Cs denuncia ante la UE los ataques de Belarra a Mercadona y su impacto en la competencia
La Comisión Europea deberá pronunciarse por escrito sobre la campaña de la ministra de Podemos contra directivos de grandes empresas españolas
Los dirigentes de Podemos -en la imagen Ione Belarra- han iniciado una nueva campaña contra los empresarios. | Europa Press
Los ataques y señalamientos a grandes empresas españolas –Mercadona, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), principalmente-, y a compañías de distribución extranjeras, como Lidl o Carrefour, por parte de diversos dirigentes de Podemos siguen protagonizando su precampaña de cara a las elecciones municipales de mayo, en la que han puesto en su punto de mira a los empresarios.
El asunto, pese a la banalidad con la que se ha tratado, puede tener efectos indeseables en la economía y en el empleo a medio plazo -aunque un rédito electoral inmediato- y ahora la Comisión Europea deberá pronunciarse a través de una respuesta escrita sobre las consecuencias de esta estrategia que lideran los ministros morados del Ejecutivo de coalición.
Los responsables de la formación llevan semanas lanzando contundentes mensajes para culpabilizar a los empresarios de las subidas de los precios de los alimentos y del aumento de las cuotas de las hipotecas, asegurando que están utilizando la crisis para enriquecerse a costa de los ciudadanos. Capitalistas, despiadados o usureros son solo algunos de los insultos lanzados desde Podemos contra los empresarios.
Mercadona tiene 93.000 empleados
Tras este plan, muchos han visto la posibilidad -y la justificación- de un impuestazo a la distribución, similar al que ya se aplica a los bancos y las energéticas, e incluso la intervención en sectores clave. Pero solo el impacto inmediato de los insultos y acusaciones, procedentes fundamentalmente de la líder de Podemos, Ione Belarra, y también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ya podría estar teniendo efectos sobre la libre competencia y en el empleo. Las críticas de Podemos van dirigidas a tres empresas -Mercadona, Banco Santander y BBVA- que cuentan con una plantilla que suma 415.000 trabajadores.
Jordi Cañas, diputado de Ciudadanos, una formación incluida en el Grupo Renew Europe, de la que es vicepresidente el español elevaba hace solo unos días una pregunta escrita, a la que ha tenido acceso THE OBJETIVE, para conocer la posición de la Comisión Europea sobre las palabras de Belarra.
También interrogaba sobre si considera «que un representante del Gobierno de España está vulnerando la política de libre competencia del Mercado Único al señalar a determinadas empresas como responsables de la inflación en España».
De la misma forma, el eurodiputado ha querido conocer si el tope del precio de los alimentos en los supermercados que ha propuesto Podemos como medida para bajar la inflación «está en consonancia con el artículo 3 del TFUE, que indica que la Unión se basa en una economía social y de mercado».
Las palabras de Belarra y Moncloa
Cañas también se interesa en su iniciativa por la posición de la Comisión acerca de las declaraciones de Belarra en las que señalaba que la solución «más efectiva y más barata» para bajar los precios es la intervención pública de sectores estratégicos. Las declaraciones de la ministra del pasado 22 de enero durante un mitin, en el que calificó de «indecentes» a las cadenas de supermercados Carrefour y Mercadona por «estar haciéndose de oro a costa de la crisis económica» y acusó a sus propietarios de «capitalistas despiadados», han sido el eje de la pregunta del europarlamentario.
Mientras, la parte socialista del Gobierno se ha manifestado contraria a las intenciones de Belarra y, sobre todo, de las duras críticas al empresariado. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, destacó poco tiempo de conocer las declaraciones de la líder de Podemos que el Gobierno «valora muy positivamente todo el sector económico y empresarial de este país«.
Respuesta de la patronal
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha salido al paso de los ataques de Belarra asegurando que «afectan a la convivencia, a la estabilidad del país y a la confianza», con el consiguiente impacto en la economía y el empleo.
La CEOE condenaba en un comunicado la «injusta estrategia de desprestigio y descalificación» que sufren los empresarios y apuntaba el grave error que supone » dirigir la atención de la opinión pública hacia los empresarios, culpabilizándoles de determinados problemas económicos».
