año 2019, según consta en las cuentas depositadas por Vivanta en el Registro Mercantil. Pero, precisamente, no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de ese año era uno de los requisitos fijados por la SEPI para poder optar a las ayudas públicas del Fondo, así como haber caído en desgracia como consecuencia de la covid. A pesar de ello, y tras el estallido de la pandemia, Portobello llegó a un acuerdo con BNP Paribas y Two Thirty S.A.R.L., entidades que inyectaron 144 millones de euros en la compañía a finales del año 2020 a través de una ampliación de capital.
