El Gobierno asume que no puede recurrir al TC si Mañueco no publica su 'protocolo antiaborto'
Fuentes de Moncloa sostienen que el requerimiento previo a un conflicto de competencias como el que plantean no requiere de una prueba fehaciente
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. | Eduardo Parra (EP)
El Ejecutivo sigue rentabilizando el filón electoral del supuesto protocolo antiaborto del que aún se desconoce si responde más a los deseos de Vox que a la realidad de lo acordado con el PP. A pesar del desmentido tajante del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el llamamiento al orden del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno hace oídos sordos e intenta sacar tajada de la crisis abierta entre los socios de coalición en el gobierno castellano y leonés en aras de « la defensa de los derechos, la seguridad y la tranquilidad de las mujeres».
En un movimiento que podría formar parte de la película Minority Report, el Ejecutivo anunció este martes un recurso preventivo ante el Tribunal Constitucional ante unas medidas que «hoy seguimos sin conocer» y que «aún no sabemos de que se trata», admitió la portavoz gubernamental en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez se preguntó abiertamente «¿qué aprobaron?» en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, sin percatarse de que la pregunta pertinente era qué está recurriendo entonces el Gobierno central.
El Ejecutivo sostiene que el requerimiento previo a un conflicto de competencias como el que plantean no requiere de una prueba fehaciente, como sería el protocolo supuestamente aprobado por el Consejo de gobierno autonómico que pudiera servir de hecho administrativo para un recurso ante el Constitucional; y que, en este paso previo, se utiliza la «fórmula de hecho prevista por la jurisprudencia del Constitucional para actuar cuando no exista acto administrativo». La argumentación jurídica del Ejecutivo es que esta herramienta se ha utilizado en otras ocasiones tan dispares como el procés en Cataluña o en materia sanitaria en el País Vasco y Canarias.
Cascada de misivas
Sin embargo, eluden la cuestión política y admiten que en ningún momento se ha descolgado el teléfono para preguntarle al ejecutivo autonómico por sus intenciones reales respecto a la salud reproductiva de las mujeres. Sus peticiones de información se han realizado todas a través del género epistolar: primero, la ministra de Sanidad, Carolina Darias; después la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. En respuesta, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, envió este martes una nueva misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiterando su desmentido en la víspera de las medidas anunciadas por su vicepresidente, Juan García-Gallardo.
Desde el Ejecutivo insisten en que el uso de las cartas como método de comunicación responde a la necesidad de dejar «huella digital» por si, llegado el momento, fuera necesario presentar formalmente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Un recurso a un instrumento que no ven muy probable en el Palacio de La Moncloa, donde están a la espera de la respuesta del Gobierno autonómico y de la publicación de unas medidas que dudan que se circunscriban únicamente a medidas de apoyo a la maternidad, como en el caso del Gobierno madrileño.
Un mes de plazo
«Si en un mes no hay protocolo, no presentaríamos el recurso», asumen fuentes de Moncloa con base en el plazo fijado desde el requerimiento al conflicto de competencias ante el TC. Las sospechas del Ejecutivo se basan en las «contradicciones» en el gobierno regional y la conjetura de que lo pactado contraviene la normativa nacional sobre la Ley del aborto. Un extremo desmentido repetidamente, tanto en rueda de prensa como por escrito, por Mañueco y Feijóo, lo cual ha obligado al Gobierno a dar un giro de guion: el Gobierno castellanoleonés «se está tomando un tiempo para recomponer esas medidas. Está intentando reconducir», señaló Isabel Rodríguez desde Moncloa, «Es que pareciera que están escribiendo el expediente ahora».
En el inicio del curso político y tras verse asediado por la rebaja de condenas del solo sí es sí, las polémicas palabras de la secretaria de estado, Ángela Rodríguez Pam, y la polémica de la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, el Ejecutivo ha encontrado una nueva cortina de humo con la que erosionar a su contrincante potencial, el PP, y con la que recuperar el miedo a Vox como arma electoral de cara a las municipales de mayo. De ahí que el Ejecutivo se precipitara este lunes en cerrar las comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo martes 24 en el Congreso, y el martes 31 de enero, en el Senado. Esta ultima cita será el próximo cara entre Sánchez y Feijóo que el Gobierno ansía para reprocharle los pactos con Vox y la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres.
