La Fiscalía rechaza el plan de Interior de avisar a las mujeres de los antecedentes de sus parejas
El Ministerio ha aclarado tras el tirón de orejas que los avisos serán solo si se comprueba que el agresor tiene más víctimas y no se harán de forma automática
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
La Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer ha contestado al Ministerio del Interior que su propuesta para alertar a mujeres que denuncien una agresión por violencia de género en el caso de que convivan con un agresor con antecedentes puede llevarse a cabo siempre que no sea una práctica generalizada ni automática y si previamente se concluye que existe un «factor de riesgo relevante» para la mujer denunciante.
En su escrito de 13 de diciembre, consultado por Europa Press, la fiscal Teresa Peramato Martín contesta a María Jesús Cantos Cebrián, comisaria de la Policía Nacional del Área contra la Violencia de Género del Ministerio del Interior realizando una serie de observaciones a la medida que quiere impulsar el titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska.
«Es parecer esta Fiscal de Sala -dice textualmente- que la transmisión de la referida información a la víctima en los términos que se plantea la consulta no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada y que únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección».
Ante el tirón de orejas de la Fiscalía, el Ministerio del Interior ha aclarado posteriormente que en ningún momento ha planteado hacer llegar una «alerta genérica o automática» sobre los antecedentes machistas a las mujeres que conviven con hombres que han agredido a otras mujeres.
«Nunca se ha pretendido, planificado o sugerido la activación de una alerta ‘génerica’ o ‘automática’ frente a reincidentes por violencia de género», han matizado fuentes de Interior, pues por el escrito de Peramato se podía entender que sí se había valorado la implementación de un aviso automático a estas mujeres. Más bien, la herramienta en la que se trabaja es un «protocolo que permita tasar y ponderar la colisión de derechos fundamentales» de los agresores y que aún no se ha definido.
Agresor con más víctimas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó ayer que hubiera discrepancias con Justicia sobre esta medida que quiere poner en marcha en las «próximas semanas», una vez reciba el visto bueno de la Abogacía del Estado sobre que se están respetando requisitos constitucionales como el derecho a la intimidad o la protección de datos de carácter confidencial.
El Ministerio, a través de la consulta el 11 de noviembre de la comisaria María Jesús Cantos, consultó a la Fiscalía para «aquellos casos en los que una mujer denuncia una agresión por violencia de género en dependencias policiales y se comprueba en el Sistema Viogén que ese agresor tiene más víctimas».
Interior lo que quiere, según consta en el escrito del Ministerio Público, es que «los agentes intervinientes avisen de ese riesgo al que está sometida». Para ello, alegan -como ha señalado públicamente Grande-Marlaska- que la experiencia policial refleja que existe «mayor riesgo de ser agredida nuevamente con más intensidad y menor tiempo de latencia».
Tras recordar la legislación en la materia, la fiscal Teresa Peramato recuerda que el responsable del «tratamiento» de dichos datos personales es el Ministerio del Interior, concretamente el director general de Coordinación y Estudios, cargo que ostenta José Antonio Rodríguez.
En su escrito, la Fiscalía comienza con dos apartados de «observaciones» en relación con las limitaciones marcadas por la Ley Orgánica 7/2021 sobre protección de datos, señalando que Interior debe cambiar su protocolo sobre gestión de seguridad y protección de las víctimas recogido en la instrucción 4/2019.
También recuerda el artículo 136.4 del Código Penal, que dispone que las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes «no serán públicas».
En su repaso a la legislación cita la Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, así como la Ley de protección Integral de violencia de género o el Estatuto de la Víctima, en este último caso sobre la obligación de «recibir sin retrasos innecesarios información adaptada a sus circunstancias y condiciones».
Según la Fiscalía, en el nuevo protocolo de alertas sobre agresores con antecedentes de violencia de género tiene que «superar un triple juicio: idoneidad, necesidad y proporcionalidad». «Es decir», aclara, evaluar «si la injerencia producida en el titular del derecho objeto de restricción por la medida es la mínima en aras al logro del fin legítimo perseguido con aquella».
El Gobierno reconoce que «algo está fallando»
Previamente, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, había señalado que el Gobierno asume que «si se siguen produciendo» los datos que en materia de violencia de género se están contabilizando es porque «algo está fallando» y ha apuntado que es «obligación de los poderes públicos revisar» los protocolos al respecto y «trabajar para dar una respuesta adecuada» a las mujeres.
Preguntada por las medidas que va a plantear el Ejecutivo ante el repunte de asesinatos machistas registrado en diciembre y en la primera semana del año, Rodríguez ha recordado que Interior se ha reunido este martes con las fuerzas de seguridad del Estado y las policías territoriales para analizar qué es lo que ha ocurrido en 2022 en esta materia y, especialmente, en aquellos casos que había denuncia o advertencia previa.
En este sentido, y aunque ha destacado el sistema de protección español a las víctimas de esta lacra como «pionero», sí ha señalado la necesidad de revisar protocolos o de aprovechar los sistemas de Inteligencia Artificial o alertas «para modernizar sistemas».
Respeto a los derechos
Sobre la posibilidad de alertar a las mujeres de los antecedentes por violencia de género en casos graves, de la que duda la Fiscalía, la ministra portavoz ha insistido en que el Gobierno y las comunidades autónomas trabajarán para mejorar la protección de las mujeres pero «siempre respetando la colisión de una posible vulneración de derechos», en este caso, de la parte del agresor y en el marco del sistema de derecho.
«Pero el Estado debe estar prestando especial atención y protección a las mujeres y en esta senda están trabajando los diferentes departamentos», ha declarado.
En su intervención, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado la «semana especialmente dolorosa» vivida con tres mujeres asesinadas por esta lacra y otro caso pendiente de confirmación «en apenas unos días». A su juicio, estos datos ponen también de manifiesto «la dificultad» que supone «combatir todo tipo de agresiones contra la mujer».
‘Ley del solo sí es sí’
Preguntada también por una posible modificación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del solo sí es sí, tras la rebaja de penas a violadores, la ministra portavoz ha explicado que el Gobierno «trabajó» esta norma con un objetivo de fortalecimiento de la protección de las mujeres, algo que también compartió, según ha explicado, el Parlamento durante la tramitación del texto en las Cortes.
Así, y sin hablar de una posible reforma, Rodríguez ha explicado que el Ejecutivo está «pendiente de la labor que ahora tienen que hacer los operadores jurídicos en la aplicación de las normas», así como de la «unificación de la doctrina» sobre la misma.
También ha recordado la modificación que se ha hecho, a través de una enmienda a la reforma del Código Penal, para «recordar la orientación» de esta ley.
