Yolanda Díaz impulsa que la Guardia Civil pueda tener sindicatos frente al criterio de Interior
En una reunión que mantuvo con algunos agentes, la ministra se comprometió a «impulsar las medidas necesarias» para conseguir sus reclamaciones
El encuentro que la ministra celebró con miembros de la AUGC. | TO
El Gobierno da impulso a una reivindicación histórica de la Guardia Civil: el derecho a la sindicación en el Cuerpo. La iniciativa, sin embargo, no ha partido de la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska, sino de la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tras mantener una reunión con la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en la que le trasladaron todas sus reivindicaciones laborales, la líder de Unidas Podemos, «decidida, se comprometió en trabajar mano a mano con los agentes para conseguirlas», según precisan fuentes del encuentro a THE OBJECTIVE.
Entre las cuestiones que más «sorprendieron» a la ministra estuvo la imposibilidad de los agentes de poder sindicarse por su condición de militares, una opción de la que, no obstante, sí goza el resto de cuerpos policiales en España. Y la falta de medidas de conciliación que permitan a los agentes compaginar su vida laboral y familiar. «Nos dijo que había mucho por trabajar, y que nos iba a tender la mano para encauzar la situación», señalan las mismas fuentes.
En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Trabajo y que se extendió más de una hora, representantes de la Junta Directiva Nacional de AUGC entregaron a la ministra un documento con las principales reivindicaciones en materia de derechos laborales y en las cuales, dicen desde esta organización, la cartera de Yolanda Díaz «puede impulsar las necesarias reformas para abordarlas o, al menos, que se inicie un debate respecto a las mismas».
Los guardias civiles pidieron colaboración a la vicepresidenta para conseguir su derecho a sindicarse —una «asignatura pendiente de la democracia española con nuestro colectivo», reclaman—; el acotamiento de la aplicación del Código Penal Militar exclusivamente a situaciones de conflicto; la garantía de tener una jubilación digna, equiparada con el resto de cuerpos autonómicos; la aplicación del acuerdo de la función pública, que asegura jornadas laborales de 35 horas semanales a los funcionarios; o el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018.
Falta de diálogo con Interior
Los guardias civiles habían reclamado una reunión con el Gobierno desde hacía tiempo, sin éxito. Así que ante el rechazo del Ministerio de Defensa que, según AUGC, «se ha negado sistemáticamente a tener algún tipo de interlocución con los representantes de los trabajadores de la Guardia Civil»; y la falta que interlocución «real» con el Ministerio del Interior, que les «constriñe a trasladar sus demandas al Consejo del Instituto Armado —un órgano consultivo—, la organización decidió tocar la puerta de Yolanda Díaz y accedió.
Que aceptase la propuesta era algo «inusual», según dijo ella misma a los agentes, porque «no suele reunirse con asociaciones o sindicatos». Aún así, «quedó muy sorprendida con todas las reclamaciones de los agentes y se comprometió a impulsar las medidas necesarias«. «Esperamos sea real y ayude a materializar las reivindicaciones que harán a la Guardia Civil verdaderamente democrática y adaptada al siglo XXI», señalan desde la Asociación Unificada.
Manifestación
Las fuerzas de seguridad llevan varios meses reclamando mejoras en su jubilación. El pasado mes de noviembre, los agravios con los cuerpos autonómicos sacaron de nuevo a las calles de Madrid a policías y guardias civiles de todo el país. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la AUGC, organizaciones decanas de ambos cuerpos, miles de agentes han exigieron al Gobierno la equiparación de sus pensiones con las de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral, quienes perciben hasta 600 euros más tras jubilarse.
Policía Nacional y Guardia Civil, según denuncian, son los únicos funcionarios policiales que no tienen reconocida la necesidad de anticipar la jubilación y cuando acceden a ella lo hacen con un menoscabo económico del 30%.
Los sindicatos se abren a negociar con el Gobierno en 2023 e incluso pactar una subida progresiva en varios años, como se firmó con la equiparación salarial. «No vivimos ajenos a la sociedad, sabemos que hay una situación económica compleja, pero queremos que se reconozca nuestro derecho por tener una profesión de riesgo. Dinero hay, lo había cuando se mejoraron las condiciones de los mossos en los presupuestos de 2022, la cuestión es si quieren que seamos una policía de tercera o no», denuncian.
