Interior dota ahora de chalecos antibalas a los guardias civiles que combaten el narcotráfico
Las asociaciones reclamaban estas prendas para los agentes desde hace años por los riesgos que conlleva su trabajo en la lucha contra el tráfico de drogas
Una lancha de la Guardia Civil. | EP
La Dirección General de la Guardia Civil ha dado el primer paso para dotar de chalecos antibalas a todo el personal del Servicio Marítimo del Instituto Armado, encargado de la vigilancia de las aguas territoriales de todo el país. Se trata de los agentes que combaten, por ejemplo, el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, en Algeciras (Cádiz), pero también delitos como el contrabando, el tráfico de personas o la pesca furtiva en otras regiones españolas. La compra de prendas ‘blindadas’ para estas unidades era una demanda histórica de las asociaciones profesionales del Cuerpo por el riesgo que en ocasiones conlleva el trabajo de los guardias civiles.
En un oficio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el departamento dirigido por María Gámez confirma que durante este año se realizarán «gestiones oportunas y encaminadas a la inclusión en el Plan Anual de Contratación de un expediente para dotar de este tipo de equipos a la totalidad del personal que presta servicio en la especialidad del Servicio Marítimo durante los años sucesivos». La Dirección General, sin embargo, no específica la cantidad total de chalecos que adquirirá.
La Guardia Civil ha informado de esta decisión en respuesta a una petición de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), registrada el pasado mes de noviembre, en la que incidía en la necesidad de dotar de este tipo de prendas a los funcionarios. Sobre todo, en el caso del Servicio Marítimo de la Comandancia de Algeciras donde, según admite la propia Dirección del Cuerpo, solo cuentan con seis chalecos antibalas, adquiridos en 2017 a petición de un mando, en una unidad formada por casi 70 componentes.
«Medios obsoletos»
En su escrito, la AUGC advertía de los riesgos a los que exponen constantemente agentes de estas unidades, puesto que las organizaciones delictivas, en el caso del Estrecho de Gibraltar, acostumbran «a ir armados para evitar los llamados ‘vuelcos’». Esto es: el robo de droga entre organizaciones delictivas haciéndose pasar por agente de la Guardia Civil o Policía. Actualmente, los agentes de estos grupos portan, además del arma, un chaleco convencional, al que se añade el chaleco salvavidas de dotación.
Entre tanto, la organización decana del Cuerpo también recogía la legislación en riesgos laborales, así como directivas europeas aplicables al Ejército y la Guardia Civil, que «exigen a las autoridades competentes velar por que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas ‘en la medida de lo posible’». «Una seguridad que no estaba garantizada con medios obsoletos», insistían a la Guardia Civil.
Desde la Asociación Unificada celebran la noticia, pero advierten de que la compra de estos chalecos «debería ser una prioridad para la Dirección General». «Tenerlo o no puede significar la vida o la muerte ante los impactos de armas de fuego que se pudieran producir en servicios o intervenciones de los agentes que se encuentran luchando a diario contra las mafias y el narcotráfico», critica el portavoz de AUGC, Pedro Carmona.
Aumento de la criminalidad
El Campo de Gibraltar es una zona especialmente conflictiva para las fuerzas de seguridad. Los últimos datos de criminalidad, facilitados por el Ministerio del Interior, revelan que los delitos en esta zona han aumentado un 9%: han pasado de 7.513 entre enero y septiembre de 2019, a 8.189 en el mismo periodo de 2022. Frente a este aumento en el total de delitos, no obstante, el tráfico de drogas ha caído un 25% respecto a niveles prepandemia.
El Ministerio del Interior ultima un plan, según ha asegurado en varias ocasiones, para declarar a esta región, entre otras, como Zona de Especial de Singularidad (ZES). En la práctica, esto implicaría bonificar con pluses a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajan en dichas demarcaciones y, al mismo tiempo, incentivar la llegada de más habida cuenta del déficit de personal que sufren, bien por la dificultad que conlleva su labor, o por cuestiones de índole política o social, como ocurre en Cataluña.
