La paradoja de Feijóo: acepta la ley del aborto pero no puede retirar el recurso ante el TC
Génova descarta pedir a los 50 diputados del PP que impulsaron el escrito en 2010, entre ellos Rajoy y Sáenz de Santamaría, que retiren ahora su firma
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijoo. | Tarek (PP)
Alberto Núñez Feijóo se ha encontrado con una endiablada paradoja. El presidente del Partido Popular acepta ahora la ley de plazos sobre el aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 y asume que el Tribunal Constitucional avalará la normativa vigente desde entonces. Pero se ha encontrado con que no puede retirar el recurso ante el tribunal de garantías porque necesitaría la firma de los 50 diputados que lo avalaron hace más de 12 años.
A raíz de la polémica por las medidas ‘antiaborto’ en Castilla y León, desde el Gobierno se ha emplazado a Feijóo a que retire el recurso que el PP presentó el 1 de junio de 2010 contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el TC para así diferenciarse de Vox, su socio de gobierno en el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.
Génova no tendría inconveniente en dar ese paso ante la previsible derrota en el TC, pero no puede hacerlo en calidad de partido, sino que para retirar el recurso tendría que recolectar las firmas de aquellos que avalaron el recurso, empezando por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, quienes aparecían los primeros de la lista. Una búsqueda que el equipo de Feijóo descarta de plano ya que ven muy complicado que los firmantes de aquella iniciativa judicial estén de acuerdo ahora con darle carpetazo al asunto.
24 firmantes pidieron que se dictase sentencia
Hace dos años, en diciembre de 2020, 24 de los firmantes entregaron una petición en el TC de mayoría conservadora reclamando a los magistrados que dictasen sentencia sobre esa ley. En el escrito, recordaron que el Constitucional acordó mediante auto de fecha 14 de julio de 2010 dar «carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso». Pero los tiempos de la Justicia son lentos y como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho.
La petición fue entregada en la sede del TC por los exdiputados recurrentes José Eugenio Azpiroz, Ángel Pintado y Eva Durán en nombre del resto. Les acompañó el exconsejero madrileño Luis Peral, miembro del equipo que preparó el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley de 2010 que, desde entonces, permite abortar libremente en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos, hasta la 22.
Los magistrados no se sintieron concernidos por las prisas, pues el tiempo ha pasado sin que hayan tomado una decisión. Por ello, el nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Púmpido, ha decidido incluir en el primer pleno de su nueva etapa el debate sobre la ley del aborto. El cónclave se celebrará el 7 de febrero y tratará de dilucidar si la citada ley de plazos es o no constitucional. El borrador de la sentencia ha sido redactado por el magistrado conservador Enrique Arnaldo.
Arnaldo concluyó el trabajo en abril, pero el anterior presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, descartó llevarlo al pleno. Consideraba que era más conveniente aplazar el trámite hasta que se remozara la corte de garantías, algo que debió suceder en junio. Arnaldo no es el primer ponente del recurso contra la ley de aborto; antes recayó en varios magistrados, entre ellos Andrés Ollero.
La inclusión en pleno del recurso de la ley del aborto no supone que se vaya a aprobar la sentencia. Puede conllevar diversas deliberaciones, pero las fuentes consultadas reconocen que el final está muy cerca. Algo de lo que son conscientes en el equipo de Feijóo. Estas mismas voces avanzan a THE OBJECTIVE que lo más probable es que la norma se declare constitucional. Especialmente, si se atiende a que el sector progresista cuenta con siete de los 11 votos en liza.
El PP de Rajoy criticó en su recurso de hace más de 12 años que para abortar en las primeras 14 semanas no fuera necesario que concurriese ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permitiese justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus, algo que a juicio de aquel PP iba en contra del artículo 15 de la Constitución que reconoce que «todos tienen derecho a la vida».
Aunque Rajoy se comprometió a derogar la ley del aborto si llegaba al poder, al final no lo hizo. El PP sí que presentó en 2015 una proposición de ley en el Congreso que obligaba a las menores a tener consentimiento paterno para interrumpir un embarazo, cambiando así, de forma limitada y rápida, la llamada también ley Bibiana Aído por la titular de Igualdad que la impulsó.
Un poco antes, en septiembre de 2014, esta norma se llevó por delante la trayectoria política del que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, quien presentó su dimisión como consecuencia de la retirada del anteproyecto de la ley del aborto que había preparado su departamento.
En su comparecencia de despedida, Gallardón desveló que Rajoy le había comunicado su decisión de limitar los cambios en la ley del aborto a una modificación puntual de la legislación vigente y que se conformaba con que las menores de edad necesitasen consentimiento paterno para abortar, en lugar de la derogación que el líder del PP había prometido años atrás. Algo que ha asumido ahora Feijóo.
«Hay algunos miembros del PP que pueden estar más a favor o en contra de la interrupción del embarazo durante unos plazos, se puede discutir el número de semanas, pero lo que es sustancial en nuestro partido, donde tenemos un acuerdo base, es que las menores deben tener el consentimiento de sus padres», dejó claro el actual presidente del PP.
Feijóo: toda la UE tiene una ley de plazos
Feijóo hizo hincapié en que el recurso de su partido es sobre la ley de 2010, ya que la actual fue modificada mínimamente por Rajoy en 2015 y ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez. «En Europa todos los países tienen una ley de plazos», incidió para justificar el giro del PP en los últimos años. «Se puede discutir si son 12, 14, 16 (semanas). Pero el problema fundamental que nosotros tenemos, es que nos parece que mientras haya minoría de edad, una decisión tan trascendente debe ser con consentimiento de los padres», concluyó.
