El TC garantiza al Gobierno que «corregirá al Supremo» las anulaciones de Valerio y Delgado
Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE ratifican que el tribunal admitirá a trámite sus recursos
Pedro Sánchez junto al presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
El Tribunal Constitucional ha dado «garantías» al Gobierno de que admitirá a trámite los recursos de los afectados tras la anulación de sus nombramientos por parte del Tribunal Supremo. Según fuentes jurídicas y gubernamental consultadas por THE OBJECTIVE, la corte de garantías que preside Cándido Conde Pumpido tiene previsto «corregir las sentencias del Supremo» que anularon los nombramientos del Fiscal de Menores, Eduardo Esteban, la ex Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio.
Según fuentes de la Asociación de Fiscales, promotora de algunas de las impugnaciones de dichos nombramientos, el primer y único de los afectados que ha elevado recurso es el del primero, el Fiscal de Menores, Eduardo Esteban, que fue el primer nombramiento anulado por el Supremo y el único caso en que se ha ratificado la decisión por segunda vez. La primera vez que se revocó el nombramiento realizado por la entonces Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, fue en abril de 2022 por considerar que no se cumplían con las «exigencias mínimas» para acceder al cargo.
La segunda ocasión fue el pasado mes de julio, después de que Delgado volviera a nombrarle alegando los amplios márgenes de discrecionalidad que tiene el Fiscal General del Estado para hacer nombramientos y los méritos de su elecciones frente a los de su contrincante para el mismo puesto. Tanto el fiscal como la Asociación de Fiscales volvieron a recurrir la decisión ante la Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso administrativo, que estimó los recursos primero, y anuló nuevamente el nombramiento después, en la primera vez que el Supremo revoca dos veces la designación de un fiscal de Sala. Una sentencia firme que se vio obligado a ejecutar el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en su primera decisión tras tomar posesión.
Apenas cuatro meses después de que se ratificara la decisión y al día siguiente de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el cese de Esteban, la misma sala del Supremo anuló el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera, fiscal de Sala, por considerar que su sucesor, Álvaro García Ortiz, incurrió en «una desviación de poder». Una sentencia dictada por unanimidad de los cinco jueces de la sala y que anulaba su nombramiento como Fiscal Togada, de la sala militar, y que podría revocar su posterior destino en la sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, porque la anulación del decreto del Consejo de Ministros que ascendió a Delgado le haría perder la actual categoría de fiscal de sala. Aunque de momento el Fiscal General del Estado la mantiene en su puesto.
Delgado: «Voy a pelear y combatir con todas mis fuerzas»
En declaraciones a la cadena Ser, la propia Delgado denunció que se trata de «una sentencia injusta» que «voy a pelear y combatir con todas mis fuerzas y hasta las ultimas consecuencias». Una manifestación que anticipa un recurso que aún no se ha presentado pero para el que el TC ya está preparado asumiendo los argumentos que García Ortiz elevó al Supremo para justificar su decisión. El varapalo a Delgado y Ortiz, y por ende al Gobierno, se produjo en un momento de gran simbolismo, el día de la toma de posesión del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y en la víspera de que se ratificara la renovación del Fiscal General del estado para los próximos cuatro años. Motivo por el cual, el motivo Bolaños evitó a los periodistas, tanto para declaraciones como para los tradicionales corrillos de los actos de traspaso de carteras ministeriales.
La evasiva de Bolaños en la anulación del nombramiento de Dolores Delgado contrasta con su reacción apenas nueve días después, al producirse tercer varapalo a la política de nombramientos del Ejecutivo, la nulidad del nombramiento de Magdalena Valerio de la presidencia del Consejo de Estado por entender que no su cumple con uno de los dos requisitos legales que se exigen para el cargo, ser jurista de reconocido prestigio». El mismo día en que el Supremo anuló este nombramiento, el ministro de Justicia quiso comparecer para dejar muy claro que el Gobierno «respetamos la sentencia pero no la compartimos». Y argumentó su posición contraria en que sea el recurso de la fundación Hay Derecho la que permita revocar una decisión del Consejo de Ministros. «No se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia exclusiva del Gobierno de España».
El recurso del Gobierno
Bolaños avanzó entonces el Ejecutivo se disponía a «estudiar la sentencia» para decidir «si se lleva a cabo alguna acción» contra la decisión del Supremo. Pocos días después, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó en los corrillos del día de la Constitución en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no podía recurrir la sentencia de la sala cuarta del Supremo y que «tiene que ser la afectada» la que recurra la decisión. Pero tras el estudio pormenorizado de la Abogacía del Estado y a la espera que Valerio recurra o no esta sentencia, el Ejecutivo presentó el pasado 14 de diciembre un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo en el que pide dejar sin efecto la revocación de su nombramiento.
Pero esta herramienta jurídico parece no ser más que una forma de ganar tiempo, ya que no parece probable que la sala cuarta del alto tribunal admita un recurso que supondría una autoenmienda y el reconocimiento de que Valerio sí cumple con los requisitos para el puesto, contra lo que dictó la sala el 30 de noviembre. También en este caso, el Gobierno espera que Valerio recurra y que el TC «corrija el criterio del Supremo». Fuentes judiciales confirman que eso es lo que se espera en la corte de garantías, donde ponen el foco en la forma más que en el fondo, entendiendo que el Supremo podría haber invadido las competencias gubernamentales al permitir que una fundación privada recurra su nombramiento.
El TC «está preparado para proteger al Gobierno»
Fuentes jurídicas consultadas por este diario denuncian que el Constitucional «está preparado para el aplauso y protección del Gobierno», que la relación entre Conde Pumpido y Bolaños es «muy estrecha», y que la mayoría progresista de los magistrados del TC «no va a fallar en nada. Van a cumplir con todas las órdenes del ejecutivo». Ni con la amnistía, ni con los recursos de los ERES, ni con las más polémicas decisiones que debe resolver el Constitucional en el horizonte más próximo. Es el caso de la retirada del escaño al ex diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que motivó el conflicto institucional entre la ex presidenta dl Congreso, Meritxell Batet, y el presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena.
Según fuentes del órgano, el pleno del Constitucional resolverá en enero sobre este asunto y «le dará la razón al diputado de Podemos quitándosela al juez Marchena, lo cual podría implicar que se tenga que devolver al diputado todos los importes que no ha cobrado estos dos años por la supresión del escaño». Es sólo «la primera corrección a una sentencia del Supremo», que colateralmente dará la razón a Podemos, aunque lo que en realidad persigue es menoscabar el crédito del poder judicial que, entiende el Gobierno y el TC, ha emprendido una cruzada contra el poder Ejecutivo.
