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Política

El Gobierno aprueba la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas

El objetivo del mismo, anunciado por Irene Montero, es «planificar y coordinar las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres»

El Gobierno aprueba la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas

La ministra de Igualdad, Irene Montero. | A. Pérez Meca (EP)

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas, un «mapa» de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres hasta 2025.

Fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, la encargada de anunciar el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria que el Gobierno aprobaría este texto en este Consejo de Ministros. El objetivo del mismo es «planificar y coordinar las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres».

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, aseguró este lunes en rueda de prensa para presentar la campaña con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de las violencias contra la mujer, que la Estrategia ha sido muy trabajada y participada.

Se trata, según sus palabras, del «mapa de instrucciones de las políticas públicas» sobre la violencia contra las mujeres, es decir, los tipos de violencia que España reconoce y los tipos de políticas púbicas que el país quiere activar para erradicarlas.

Cuatro ejes

Montero explicó que la Estrategia se estructurará en cuatro ejes: el primero está centrado en actualizar y consolidar las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos; y el segundo, en la sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencias machistas.

El tercero versará sobre la protección, seguridad y atención integral a las víctimas con los recursos adaptados; y el cuarto, sobre «la respuesta coordinada y multiagencia de los derechos de víctimas que minimice el riesgo de victimización secundaria».

Según la secretaria de Estado, no hay una estrategia desde 2016 con lo que la existente, además de estar «caducada, se ha quedado atrasada a la luz de todos los avances» del país en materia de lucha contra las violencias machistas, tanto por las leyes aprobadas como por los nuevos mandatos internacionales.

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