La amnistía incluirá a todos los procesados desde 2012 hasta 2023
Santos Cerdán no entra en nombres concretos, aunque los plazos y el lawfare abren la puerta a Mas y a los Pujol
Santos Cerdán.
La amnistía acordada por el PSOE y Junts per Catalunya beneficiará a todos los procesados por el ‘procés’ desde el año 2012 hasta la actualidad. El número tres de los socialistas, Santos Cerdán, no ha entrado en detalles acerca de nombres concretos -en referencia a Laura Borràs, condenada por trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo-, pero ha señalado que todos aquellos que se hayan visto afectados «de forma directa o indirecta» por estos hechos se verán beneficiados por la norma, que será presentada por los grupos parlamentarios de ambos partidos.
Santos Cerdán ha comparecido ante los medios tras conocerse que su partido y el de Carles Puigdemont han cerrado un pacto de investidura para que el presidente, Pedro Sánchez, gobierne cuatro años más. El dirigente socialista ha determinado que el pacto entre ambas partes tiene como meta dotar de estabilidad a la legislatura y asegura que se mantendrá en vigor durante los cuatro años que dura.
El acuerdo entre ambos partidos muestra el camino recorrido por el PSOE hasta asumir las condiciones de Junts casi al completo. Los socialistas compran el concepto de ‘lawfare’ -persecución judicial con fines políticos- y aseguran que beneficiarán a los condenados por este tipo de presión desde los juzgados. El dirigente ha señalado que la imputación del expresident por terrorismo ha acelerado las negociaciones y ha forzado a que Junts doble el brazo y ceda a las presiones.
El acuerdo entre ambas formaciones -que puede consultar en esta misma noticia- no incluye una sola mención a la Constitución española. Santos Cerdán ha defendido que serán los jueces quienes apliquen la futura ley de amnistía y no ha entrado en menciones a beneficiados concretos. Si PP y Vox recurren será el Tribunal Constitucional el encargado de de resolver la reclamación de ambos grupos.
Documento firmado por el PSOE y Junts by The Objective on Scribd
Los Pujol y Más pueden beneficiarse
Aunque Santos Cerdán y el documento entre ambas partes no explica los pormenores del acuerdo de la amnistía, la enorme duración del periodo de personas que pueden beneficiarse así como la asunción de la cuestión del lawfare abren la puerta a que la familia Pujol y el expresidente Artur Más puedan verse beneficiados por la medida de gracia de los socialistas. También existe la posibilidad de un beneficio para Laura Borràs, acusada de corrupción por trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo.
Para librarse de la carga de explicar los nombres propios de la negociación, Santos ha determinado que serán los jueces los encargados de determinar quiénes se pueden acoger a esta nueva norma -que será presentada por los grupos parlamentarios de ambos partidos- y quiénes no.
El expresident Mas fue condenado por la consulta ilegal del 9-N de 2014, por la que fue inhabilitado y se le impuso una sanción de 36.000 euros por desobediencia al Tribunal Constitucional. Los magistrados respaldaron la sentencia del Supremo que rechazó todos los argumentos del expresident, quien invocó sus derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en busca de su absolución. La ejecución de la sentencia de Mas comenzó el 23 de enero de 2019, por lo que su inhabilitación culminó el pasado 23 de febrero de 2020, momento desde el que es libre de volver a concurrir a unas elecciones.
El ‘caso Pujol’ es más amplio y complejo. Aún no han sido condenados los patriarcas de la familia por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad, todos a raíz de las declaraciones del exmandatario en los que admitía que tenía dinero en el extranjero. THE OBJECTIVE ya adelantó que el plan de Puigdemont era limpiar los delitos de todo el clan del expresident Pujol.
Toda la familia Pujol está inmersa en juicios por presuntos casos de corrupción y la primera imputación del expresidente Jordi Pujol fue el 16 de diciembre de 2014. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona llamó a declarar el 27 de enero de 2015 a Pujol, a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus hijos Marta, Mireia y Pere, por presuntos delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. El origen del caso partió de la confesión en julio de 2014 del expresidente de que la familia había tenido dinero sin regularizar en el extranjero (Andorra) durante tres décadas y que, según Pujol, procedía de una herencia de su padre.
A partir de entonces, se multiplicaron los casos que afectaban a la familia. En mayo de 2017, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial concluyó que la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un «beneficio económico no justificado» de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar «grandes sumas de origen desconocido» que responde a un «plan preconcebido y ordenado». En julio de 2020, el juez José de la Mata Amaya de la Audiencia Nacional dio por concluida la fase de instrucción, considerando que había indicios de delito para juzgar a toda la familia Pujol por delitos de pertenencia a una organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública y falsedad documental.
En julio de 2020, De la Mata consideró que la fase de instrucción podía darse por terminada y que había indicios de delito para juzgar a toda la familia Pujol. La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer en mayo de 2021 su petición de penas para la familia Pujol, que suman 92 años de cárcel, con el primogénito, para quien solicita una condena de 29 años de prisión, a la cabeza. El juicio aún no se ha celebrado.
