Hacienda firma 'in extremis' el convenio para agilizar la ejecución de los fondos europeos
Dos días después de que THE OBJECTIVE desvelara los retrasos, el Gobierno ratificó el encargo para que 300 personas ayuden a autonomías y ayuntamientos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Jesús Hellín - Europa Press
El Ministerio de Hacienda y la empresa Tragsatec firmaron el pasado día 28 de marzo el encargo de gestión que aprobó el Consejo de Ministros el 7 de marzo para que esta empresa pública facilite hasta 300 trabajadores a las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones y agilizar así la gestión de los fondos europeos Next Generation. Esta firma tuvo lugar dos días después de que THE OBJECTIVE desvelara retrasos en la puesta en marcha de un convenio para el que se aprobó una partida de 69 millones de euros.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE alertan de que el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero ha firmado este convenio in extremis, ya que de no haberlo hecho en el mes de marzo tendrían que haberlo llevado de nuevo al consejo de ministros. Aunque no había fecha de compromiso concreto, «no se había caído en que si no se respetaba el tema de las anualidades y había que modificarlas eso suponía que tenía que volver a pasar por el Consejo de Ministros. El problema es que había un desglose de mensualidades y se suponía que empezaba ahora en marzo. Si no se firma justo antes de acabar el mes, esa anualidad tenían que corregirla, porque ya no entraba y no había pago para poder afrontarla», aseguran a THE OBJECTIVE fuentes solventes.
El Ministerio de Hacienda tenía que solucionar los problemas que se están encontrando las administraciones públicas (ayuntamientos y diputaciones) para poder acceder a los fondos europeos Next Generation. Estas dificultades técnicas y burocráticas parecía que iban a quedar resueltas el pasado mes de febrero, tras aprobar el Consejo de Ministros el día 7 una partida de 69 millones de euros para un contrato con Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa. En virtud de este contrato, la filial iba a suministrar asistencia técnica con más de 300 trabajadores, con el objetivo de mejorar la gestión de estos recursos.
«Anunciado a bombo y platillo»
Sin embargo, más de un mes después de este anuncio, el Ministerio de Hacienda, al que le corresponde firmar el acuerdo con Tragsatec, seguía sin materializar el mismo que, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, fue «anunciado a bombo y plantillo y había generado mucha expectación en comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones». Hasta ahora, se desconocían las causas que estaban motivando este retraso, pero fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron a Abc el 26 de marzo que se llevaría cabo «en breve», a la vez que argumentan que «no hay un plazo» fijado.
Los principales obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores de estas administraciones públicas es que no saben «cómo utilizar» el programa Coffee, el sistema informático donde se centralizan todos los datos relacionados con el Mecanismo de Recuperación y Resilencia. La puesta en marcha de este sistema también ha sufrido retrasos, incluso el Ministerio de Hacienda tuvo que volver a convocar el concurso de adjudicación. Una de las razones de la desconfianza de la Comisión Europea con España sobre la gestión de los fondos era la falta de transparencia al no contar con esta herramienta de control.
La aprobación de este convenio por parte del Consejo de Ministros supone el reconocimiento implícito del Gobierno de que el reparto en la ejecución de estos recursos, criticada desde los empresarios, las pymes, la oposición y el tejido productivo en general, no se está realizando satisfactoriamente. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no lo quiso admitir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde se dio vía libre al convenio. Pese a ello, indicó que esto no supone que el Ejecutivo esté descontento con el desarrollo del plan, sino que se trata solo de una nueva herramienta «para mejorar aún más» esta ejecución. Tragsatec asesorará en fórmulas para acelerar el despliegue, facilitar apoyo a las administraciones públicas y hacer seguimiento de los proyectos.
Los problemas técnicos se unen a las sospechas que tiene la Comisión sobre cómo se están tramitando estos proyectos. THE OBJECTIVE ha venido desvelando los continuos requerimientos que está realizando la Oficina Antifraude europea para que se le envíe información ante las «posibles irregularidades» que se pudieran producir.
Unas irregularidades que pueden jugar en contra de España a la hora de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que se han solicitado. Este cuarto paquete de 87.000 millones está condicionado a la reforma de las pensiones que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que remitir a Bruselas, aunque el ministro José Luis Escrivá asegura que ya tienen el visto bueno.
