Aguirre sale del túnel de 'Púnica' tras nueve años: «Pedí prestado dinero para abogados»
La expresidenta madrileña celebra su exoneración en la única causa en la que estaba imputada
La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se mostró este miércoles «muy feliz» a preguntas de THE OBJECTIVE tras conocer el último auto de la Audiencia Nacional, en el que tres magistrados de la sección cuarta de lo Penal desestiman el recurso que interpuso la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) contra la decisión del juez Manuel García Castellón en el caso Púnica que exonera a Aguirre y su sucesor, Ignacio González, de la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011.
La decisión de la Audiencia Nacional pone fin a más de cuatro años en los que la expresidenta madrileña ha estado formalmente investigada en una de las piezas de Púnica, si bien la causa se remonta a octubre de 2014 cuando el juez Eloy Velasco ordenó la detención de 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por adjudicar servicios públicos en una supuesta trama de corrupción por valor de 250 millones de euros.
La macrocausa de Púnica se dividió en numerosas piezas de investigación, pero Aguirre solo estaba en una investigada. «No existe ningún indicio de que el Partido Popular se haya financiado de forma irregular», subraya la expresidenta madrileña tras poner un tuit y antes de echar la mirada atrás.
«Han sido cuatro años difíciles. Nueve si se tiene en cuenta el inicio de la investigación de Velasco. Además, tuve que pedir prestado dinero a un hermano mío para pagar a los abogados», rememora sin querer decir el nombre del familiar directo ni la cuantía de la minuta que le han pasado sus representantes legales en este tiempo.
La exbaronesa del PP sí se detiene en el caso judicial, cuyas piezas más avanzadas han empezado a entrar en la fase de apertura de juicio oral. Aguirre asume que tendrá que ir a testificar en calidad de testigo, como ha ocurrido en la fase de instrucción de algunas de ellas, pero prefiere centrarse en el caso en el que ha sido desimputada. «Han intentado acabar con el PP de Madrid y no lo han conseguido», se vanagloria. Fuentes de su entorno añaden otro dardo, éste con dirección a Génova: «También con la inestimable ayuda del PP nacional».
García-Castellón exoneró hace un año a Aguirre y otros 70 investigados, entre ellos su sucesor Ignacio González, procesando únicamente al exconsejero Francisco Granados y otras siete personas por los hechos investigados. Una decisión avalada ahora por la sección cuarta de lo Penal. De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alineó con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera «conocedora» de las actuaciones de la trama ‘Púnica’, por considerar que el hecho de que tuviera «el control absoluto» del PP regional era «insuficiente» para procesarla.
De acuerdo con lo investigado, el juez señaló que no podía considerarse acreditada la participación de Aguirre en los hechos delictivos objeto «de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electorales asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se evidencian indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos».
En relación con los trabajos de reputación llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro, el magistrado afirmó que «no ha podido acreditarse» que la expresidenta madrileña «tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos».
En febrero del año pasado también se dio carpetazo al último intento de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Aguirre por las obras en el Hospital Puerta de Hierro. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que pedía imputar a la expresidenta madrileña y otros tres exaltos cargos del Gobierno regional en la causa que investigó si la drástica reducción de 135 camas en el hospital, durante el año 2008, pudo suponer un quebranto económico al erario público superior a diez millones de euros.
En declaraciones a THE OBJECTIVE en aquel momento, Aguirre se defendió: «No se me pasó jamás por la imaginación que poner en los 12 hospitales públicos nuevos que hice habitaciones individuales, que es la ventaja que tiene la Sanidad privada para mucha gente frente a la pública en cuanto a intimidad o poder ver a un familiar, hubiera de ser motivo de que se me impute un delito». «Es de locos -insistió-. Es como cuando me querían imputar, y no lo aceptaron a trámite, que en las escuelas bilingües hubiera profesores nativos», recordó entonces.
La expresidenta esquivó también el caso Gürtel, cuya trama se extendió en algunos feudos del PP madrileño mientras ella gobernaba la región. Aguirre acuñó en 2010 su conocida sentencia sobre el caso que salpicó a varios de sus más próximos colaboradores: «Me siento especialmente satisfecha de haber sido una parte muy importante, la causante, de que este caso se destapara».
Luego llegó la operación Lezo, dirigida también por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, y que llevó a Ignacio González a prisión provisional en 2017 por los negocios del Canal de Isabel II, el campo de golf construido en Canal y la fallida construcción de la Ciudad de la Justicia. Pero el caso más recordado es el incidente de tráfico en la Gran Vía madrileña en abril de 2014, cuando dejó el coche en una zona reservada para autobuses mientras sacaba dinero de un cajero automático.
Varios agentes de la Policía Municipal fueron a multarla cuando ella arrancó y abandonó el lugar, tirando al suelo la moto de un agente. Aquel incidente acabó en una denuncia por un posible delito de desobediencia que estuvo dando vueltas en los juzgados durante un año hasta su archivo definitivo y las disculpas públicas de la expresidenta.