Castilla y León niega haber aprobado un plan 'antiaborto': «No existe»
El Ejecutivo central ha amenazado con presentar un nuevo requerimiento contra la Junta por una medida que no ha sido tramitada por el Consejo de Gobierno
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. | Nacho Gallego (EFE)
El lío del plan ‘antiaborto’ de la Junta de Castilla y León y la amenaza de un segundo requerimiento -esta vez de incompetencia- por parte del Gobierno central cuenta con un nuevo problema: no existe ninguna norma, ley o protocolo nuevo aprobado por el Consejo de Gobierno local que recoja las medidas anunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, en varias ruedas de prensa.
Fuentes del Gobierno de la Junta de Castilla y León consultadas por THE OBJECTIVE han matizado que el Ejecutivo local no ha aprobado ninguna nueva norma relativa a esta cuestión y que, como tal, «no existe» un nuevo protocolo que obligue a los sanitarios de la región a ofrecer ecografías 4D o escuchar los latidos del feto a las madres que quieran abortar en la comunidad.
Las mismas fuentes aseguran que esa norma no se ha dado en ningún momento y que como tal no va a aprobarse.
El Boletín Oficial de Castilla y León no ha publicado ninguna normativa que trate esta materia, por lo que no se encuentran en vigor nuevas medidas y tampoco pasan a ser obligatorias a pesar de las declaraciones del político de Vox, quien ante los medios aseguraba que los médicos estaban obligados a informar a las embarazadas del nuevo protocolo al tiempo que alababa medidas similares a su propuesta aprobadas por el Gobierno de Hungría.
Choque en el Gobierno de la Junta
Y es que las palabras de García-Gallardo han causado un cisma en el Gobierno de la Junta de Castilla y León. A las pocas horas de estas declaraciones y tras un fin de semana en el que ambos socios no desaprovecharon sus comparecencias públicas para matizar -a su favor cada uno- las propuestas ‘provida’, el propio presidente Mañueco tuvo que salir a desautorizar a su vicepresidente al tratar de imponer una serie de medidas que dependía de Salud (controlada por los populares) que desmintió.
«Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León», explicó.
«No se obligará a las mujeres embarazadas a nada, serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar, según su criterio clínico», dijo.
Además, añadió que la propuesta de su socio de Gobierno podía incurrir en presiones: «Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar».
En las últimas horas, Vox ha amenazado con romper el Gobierno de la Junta en caso de que no se aplique su plan ‘provida’.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha declarado que su partido «no dará ningún paso atrás» en el plan anunciado y ha amagado con salir del ejecutivo autonómico si el PP incumple: «Si no se cumplen los acuerdos tendremos que revisar si seguimos en el gobierno», ha dicho.
«Exigiremos que se cumpla lo acordado. Eso está pactado y esperamos que la consejería de Sanidad emita la orden en los próximos días», ha contestado Garriga, que ha confirmado que espera que en la orden se establezca la obligatoriedad para los médicos de ofrecer a las mujeres embarazadas la oportunidad de escuchar el latido fetal entre la sexta y la novena semana del embarazo
El Gobierno presenta un segundo requerimiento
Tras el primer requerimiento enviado por el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad -que la Junta asegura haber recibido 36 horas después de su envío-, el Consejo de Ministros ha anunciado que enviará un segundo en las próximas horas, esta vez de incompetencia al considerar que las medidas propuestas vulneran la nueva ley del aborto.
Este es un trámite que se realiza directamente hacia una comunidad autónoma -en este caso Castilla y León-, que se vería afectada por esta medida. De esta forma, el Gobierno central solicita al actor implicado que derogue o anule el acto o disposición -en este caso la polémica medida- al asegurar que se encuentran viciados de incompetencia, es decir que sus competencias no le permiten actuar sobre esa determinada cuestión.
En resumen, el Gobierno considera que a pesar de que la Junta de Castilla y León tiene las competencias de Sanidad transferidas, al igual que el resto de comunidades, las medidas (al menos como las ha planteado en varias ruedas de prensa el vicepresidente, Juan García-Gallardo) las extralimitan, vulneran o menoscaban «la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior», tal y como ha informado el Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de Comunicación.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones –incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que ataquen los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla.
Sin embargo, no existe ningún tipo de norma sobre la que se aplicaría esta norma. La Junta no ha aprobado protocolo alguno y los sanitarios de la región no deben aplicar nada nuevo. El Gobierno, de esta forma, acusará al Ejecutivo castellanoleonés de exceder sus competencias en esta cuestión solo por las declaraciones del vicepresidente Gallardo.
