El PP planea garantizar el 25% de castellano en Cataluña multando a los docentes infractores
Los populares quieren cumplir con la sentencia del TSJC de noviembre y apuestan por el castigo económico en vez de la vía penal si llegan a La Moncloa
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión del Comité de Dirección en Génova. | Diego Crespo (EP)
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya piensa en el programa electoral de las elecciones generales de final de año, en el que quiere garantizar la enseñanza del 25% en castellano en las escuelas catalanas. Para ello planea imponer multas económicas para los infractores, incluidos directores y docentes, según desvelan fuentes populares a THE OBJECTIVE.
«Vamos a garantizar los derechos lingüísticos», subrayan en Génova, donde se discute si redactar una ley estatal para ello o utilizar otra vía administrativa menos compleja para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de noviembre del año pasado, que obligó a la Generalitat a garantizar la enseñanza del 25% en castellano a un alumno de un colegio de Castelldefels (Barcelona) y a otra de La Canonja (Tarragona).
En dos resoluciones, a las que tuvo acceso THE OBJECTIVE, la sección quinta del tribunal de lo Contencioso Administrativo del TSJC estimó que ambas escuelas tenían que impartir al menos un cuarto de las horas lectivas en español, tras desestimar dos recursos de la Conselleria de Educación contra autos del tribunal que pedían tumbar estas medidas cautelares apelando a la nueva normativa del Govern sobre lenguas en la enseñanza, que fijó explícitamente la inaplicación de porcentajes.
«El 25% se va a cumplir», dejan claro las citadas fuentes ante la situación en Cataluña, si bien en el equipo de Feijóo descartan la inclusión de penas de cárcel en los casos más graves de incumplimiento y creen que serán más efectivos los castigos económicos. «Queremos que las multas las retire directamente la Agencia Tributaria» de las cuentas bancarias de los funcionarios infractores, avisan.
Feijóo recurrió ante el TC la ley catalana
El PP de Feijóo recurrió en verano ante el Tribunal Constitucional, junto con Ciudadanos, la ley catalana acordada entre el PSC, ERC, Junts y los comunes con la que el Parlament salió al paso de la primera sentencia del TSJC que obligaba a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Tanto populares como naranjas consideraron que con esta norma, el Govern catalán vulneró la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
Uno de los fundamentos del recurso fue que tanto el decreto de la Generalitat como la ley catalana vulneraron también el Estatuto de Autonomía y la propia doctrina del Tribunal en su sentencia de junio de 2010, según indicó el PP en un comunicado. Tras admitir sendos recursos, el Pleno tendrá que estudiar los artículos impugnados y emitirá sentencia para indicar si ampara o no los argumentos de ambas formaciones, si bien en la actualidad los magistrados progresistas son mayoría.
Feijóo ha defendido en los últimos meses para Cataluña su «bilingüismo cordial» que aplicó en Galicia, aunque la gestión lingüística al frente de la Xunta del ahora líder de la oposición levantó suspicacias entre las entidades catalanas a favor del castellano en las aulas. «Feijóo es consciente de que se juega la supervivencia en Cataluña si se le ocurriera pasar de ese tema. Casado lo tenía muy claro y las primeras declaraciones de Feijóo parece que siguen esa línea», explicó en mayo Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) a instancias de THE OBJECTIVE.
Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana, estimó tras la llegada de Feijóo a Génova que la coyuntura en la que se barajaba no cumplir con la legalidad, no se podía producir con un Ejecutivo sin dependencias parlamentarias del nacionalismo. La situación tan excepcional que se vive en Cataluña, donde el Ministerio de Educación no pidió la ejecución forzosa de la primera sentencia del TSJC solo se podía entender, a su juicio, por el apoyo de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez.
El antecesor de Feijóo en Génova, Pablo Casado, prometió impulsar una ley de lenguas que hiciera del castellano el idioma vehicular en la Educación, pero también en la administración, dentro de su plan para el reforzamiento institucional del Estado. En este sentido, prometió que nadie pudiera ser multado por rotular en castellano y que las señalizaciones de tráfico tuvieran que estar al menos en español, aunque luego puedan estar también en los idiomas cooficiales de cada comunidad.
La Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Generalitat, ha sancionado desde 2019 a 150 empresas por vulnerar «los derechos lingüísticos de los consumidores» o «incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa», según desveló este periódico en febrero. El Ejecutivo catalán ha recaudado 243.848,38 euros en sanciones en los últimos tres años, de 2019 a 2021. Casado también propuso que el conocimiento de las lenguas cooficiales no fuera una obligación, sino un mérito, tras criticar que el nacionalismo las usase como «barreras identitarias» que, a su juicio, merman «la igualdad de oportunidades entre los españoles».
Eso sí, el PP no ha aprobado nunca una ley de Alta Inspección Educativa que vele por la igualdad de derechos en las aulas, ni siquiera cuando han gozado de mayorías suficientes en las Cortes. Por esta razón, algunas voces dentro de estas entidades expresaron hace casi un año su temor a que Feijóo pudiera mostrar poco interés a la hora de combatir el sistema de inmersión lingüística en Cataluña. Pero en los planes de Génova está dar un paso al frente en este asunto si su candidato llega a la Moncloa.
