Balaguer refuerza sus opciones de presidir el TC tras oponerse a la maniobra del Gobierno
La magistrada descartó unirse a los compañeros progresistas que pedían celebrar un Pleno para tratar la idoneidad de Juan Carlos Campo y Laura Díez
La magistrada María Luisa Balaguer. | Carmen Suárez
La pugna por presidir el Tribunal Constitucional sigue abierta. El favorito continúa siendo Cándido Conde-Pumpido, pero la magistrada María Luisa Balaguer no le pierde la pista. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE afirman que su posible candidatura se ha visto reforzada esta semana tras oponerse al órdago que lanzaron tres compañeros progresistas para tratar la idoneidad de los candidatos designados por el Gobierno sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligiera a su par.
El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, frenó el miércoles el intento de tres magistrados progresistas encabezados por Conde-Pumpido de convocar un Pleno urgente para otorgar el plácet del tribunal al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, a pesar que las posiciones en el CGPJ están cada vez más distanciadas. Celebran un cónclave el 22 de diciembre, el mismo día que el tribunal de garantías, pero no parece que vaya a resultar fructífero.
La iniciativa para abordar el asunto antes de esa fecha partió de los magistrados Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán. Otros miembros progresistas, como el vicepresidente Juan Antonio Xiol y la citada Balaguer, descartaron unirse a la petición y se alinearon con sus compañeros conservadores. El presidente del Constitucional decidió entonces mantener el acuerdo del día anterior, aunque nunca fue sometido a votación.
Pugna Balaguer-Conde Pumpido
Las fuentes consultadas afirman que, con esa postura, Balaguer demostró a sus colegas que es una magistrada independiente. Una característica que favorece sus aspiraciones para convertirse en la segunda mujer que preside el Constitucional, tras María Emilia Casas. Su entorno sostiene que esa posibilidad no le quita el sueño porque entre sus planes nunca entró liderar el órgano. No obstante, la magistrada almeriense aspirará al cargo si considera que cuenta con los apoyos suficientes.
Como adelantó THE OBJECTIVE, Balaguer puede dividir el voto de los magistrados progresistas y contar con el respaldo de los conservadores, que perderán la mayoría cuando se renueve el tercio que deciden Gobierno y CGPJ. Los miembros de este sector ven en ella a una persona menos alineada con las tesis gubernamentales y menos politizada mediáticamente. No en vano, Conde-Pumpido fue designado fiscal general del Estado por José Luis Rodríguez Zapatero y estuvo en el cargo entre 2004 y 2011.
La posición de Balaguer también supone un balón de oxígeno para el CGPJ, donde las distintas sensibilidades no se ponen de acuerdo en designar a los dos magistrados que les corresponden en el Constitucional. Los progresistas ya han puesto sobre la mesa el nombre de Jose Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Un perfil que no apoya el sector conservador y que dificulta el acuerdo.
El nombramiento de Bandrés resulta decisivo para promocionar a Conde-Pumpido hasta la presidencia. Si los vocales progresistas no consiguen su propósito, el caso podría dar un giro de 90 grados, ya que la elección de otro magistrado no garantiza el apoyo al ex fiscal general. Otro de los candidatos progresistas que sonó para el Constitucional por la vía del CGPJ es Pablo Lucas. Las fuentes consultadas afirman que si resulta designado, las posibilidades del juez gallego se resentirían.
Un Pleno controvertido
La maniobra de Conde-Pumpido y otros dos magistrados para adelantar la idoneidad de los dos candidatos designados por el Gobierno para formar parte del Constitucional no ha gustado a sus compañeros. Incluso ha generado controversia, ya que el miércoles fue necesario interrumpir el Pleno durante dos horas. Cuando se retomó, el presidente abrió un turno para abordar los nombramientos del Ejecutivo. La mayoría de miembros se mostró contraria a fijar un nuevo Pleno antes del 22 de diciembre, como habían acordado un día antes.
No es la primera vez que Conde-Pumpido protagoniza un conflicto con sus colegas. En julio del año pasado, descalificó a otros magistrados del tribunal de garantías por votar en contra de los decretos del estado de alarma, aunque luego se disculpó. Su nombramiento toma especial relevancia porque el Constitucional debe pronunciarse sobre temas sensibles como el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, la ley Celáa, la de eutanasia, la del aborto, la de Memoria Democrática o la norma catalana que ataca el uso del español en las aulas.
Balaguer y Conde-Pumpido llegaron juntos al Tribunal Constitucional. Ambos fueron nombrados en marzo de 2017 a propuesta del Senado. La salida del actual presidente, uno de los miembros del órgano cuyo mandato de nueve años ha expirado, abre la puerta para la elección de un nuevo mandamás. Aspiran al cargo aquellos magistrados que están en el último tercio de sus mandatos, situación en la que se encuentran ambos magistrados.
La almeriense es catedrática de Derecho Constitucional y está adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga. Ha ejercido como profesora de Derecho y Periodismo en esa misma universidad y dirigió la revista Artículo 14, una perspectiva de género, que editó el Instituto Andaluz de la Mujer. Además, ha coordinado dos congresos de Derecho Constitucional.
Leo estos artículos sobre la deprimente situación de la justicia en España, y luego veo cómo tenemos en un pedestal a Felipe González y Alfonso Guerra y demás «hombres de Estado».
Cierto es que cada presidente que viene es peor que el anterior, en mi opinión. Pero es que todos han sido traidores a los intereses de su pueblo. González nos vendió y traicionó todo lo que pudo. De Aznar y su movimiento vasco de liberación y catalán en la intimidad lo mismo se puede decir.
Luego ya el asunto va cuesta abajo y sin frenos. Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez.
La independencia judicial es clave para cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Lo que está haciendo Sánchez y sus apoyos políticos, mediáticos y culturales es ir en contra del interés general del país y de los fundamentos del estado de derecho y democrático y poner en riesgo la permanencia de España en la UE.
Por eso me parece muy acertada la argumentación del 16 de julio , en La Vanguardia” de Lorenzo Bernardo de Quirós en “ La renovación del CGPJ “ escribe : “ la justicia constituye el contrapeso básico para evitar el abuso del poder del gobernante y garantizar los derechos y libertades de los individuos. Por tanto, su independencia es fundamental”.
“las personas que integran el máximo órgano de gobernanza de un poder independiente, el judicial, no deben ser elegidas por los representantes de aquellos otros poderes, legislativo y ejecutivo, cuya actuación han de controlar y fiscalizar. Por eso, 12 de los 20 miembros de ese organismo constitucional eran elegidos por los propios jueces y magistrados de todas las categorías judiciales hasta que el primer gobierno socialista aprobó una reforma legal que concedía a los partidos representados en el Parlamento la facultad de elegir a la totalidad. “A pesar de lo sostenido por el Gobierno, esa situación es anómala en el seno de la Unión Europea.” En este contexto, lo razonable y equilibrado sería que el Gobierno y la oposición pactasen no el reparto del CGPJ, sino que el procedimiento de elección de sus integrantes se ajustase a las recomendaciones y normas vigentes en Europa e imperantes en todos los estados de la Unión Europea con dos notables excepciones: Polonia y Hungría”.
Que vergüenza que los jueces sean tan partidistas .