La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción con los fondos
Uno de los contratos bajo la lupa de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) tiene que ver con el Servicio Público de Empleo Estatal
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha solicitado al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude información sobre seis contratos adjudicados por diferentes organismos e instituciones españolas ante las sospechas de irregularidades, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Una vez que este servicio nacional recibió la solicitud de la OLAF ha remitido la petición al Ministerio de Hacienda, concretamente a Moisés Blanco, subdirector general de la gestión del Plan Nacional de Recuperación. Todos estos contratos han sido financiados con diferentes fondos europeos, entre ellos los Next Generation.
La petición más reciente tiene fecha de 21 de febrero y se refiere al proyecto «Aparcamientos tácticos», implementado por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) y financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El requerimiento de la OLAF se concreta en información sobre la situación actual del proyecto, «indicadores de cumplimiento, grado de consecución y periodo de implementación». Para optar a esta ayuda, «los municipios beneficiarios deberán tener vigente y aprobado un Plan de Movilidad Sostenible a fecha de presentación de la solicitud».
Por ello, quieren saber «si el Ayuntamiento de San Fernando dispone de un plan de movilidad sostenible» y, en caso positivo, «si éste se encuentra vigente y la fecha de aprobación, si se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de San Fernando, denominada ‘La ciudad del parque Natural’, financiada con fondos Feder. Igualmente, quieren saber si «es posible la utilización del plan», requisito «para ser beneficiaria de las ayudas reguladas al amparo de la orden TMA/892». Finalmente, tienen interés en conocer si ha habido «denuncias o irregularidades en relación al proyecto» y si se han efectuado controles.
La información debe remitirse a la OLAF antes del 18 de marzo para decidir, en su caso, «si se abre una investigación».
El 26 de enero se envió otra solicitud de información, en este caso, sobre «posibles irregularidades en el marco del proyecto para la ampliación del parking del Paseo Torroja de Tarragona, adjudicado a la empresa Roma Infraestructuras y Servicios SAU», por importe de 1.483.018,47 euros. La OLAF pide que se le remita, antes del 21 de febrero, información sobre si el proyecto ha recibido financiación europea; en caso de haberla recibido, reclaman indicadores de cumplimiento del proyecto, grado de consecución, periodo de implementación y detalle de la financiación europea».
Otros datos reclamados son los «estudios medioambientales llevados a cabo para la tramitación del proyecto. En particular el estudio de evaluación estratégica ambiental, estudio de movilidad generada, estudio de impacto ambiental y estudio de impacto paisajístico. En caso negativo, justificación legal».
Estas obras, «tanto en los pliegos como en el anuncio de licitación y en el contenido del contrato, se identifica que están financiadas por la Unión Europea, en particular, por los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación, Movilidad y Agenda Urbana»-
El 24 de enero llegó la tercera petición de información que afecta a «posibles irregularidades» en el proyecto del servicio de formación en habilidades blandas mediante game based learning para los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal. Los datos solicitados se deberían de haber enviado el pasado 15 de febrero.
Concretamente se reclama la «relación de excel de contrataciones previas llevadas a cabo por el SEPE (incluyendo licitaciones y contratos menores) dirigidas a la formación de habilidades blandas mediante un sistema de game based learning. En caso de ser la primera vez que se contrata este tipo de servicios, confirmación expresa». También se requieren «los recursos utilizados para recabar información, de cara a la redacción del pliego de prescripciones técnicas y apartado 19 del pliego de cláusulas administrativas. A título numerativo deberá especificarse las fuentes de acceso público consultadas, así como los estudios de mercado llevados a cabo».
La OLAF también quiere saber el «número de licitadores presentados, con remisión de la fecha de presentación de la oferta y el contenido de la propuesta presentada»; así como el desglose de los destinatarios de la acción formativa.
La cuarta petición se envió también el 24 de enero, con fecha de contestación del 17 de febrero, y está relacionada con el «Proyecto de creación e implementación inicial de la Zona Baja de Emisiones (ZBE) de A Coruña». La OLAF necesita saber «si el proyecto ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación». Otra petición se concreta en que si ha recibido financiación europea, se informe de la «identificación y justificación de las ZBE incluidas, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida».
El año pasado se remitieron otras dos solicitudes de información. La primera, el 4 de agosto de 2022, relativa a «posibles irregularidades en el marco de la construcción del circuito de motor en Atogo, Granadilla, Tenerife», con respuesta antes del 2 de septiembre, y la segunda el 22 de noviembre sobre «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, con respuesta antes del 15 de diciembre.
