Torres pide disculpas por el 'caso Mediador' y afirma que la trama «daña» al PSOE
Ha reconocido que el nombramiento de Fuentes no fue acertado pero sí su cese, que además se produjo meses antes de que fuera investigado
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este martes disculpas por la implicación de dos exmilitantes del PSOE en el caso Mediador, una presunta trama corrupta que «daña» su partido pero también a la «política en general».
En el turno de réplica a la diputada del Grupo Mixto Vidina Espino en el ‘Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria’ ha indicado que ni el exdiputado Juan Bernardo Fuentes ni su sobrino, el exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, son «colegas» dado que un representante público «debe ser ejemplar».
Ha destacado que el PSOE fue «durísimo» con los dos cargos desde que se les investigó ya que fueron expulsados y ha instado a Espino a que no «ponga dudas» sobre el trabajo de los funcionarios porque «no se ha detectado que hayan modificado ningún expediente».
«No se puede permitir que se ponga en duda su honorabilidad», ha agregado, indicando también que no hay ningún miembro del Ejecutivo investigado en la causa y que ni siquiera las empresas ganaderas conocieran la existencia de la trama.
Ha reconocido que el nombramiento de Fuentes no fue acertado pero sí su cese, que además se produjo meses antes de que fuera investigado.
El presidente ha censurado el «maniqueísmo» de Espino por ocultar datos en su argumentación y que acuse al Gobierno de «maquillar los números», afeándole que se presente como «la Robin Hood de qué» cuando llena la nevera «igual de bien» que el resto de los diputados.
Ha criticado igualmente que se haya valido de un «error» de la ley para seguir en el Grupo Mixto y lamentado que se presente por un partido en la Legislatura (Cs) y después «haga ruedas de prensa con otro», en referencia a Coalición Canaria, al que «iba a tumbar».
Torres ha defendido también las buenas cifras de empleo que hay en Canarias, el apoyo a la estabilización de los trabajadores públicos, el aumento de un 700% en las partidas contra la violencia machista y las ayudas recibidas por las empresas para hacer frente al impacto de la pandemia.