Confusión en el PP de Madrid por la ambigüedad de Ayuso con la 'ley trans' regional
La presidenta madrileña no termina de decidirse a modificar la norma, muy similar a la que ha impulsado Irene Montero a nivel nacional, y que critica con dureza
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. | Europa Press
Isabel Díaz Ayuso se encuentra en una posición incómoda con respecto a la ley trans que aún rige actualmente en la Comunidad de Madrid. Vox, a través de Rocío Monasterio, está intentando desgastar a la presidenta denunciando su posición ambigua, que consiste en criticar la norma impulsada por Irene Montero, pero no tocar la que fue aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes. Internamente, tal y como ha podido constatar THE OBJECTIVE en los últimos meses, nadie es capaz de defender la estrategia de la baronesa popular con este asunto.
Los diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que por norma son una piña en torno a su líder, confiesan en privado que no entienden o que directamente desconocen cuál es la estrategia de su partido con respecto a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en 2016, y que Ayuso se comprometió a reformar en esta legislatura.
Hay colaboradores estrechos, incluso, que admiten que no modificar la norma es «un error», pero que ello responde en última instancia a una «decisión personal» de la presidenta, muy acosada por colectivos LGTB y feministas regionales.
Ante esta tesitura, Vox ha olido la sangre y ha arreciado su ofensiva, sirviéndose también de la polémica que rodea a la ley trans recién aprobada en el Congreso de los Diputados. Este martes, sin ir más lejos, Monasterio volvió a plantear la derogación la norma, muy similar a la nacional, y que ampara «la autodeterminación de género, el adoctrinamiento y la hormonación de niños sin el consentimiento paterno».
En realidad, esta es una reivindicación monolítica de la formación verde que Ayuso terminó asumiendo ante la insistencia de sus socios parlamentarios. En concreto, se abrió a eliminar el concepto de «autodeterminación de género» y reformular la norma para proteger la «presunción de inocencia». Pero aún no ha dado ese paso.
No obstante, la presidenta madrileña se guarda un as bajo la manga: escudarse en los tiempos. El calendario parlamentario, que termina el 23 de marzo, haría imposible tramitar ahora la propuesta de Vox antes de que se disuelva la Cámara regional. Así, se presentará a los comicios autonómicos prometiendo su revisión para tratar de paliar las críticas y anular uno de los puntos sobre los cuales oscilará el discurso de Monasterio en campaña (junto a la inseguridad en los barrios). Pero hay una laguna argumental que señalan desde Bambú: «¿Por qué ha esperado hasta ahora?».
La ¿’ley Cifuentes’?
Aunque la norma ha calado en el imaginario colectivo como la ley Cifuentes, lo cierto es que el PP no la apoyó en su momento. Fue una iniciativa presentada por el PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Vallecas ante la que los populares se abstuvieron. De hecho, esta fue la primera ley de la Comunidad de Madrid que aprobó la oposición sin contar con el apoyo del Gobierno autonómico (en minoría en esa legislatura).
Salió adelante con los votos del PSOE, Podemos y Cs. El Gobierno regional, en ese momento encabezado por Cristina Cifuentes, había presentado en la Asamblea una proposición de ley sobre este mismo asunto en noviembre de 2015, en la que no se incluía la autodeterminación de género. Pero fue rechazada.
La norma en vigor, tal y como fue aprobada, avala las teorías queer que solicitan «despatologizar» la transexualidad. Esto implica que menores y adultos pueden cambiar de sexo sin informes médicos que certifiquen que existe disforia de género. Es decir, únicamente con la autopercepción de sentirse hombre o mujer, los colegios, centros de salud, gimnasios o competencias deportivas infantiles dependientes de la región ya tienen la obligación de adaptarse a esta nueva realidad.
En el artículo 1.2 de la legislación autonómica se considera que es trans «toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer». Incluso quienes «describen su identidad en sus propias palabras».
Se desconoce la implicación exacta que estas políticas han tenido en la región, aunque un informe pionero publicado este mes por Confluencia Movimiento Feminista muestra cómo las primeras visitas de personas trans al Hospital Ramón y Cajal se duplicaron entre 2021 y 2022, llegando a más de 800 entre enero y julio.
La redacción de la norma no ha sido modificada en el año y medio de Gobierno en solitario de Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado con dureza la ley trans de Irene Montero por el «daño que puede causar en la adolescencia»: «Mucho dolor, muchos suicidios, muchas depresiones…». Un doble rasero que desconcierta a miembros del PP de Madrid, que no saben cómo defender la postura de su presidenta en este asunto.
