Las víctimas exigen al Estado dejar de pagar la tumba de Franco: 40.000 euros en cuatro años
La ARMH lamenta que el Gobierno permita que el panteón sea «un altar fascista repleto de objetos de exaltación»
Un hombre coloca una bandera preconstitucional en la tumba de Franco en Mingorrubio. | A. Pérez Meca (Europa Press)
Los restos de Francisco Franco dejaron el Valle de los Caídos hace cuatro años. Fueron trasladados a una tumba del cementerio de Mingorrubio. Su mantenimiento ha supuesto casi 40.000 euros al Estado, ya que tiene un coste de más de 9.000 euros anuales. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha aprovechado el aniversario de la exhumación para solicitar que el dictador salga definitivamente de un espacio público y no se obligue a las víctimas a sufragar los gastos de la sepultura con sus impuestos. Lo ha hecho a través de una carta que ha enviado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
«Hace más de 12 años que la ARMH exige al Gobierno que los restos de Franco no estuvieran enterrados y amparados por ninguna institución del Estado democrático, puesto que eso obliga a sus víctimas, muchas de ellas familiares de desaparecidos sin tumba, a pagar su enterramiento con sus impuestos», comienza el texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La organización que preside Emilio Silva asegura que esa realidad «maltrata y humilla a quienes padecieron las terribles violaciones de derechos humanos del dictador». Además, sostiene que debilita a un Estado que, 47 años después de su muerte, es «incapaz de extraerlo de su ámbito público». La ARMH lamenta que la nueva tumba de Franco se encuentre en Madrid y haya sido «convertida en un altar fascista repleto de objetos de exaltación de su figura ante la pasividad del Gobierno».
La exhumación de Franco
Una pasividad que demuestra el hecho de que en la tumba «se encuentre un busto suyo sujeto al suelo con cemento desde hace semanas». La exhumación de Franco hace ahora cuatro años costó al Estado 126.000 euros, de los que 75.000 se dedicaron a condicionar el panteón. A estos gastos se suman otros 34.069 derivados del programa especial de RTVE y el traslado en helicóptero.
No quedan ahí los gastos, ya que la tumba de Mingorrubio cuesta cada año al Estado 9.048 euros, según la respuesta que recibió en la pasada legislatura Carles Mulet, entonces senador de Compromís. El Ejecutivo no se limitó a relatar la cuantía, también desgranó el coste, que asciende a 754 euros al mes.
La mayor parte del gasto, 714 euros, corresponde a labores de vigilancia y seguridad. El encargo a Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A.) para administrar el enterramiento cuesta otros 10 euros mensuales. Los 30 euros restantes sirven para financiar los trabajos de limpieza, que no tienen un contrato periódico ni una duración determinada.
Mulet también demandó conocer la titularidad de la parcela en la que está enterrado Franco. El Gobierno respondió que los terrenos pertenecían a Patrimonio Nacional, pero que habían sido cedidos en noviembre de 1959 al Ayuntamiento de Madrid, que puede «realizar las construcciones usuales en esta clase de recintos y conceder derechos de enterramiento y sepultura». La parcela solo volvería a sus dueños originales si deja de ser un cementerio.
«Precio muy elevado para la democracia»
La concesión del panteón a la familia Franco, en el que reposan el dictador y su esposa, Carmen Polo, «se gestiona actualmente por la Dirección General del Patrimonio del Estado» y es la única que administra esta entidad en el citado camposanto. Silva, nieto de un desaparecido por la represión franquista, asegura que esto «explica que las víctimas no hayamos tenido acceso a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación» en estas casi cinco décadas.
El presidente de la ARMH considera que el Estado no puede seguir sufragando la tumba de Franco «aunque solo costase mantener su tumba un céntimo de euro», ya que esto supone «un precio muy elevado para una cultura democrática». Silva se pregunta si alguien puede imaginar que una víctima del terrorismo tuviese que ver cómo una institución pública paga el panteón de un terrorista: «Directamente y de oficio actuaría la Audiencia Nacional».
Silva recuerda que cuando el Gobierno llevó a cabo el traslado de los restos del dictador el 24 de octubre de 2019 y decidió depositarlo en un cementerio de titularidad pública, su asociación ya se quejó de que seguirían sufragando los gastos son sus impuestos. En su opinión, esto supone una anomalía democrática que no existe en ningún otro país de la UE.
«La operación de traslado de sus restos fue totalmente irrespetuosa con las víctimas del franquismo. Se permitió que la familia del dictador sacase el ataúd a hombros», insiste el presidente de la organización que desde 2002 ha recuperado e identificado más de un millar de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura sin ninguna ayuda institucional. «Le regalaron una costosa producción de televisión pública incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, que impide la exaltación del dictador en el recinto del Valle de los Caídos».
Regalo a la familia Franco
Desde la ARMH critican que también se gritaron vivas a Franco. Y eso que en el acto se encontraba la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que actuaba como Notaria Mayor del Reino. «No sancionó esos hechos e incluso regaló sin ningún
derecho a la familia Franco unas chapas propiedad del Estado que se encontraban en la tumba del dictador con el argumento de que formaban parte de su ajuar funerario».
Franco llegó a Mingorrubio en octubre de 2019, tras ser exhumado del Valle de los Caídos, el monumento funerario que construyó para ser enterrado, en parte, con mano de obra forzosa. Permaneció en Cuelgamuros 44 años, hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó su traslado. Tras una varias trabas jurídicas y burocráticas, el Tribunal Supremo avaló la exhumación e septiembre, después de que el Gobierno rechazara enterrarlo en la Catedral de La Almudena, como proponía la familia.
