La ‘ley trans’ de Madrid también avala la libre determinación de sexo sin diagnóstico médico
La norma autonómica, aprobada por Cristina Cifuentes en 2016, introdujo la «discriminación por error» como consecuencia de una apreciación errónea
En pleno debate sobre la ley trans que pretende aprobar el Gobierno de coalición, en España hay 13 comunidades autónomas que cuentan con regulaciones de esta naturaleza y que han sido elaboradas por ejecutivos de diferentes colores. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno del PP de Cristina Cifuentes aprobó en 2016 la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación que introduce el polémico concepto de «libre determinación de género». Un punto que en la norma nacional -llamada de «sexo» y no de «género»- ha generado una nueva división entre las feministas del PSOE y Unidas Podemos.
La ley en vigor en la Comunidad de Madrid avala las teorías queer que solicitan «despatologizar» la transexualidad. Este hecho comporta que menores y adultos puedan cambiar de sexo sin informes médicos que certifiquen la disforia de género. Es decir, únicamente con la autopercepción de sentirse hombre o mujer, los colegios, centros de salud, gimnasios o competencias deportivas infantiles dependientes de la región ya tienen la obligación de adaptarse a esta nueva realidad.
En el artículo 1.2 de la legislación autonómica se considera que es trans «toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer». Incluso quienes «describen su identidad en sus propias palabras».
Tratamiento administrativo
El tratamiento administrativo de la identidad de género, reflejado en el artículo 7 de la ley de la Comunidad de Madrid, especifica que «se garantizará que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada y se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida».
En la actualidad, explican los expertos consultados por THE OBJECTIVE, «se producen distorsiones», ya que en el DNI -que es competencia estatal- no se visualizan los cambios que sí se admiten en el resto de ámbitos de la región.
Competencia estatal
La antropóloga Silvia Carrasco, miembro de Confluencia Movimiento Feminista, explica a instancias de este periódico que la ley nacional acentuará los problemas: «Ahora se puede cambiar en cuestiones como el expediente escolar, algunas federaciones deportivas… pero el sexo registral es competencia del Estado y solo se podrá cambiar si se aprueba una ley estatal».
El catedrático en Filosofía, Pablo De Lora, coincide con Carrasco que «por pura cuestión de competencias», la ley autonómica de Madrid afecta a «cuestiones más simbólicas» y que con la entrada en vigor de la ley estatal se producirán más disfuncionalidades.
Por su parte, Sandra Moreno, asesora jurídica y vicesecretaria general segunda de Feministas al Congreso, asegura que «la ley de Madrid inició el desorden actual» y denuncia que la ley trans del Gobierno central «es inconstitucional»: «La Constitución reconoce la realidad biológica del sexo. La categoría jurídica del sexo reconoce los derechos de las niñas y las mujeres».
«Discriminación por error»
En su libro El laberinto del género. Sexo, identidad y feminismo (Alianza), Lora señala cómo la ley de la Comunidad de Madrid va mucho más allá que la ley estrella de Irene Montero en algunos asuntos como es el de la «discriminación por error».
El artículo 1.8 de la norma autonómica introduce el concepto de discriminación por error y se define como «situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género como consecuencia de una apreciación errónea».
De acuerdo con Lora, esto abre la puerta a que se pueda castigar a alguien que comete un error con una persona trans: «Este artículo es un despropósito que no está en la ley de Irene Montero. Que se llame ‘discriminar’ al hecho de apreciar erróneamente la identidad de género de alguien apunta a una práctica muy peligrosa. Además, teniendo en cuenta que en la propia ley se refleja que la propia persona puede autodefinirse en las palabras que quiera, como ‘otro’, que van más allá de la dicotomía hombre/mujer [artículo 1.2]».
Sin orientación para menores
La ley madrileña también prohíbe las terapias alternativas para tratar la transexualidad. Más allá de las disputas entre feministas por la autodeterminación de sexo, está comúnmente aceptado en el movimiento feminista que las llamadas terapias de conversión pueden alentar al odio contra estos colectivos.
No obstante, el problema que entraña la ley de la Comunidad de Madrid, según los expertos consultados, es que «ya no se puede tratar a los menores ni orientarlos, incluso en los casos en los que la incongruencia de género que manifiestan puede ser el reflejo de otra patología de base, como el autismo o el síndrome de asperger».
El artículo 4.3 detalla que «quedan prohibidas en los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid las terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de identidad de género libremente manifestadas por las personas, así como las cirugías genitales de las personas intersexuales que no obedezcan a la decisión de la propia persona afectada a la necesidad de asegurar una funcionalidad biológica por motivos de salud».
El libro Nadie nace en un cuerpo equivocado (Deusto, 2022), del doctor en psicología José Errasti, no niega la disforia de género. Pero detalla que son casos muy específicos e históricamente estudiados, estimados entre el 0,05 y el 0,14% de la población en varones y entre el 0,02 y el 0,03 % en las mujeres.
Por esta razón, los expertos cuestionan que se abra la vía para que cualquier menor pueda someterse a estos tratamientos que bloquean las hormonas sin informes médicos que lo avalen.
Vox quiere derogar la ley de Cifuentes
El grupo parlamentario de Vox ha anunciado que su partido registrará el próximo lunes en la Asamblea de Madrid una propuesta para derogar la ley trans autonómica. De acuerdo a la portavoz de la formación verde en la Asamblea, Rocío Monasterio, está comportando «problemas muy serios para las familias» a raíz de la «creencia» en el concepto de autodeterminación de género que también, según Vox, lo que hace es relegar la «defensa de la identidad de la mujer».
Como informa THE OBJECTIVE, Vox aprovechará este «doble rasero» de Isabel Díaz Ayuso para preparar la campaña electoral de 2023. Aunque la norma fue aprobada en 2016 por el Gobierno de Cifuentes, Ayuso se ha mostrado favorable a «mejorarla», pero no de «derogarla».
