El antecedente en Rumanía que podría llevar a Bruselas a posicionarse en contra de la amnistía
La Asociación de Fiscales advierte de que la UE actuó para paralizar una amnistía en ese país europeo
La futura ley de amnistía pactada entre PSOE y Junts ha posicionado en contra a todo el sistema judicial en España, incluidos jueces, fiscales, la abogacía o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el marco de esta ofensiva contra la medida, estos últimos han elevado una queja a la Unión Europea para que actué contra el perdón judicial a los encausado en el procés.
El CGPJ busca con esta estrategia que la Comisión Europea frene una eventual ley de amnistía, al entender que supone «un ataque al Estado de Derecho», y en su favor cuenta con un precedente en el que la instituciones comunitarias sí intervinieron ante un caso que guarda ciertas analogías.
Ocurrió en Rumanía, cuando el que fuera líder del Partido Socialdemócrata del país, Liviu Dragnea, fue acusado de un delito de corrupción cuando formaba parte del gobierno antes de 2016. A partir de ese año, fue apartado de la política por haber sido condenado en otro proceso de abuso de poder.
Desde su acusación hasta la condena definitiva, en 2019, el gobierno del partido al que pertenecía fue objetivo de las críticas tanto de la sociedad rumana como de la Comisión Europea, por la cuestión de haber intentando aprobar una ley de amnistía para ciertas penas por corrupción que le beneficiaría.
Ante esta posible ley de amnistía que se planteaba en el gobierno rumano, la Comisión Europea salió en defensa del Estado de Derecho. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, sentenció el rechazo de la Unión Europea al perdón de este caso: «De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho», explicó en una rueda de prensa.
También crítico la medida el excomisario y vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans: «Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos». Este proceso, debido a las presiones que Europa realizó, acabó en un referéndum sobre esta reforma constitucional y el 80% se de los que votaron se opusieron, por lo que la medida no prosperó.
La Asociación de Fiscales recuerda este caso para pedir a Europa que intervenga
Ahora este caso vuelve a resonar en España tras las declaraciones que la portavoz y presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en su «rechazo absoluto» a la ley de amnistía pactada por los socialistas con Junts, explicó sobre el precedente de Rumanía y el posicionamiento de Bruselas a estas cuestiones.
Dexeus ha señalado que «sí hay un precedente por una mala praxis o mala actuación en aquel momento del Gobierno de Rumanía», por lo que la ejecución de una ley como la plantada es «un ataque sin precedentes a la independencia judicial» además de «atacar directamente al Estado de Derecho y no tener un respaldo constitucional alguno».
Cristina Dexeus ha recordado que la Asociación de Fiscales ya avisó en septiembre a la Comisión Europea con una misiva al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidencia del Gobierno comunitario, Vera Jourova, de «una hipotética ley de amnistía que podría determinar el apoyo de los independentistas y del prófugo de la justicia Puigdemont con el Gobierno en funciones para la investidura de Pedro Sánchez por siete votos para alcanzar esa mayoría absoluta».
Esta situación expuesta ha servido para que Europa «se haga eco» y haya presentado una petición al Gobierno de España para que explique los acuerdos a los que está llegando respecto a la amnistía. Además, ha detallado que también se ha remitido a la Comisión el comunicado emitido ayer.
Ante esta situación se ha mostrado con confianza y «esperanza» aunque ha advertido que «no depende de ellos». «Nosotros nos manifestamos como técnicos jurídicos ante aquello que se está presentando por parte de los partidos políticos, más allá de ello no podemos hacer más», ha aseverado.