El PSOE retoma la reforma penal para perseguir la explotación sexual
Los socialistas quieren castigar a quien se lucre de alquilar un inmueble a una persona que ejerza la prostitución
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la diputada del PSOE, Carmen Calvo. | Europa Press
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha adelantado este jueves en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que el PSOE registrará, como ya hizo en mayo de 2022, una proposición de ley en la Cámara Baja para incluir en el Código Penal la tercería locativa, con el objetivo de combatir la explotación sexual en España.
La llamada tercería locativa consiste en castigar a quien se lucre de destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento.
Desde Igualdad han subrayado que el punto de partida de esa proposición de ley es el texto que las socialistas ya registraron en el Congreso en mayo de 2022, que no salió adelante por la disolución de las Cortes para la celebración de elecciones anticipadas. En aquella propuesta, los socialistas planteaban castigar a todo aquel que se lucre de la prostitución ajena (esto es, todo tipo de proxenetismo), subir las penas relativas a estos delitos y multar a quienes acudan a la prostitución.
Fuentes socialistas han indicado que el Ministerio tiene que sopesar la propuesta antes de su registro, «también teniendo en cuenta al Parlamento».
Abolicionismo
Si bien la titular de Igualdad no ha incluido este jueves el impulso de una ley integral contra la trata entre las prioridades de su departamento, ha afirmado que este es el «primer paso», aunque «no el definitivo» en la hoja de ruta para luchar contra la trata.
«Efectivamente vamos a ir poniendo ingredientes que hagan que la trata en todas sus manifestaciones sea erradicada», ha insistido y ha remarcado que como socialista, el abolicionismo es el camino, aunque ha reconocido que en esta materia no hay consensos y el PSOE necesita «sumar una amplia mayoría».
Además, ha defendido que hay que ofrecer una alternativa de vida digna para las 60.000 mujeres que están en situación de prostitución en España, muchas de ellas migrantes, y que requieren una solución habitacional y de empleo.
