'La Vanguardia' y 'El Periódico' recibieron 2,7 y 1,9 millones en publicidad del Govern en 2022
La Generalitat también regó a los medios del ‘cerebro’ de Tsunami con más de 700.000 euros
Fotomontaje sobre la publicidad institucional de la Generalitat a los medios | Alejandra Svriz
El Gobierno de la Generalitat ha publicado la memoria de 2022, donde se detalla el dinero que han inyectado a los medios de comunicación a través de campañas de publicidad institucional. Como en el ejercicio anterior, los periódicos impresos más beneficiados fueron los del Grupo Godó y Prensa Ibérica: La Vanguardia, con 1.649.895 euros, y El Periódico de Catalunya, con 1.318.487 euros respectivamente. Sus versiones digitales obtuvieron 1.035.378 euros y 543.266 euros, respectivamente. Es decir, en total La Vanguardia ingresó 2.685.273 euros y El Periódico la suma de 1.861.753 euros en publicidad institucional.
El importe recibido para ambas rotativas supera las cuantías de la memoria de 2021 (en el caso de la versión impresa de La Vanguardia pasa de 1.444.141 euros en 2021 a los 1.649.895 euros de la última memoria, mientras que la digital aumenta en 1.035.378 euros respecto a los 1.030.554 euros del año anterior). En el caso de El Periódico en papel el aumento es de 19.220 euros (pasó de 1.318.487 euros en 2021 a los 1.299.267 de 2022), mientras que los ingresos por el formato online fueron de 502.108 euros en 2021 a 543.266 euros en este último ejercicio).
Grupo Godó y Prensa Ibérica
En total, si se observa lo recibido por ambos grupos audiovisuales también quedan en las primeras posiciones a la hora de recibir fondos públicos. El grupo de la familia Godó recibió más de cinco millones (5.068.901 euros) mediante sus diferentes canales y versiones digitales. Entre sus medios más destacados se halla El Mundo Deportivo, que ingresó 313.946 euros en concepto de publicidad institucional; la emisora líder en Cataluña, Rac1, con otros 1.831.149 euros; la revista Què Fem (24.618 euros) o Rac 105, que recibió una inyección de 213.915 euros.
El grupo de la familia Moll, Prensa Ibérica, también vio engrosada sus arcas mediante la publicidad institucional de la Generalitat en más de dos millones de euros (2.131.221 euros). Prensa Ibérica es propiedad en la región del Diari de Girona, Regió 7 y ON Barcelona. El rotativo gerundense recibió 148.354 euros; Regió 7 (108.614 euros) y ON Barcelona (12.500 euros).
El tercer periódico impreso más beneficiado en materia de publicidad institucional fue el Ara, con 1.034.062 euros en 2022 para la versión en papel y otros 1.057.328 para la digital. Otras grandes cabeceras, como El País o La Razón, recibieron tan solo 111.682 euros y 6.373 euros respectivamente este último ejercicio.
Por lo que respecta a medios nativos digitales, como El Diario, en 2022 recibió 139.671 euros y otros 10.000 euros por su revista trimestral en papel. El Confidencial ingresó 6.120 euros en 2022, mientras que en 2021 fueron 15.445 euros.
700.000 euros para el ‘cerebro’ de Tsunami
La galaxia de medios pequeños del empresario Oriol Soler, director general de Abacus e investigado en la ‘macrocausa Voloh’ y asimismo por ser uno de los artífices de Tsunami Democràtic, aparece también como una de las más beneficiadas. Ha logrado que sus revistas (Sàpiens, Petit Sàpiens, Cuina, Descobrir, Som Granollers, Som Mollet, Som les Franqueses, etc.) obtengan en campañas de publicidad más de 700.000 euros.
Como informó THE OBJECTIVE, este empresario de la órbita de ERC ya recibió 490.000 euros en 2022 por un periódico inexistente. En aquella ocasión se trató de un sistema de subvenciones que recuperó el Departamento de Presidencia de la Generalitat, que lidera Pere Aragonès, para proyectos para medios de comunicación que dejaron de darse en 2013.
Ley de transparencia
En octubre del año pasado, un grupo de profesores de las universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Castilla-La Mancha entregó a los grupos parlamentarios en el Congreso un documento propositivo para reformar la legislación sobre publicidad institucional y otras formas de transferencias de fondos públicos a medios privados. El documento ponía el foco en la «falta de transparencia del proceso de planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones», así como su impacto sobre el pluralismo.
Respecto al caso catalán, explicaban que la ley autonómica de Transparencia era más transparente que la estatal, ya que obliga a publicar el gasto en publicidad institucional en el listado de la publicidad activa. No obstante, hacían hincapié en que muchos medios «afines al nacionalismo» sobreviven gracias a estas ayudas públicas. La profesora de Comunicación Isabel Fernández Alonso, coautora del proyecto, denunció que esto puede traducirse en «una forma encubierta de financiar a medios de comunicación afines al poder político».
