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Política

Sumar propone al Congreso estudiar un posible MIR para las profesiones de la carrera judicial

Plantea que el grueso de la formación de los aspirantes se realice en centros públicos y de manera gratuita

Sumar propone al Congreso estudiar un posible MIR para las profesiones de la carrera judicial

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz y el líder de Más País, Iñigo Errejón. | Carlos Luján (Europa Press)

Sumar ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Congreso a proponer al Gobierno un estudio sobre la «viabilidad de establecer un examen similar al del médico interno residente (MIR) en el ámbito» de las profesiones de la carrera judicial, permitiendo de esta forma a las personas aprobadas escoger especialidad por el orden que ocupen en el escalafón.

En su escrito, la formación señala que aunque la nota «no fuera suficiente para integrar la carrera judicial, la persona examinada podría escoger otro itinerario como, por ejemplo, el acceso a la abogacía«.

Además, el partido propone modificar el diseño de la oposición al considerar que el mismo «no permite garantizar el principio de igualdad de todas las personas en el acceso a cargos públicos«, entre otras razones, por los costes asociados que conlleva.

Sumar argumenta que «el coste material y humano que tiene actualmente la oposición para el acceso a la judicatura no tiene ninguna justificación, más allá de cribar a los aspirantes de manera feroz«.

«Resulta ineficiente e ineficaz para seleccionar a los mejores candidatos y candidatas, y tampoco permite garantizar el principio de igualdad. Una reforma del sistema de acceso a la judicatura redundaría en un mejor servicio público de Justicia, y reforzaría la imagen de la judicatura como garante independiente de derechos y libertades», apunta el partido.

Herramientas como empatía o inteligencia emocional

Sumar cree que «es necesario que la oposición garantice una formación más amplia que permita al futuro juez o jueza entender la realidad social, así como desarrollar otras habilidades o herramientas prácticas, como la empatía o la inteligencia emocional«.

«Actualmente, la fase de estudio memorístico supone una inversión tan desproporcionada de tiempo que deslegitima en cierta manera, la fase de aprendizaje posterior en la Escuela Judicial. De hecho, la estancia de las personas opositoras en la Escuela Judicial es una de las más cortas en comparación con otros países europeos, en los cuales el aprendizaje práctico se prolonga durante dos años o más», indica.

A este respecto, el partido pone de ejemplo un modelo alternativo como el existente en Alemania, donde los «estudiantes egresados de derecho» deben «someterse a un examen de Estado para acceder a la carrera judicial«.

«Una vez superada esa prueba, el aspirante debe realizar un período de formación práctica por un período de dos años, durante los cuales desempeñará prácticas en un tribunal, una fiscalía, una entidad administrativa y una oficina de asesoramiento legal», explica Sumar.

Finalmente, para «culminar esta fase de preparación el aspirante» debe superar un examen de habilitación que da paso a un segundo examen de Estado. «Si el aspirante supera este examen, se le permite presentar su solicitud ante el Ministerio de Justicia«, añade.

Un sistema como el alemán

Según el partido, un sistema como el alemán «permitiría que el grueso de la formación del futuro juez se imparta en un centro público» como la Escuela Judicial «de manera gratuita y transparente».

«La preparación de la oposición dejaría de ser una tarea solitaria, centrada en la memorización de temas, y pasaría a ser una etapa enriquecedora, en la que las personas aspirantes pudieran adquirir todos los conocimientos y habilidades prácticas para ejercer la función de la jurisdicción», recoge el escrito.

Por todo ello, Sumar propone que la Cámara Baja inste al Gobierno a «impulsar las reformas normativas oportunas en el sistema de formación y evaluación de los aspirantes a la carrera judicial con el fin de asegurar que el grueso de la formación» se desarrolle en un centro público y de manera gratuita.

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