El Gobierno reparte los fondos europeos sin aplicar el control antifraude que exige la UE
El sistema informático Minerva, puesto en marcha por España y que no funciona correctamente, es un requisito de Bruselas para evitar casos de corrupción
La transparencia en el control y ejecución de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Unión Europea, conocidos como Next Generation, es una de las exigencias principales de Bruselas a los países miembros para seguir recibiendo el dinero comprometido. De hecho, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de estas exigencias, se desplazó a España la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, al tener sospechas sobre la gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.
El primer problema que se detectó en España fue el funcionamiento deficiente del sistema informático Coffee, en el que tienen que volcarse todos los datos de los proyectos solicitados, por parte de las administraciones públicas. Esta situación llegó a retrasar la concesión del tercer desembolso, cifrado en 6.000 millones de euros, que se hizo efectivo el pasado 31 de marzo.
Ahora, según ha podido saber THE OBJECTIVE, los problemas se han trasladado a Minerva, el sistema informático que ha creado España para dar cumplimiento a otra de las exigencias de Europa, en esta ocasión luchar contra el fraude y evitar que el dinero se pueda conceder a empresas de cuyos órganos de administración formen parte personas con algún tipo de conflicto de intereses, o evitar relaciones entre los cargos que aprueban las subvenciones y los solicitantes de la misma. Al no funcionar correctamente el sistema, el Ministerio de Hacienda está subvencionando proyectos a empresas que no han pasado el filtro de este control antifraude.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE confirman que «lo que está fallando no es tanto Coffe como Minerva, el último sistema que hay que aplicar. Para cargar los proyectos en Coffee hay que darse de alta en Minerva para que te den un código y con ese código te autorizan subir los proyectos a Cofee y analizar el conflicto de intereses. No está funcionando porque no se dan las altas». Minerva está conectado a la Agencia Tributaria y al cruzar los datos fiscales puede evitar, por ejemplo, «que puedas contratar con un amigo o veinte veces con el mismo, o conocer que un primo o familiar forma parte del consejo de administración de la empresa a la que le vas a conceder una subvención».
«Saturado y sin capacidad»
La Unión Europea quería inicialmente que los países implantaran un sistema informático común para todos los países comunitarios, denominado Ariadne, pero tampoco llegó a funcionar, y España creó Minerva. «Europa te obliga a instalar un control antifraude, otra cosa es cómo lo hagas», señalan estas fuentes. El sistema implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez se puso en marcha en marzo de este año, y el denominado CRO, que es el código de referencia que se solicita a través de Minerva, pero lo genera Coffee, es la puerta que te permite licitar y contratar con los criterios de la Unión Europa. Si uno inicia el proceso sin este requisito, se incumple el mandato comunitario.
Esta comprobación ex ante es lo que permite a la Unión Europea poder acceder a un informe de gestión «en el que diga aquí no hay problema de conflicto de interés, se han cumplido todos los requisitos y las reglas antifraudes». Como no se hace este cotejo, «no se puede tener el análisis de riesgo que es una exigencia de Europa. España no puede responder por el, porque no lo tiene. Es un problema de gestión, está saturado y no tiene capacidad», señalan estas fuentes.
Las entidades locales son unas de las grandes perjudicadas a la hora de no poder realizar este control antifraude y, como tienen que licitar ya los proyectos, están esquivando esta medida: «Hay algunas que se las saltan a las bravas y están contratando por su cuenta y riesgo sin estar dadas de alta en Minerva. Otras están perdiendo licitaciones. Es un despiporre bastante importante».
Al Ministerio de Hacienda llegan «muchas consultas» y a la Federación Española de Municipios y Provincias, «que les trasladan las entidades locales. Están tirando por la calle de en medio, firmando un papelito que no vale para nada diciendo que, como no he obtenido el CRO, yo licito. Además, como estamos en periodo electoral, lo que no hagan ahora no lo pueden hacer hasta que se constituyan los nuevos ayuntamientos y ya se van a después del verano cuando pueden volver a funcionar».